Artículo publicado en EL PAÍS el 2 de septiembre de 2019 En pocos asuntos constitucionales hay tanta unanimidad entre los especialistas del Derecho público como en la crítica del uso y abuso que hacen los gobiernos españoles del decreto ley, a pesar de que está previsto en la Constitución como un instrumento normativo excepcional, que solo puede usarse en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Por eso, no insistiré aquí en la quiebra de la separación de poderes que supone su uso continuo ni en cómo debilita los derechos de los grupos políticos minoritarios y de los propios ciudadanos, que ven cómo desaparece un procedimiento con luz y taquígrafos (en la frase feliz de Antonio Maura) sustituido por una decisión tomada en las siempre opacas reuniones del Consejo de Ministros. Vamos a centrarnos en buscar las razones por las que los gobiernos ocupan el espacio reservado a las Cortes. Si empezamos por lo que dicen nuestros propios gobernantes, siempre son razone