LA MIRADA DE ARGOS

Artículo publicado el 25 de marzo de 2020 en EL ESPAÑOL El autor cuestiona el sobrentendido de que ahora no hay que criticar al presidente del Gobierno por las razones de alarma nacional, y alerta contra el abuso del decreto-ley como ardid para sortear el control del Legislativo.             La idea de que no se debe disparar al capitán en una situación de crisis tan delicada como la actual pandemia del COVID-19 parece tan de sentido común que la vengo oyendo tanto de reputados comentaristas nacionales como de queridos amigos en las redes sociales.   La metáfora del Presidente del Gobierno concentrado en dirigir la nave del Estado para escapar del coronavirus es tan fuerte como para que se sienta una natural antipatía ante aquellos que, a modo de incómodos tábanos, lo entretienen con pequeñas críticas, ajenos al interés común de salir cuanto antes de la crisis. Si hay que criticarlo, hagámoslo cuando el temporal amaine y se levante el estado de alarma.             Sin embarg

La periodista Andrea García Parra me entrevista por correo electrónico. Copio aquí todo lo que le he contestado, un poco más largo de lo aparecido en el   Ideal de hoy , 17 de marzo de 2020.   *Antes de contestar a esta batería de interesantes preguntas que me plantea, me gustaría hacer una reflexión general más allá de lo que diga el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma: la enfermedad del coronavirus es altamente contagiosa y todos debemos ser muy conscientes de que podemos contagiarnos y transmitirla. Por tanto, tenemos una obligación moral de actuar con muchísima precaución, así que antes de aprendernos lo que se puede hacer o no, debemos de atender a nuestro sentido de la responsabilidad que nos dirá que debemos de aplicar la regla de no salir de casa, salvo situaciones muy excepcionales. El ejemplo de Corea es muy revelador de lo que es una población consciente del riesgo y no obsesionada por lo que dice o deja de decir la autoridad: en cuanto se de

Artículo publicado en El País el sábado 14 de marzo de 2020                                                   Según avanza la epidemia por coronavirus, con su aséptico acróstico COVID-19, más problemas jurídicos se presentan, paralelos a los grandes problemas sanitarios, sociales y económicos que supone, hasta el punto de que la OMS ha declarado que se trata de una pandemia. En el ámbito del Derecho público español el primer problema es determinar las bases legales de las medidas que se están tomando o que se pueden tomar, muy especialmente si afectan a los derechos fundamentales. En principio, esta base la proporciona la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que permite a las autoridades adoptar -entre otras- las medidas oportunas para el control de los enfermos y de las personas que hayan estado en contacto con ellos, es decir el internamiento en un centro sanitario o el confinamiento en cualquier edificio, como hizo la Consejería

Artículo publicado hoy 14 de marzo de 2020 en El Español                              La frase “África empieza en los Pirineos”, atribuida a Alejandro Dumas, estuvo muy en boga durante buena parte de los siglos XIX y XX para señalar el atraso secular de España en relación con Europa. La frase cayó en desusó gracias al enorme desarrollo español del último tercio del siglo XX y al papel homologador de la Constitución democrática de 1978. Sin embargo, de vez en cuando parece que a nuestros gobernantes les gusta tener detalles extraños y extravagantes, desconocidos allende los Pirineos. Por ejemplo, y ciñéndome exclusivamente al tempo   entre la toma de una decisión y su entrada en vigor, recuerdo cuando el Gobierno de Aznar, tras el fracaso de las negociaciones con los sindicatos, aprobó un decreto-ley en mayo de 2002 pero, saltándose su carácter de norma urgente y de extraordinaria necesidad, estableció que entraría en vigor en enero de 2003; o cuando el Presidente Zapatero anunció

  El periodista Francisco Ramón me pregunta en su programa El mirador de Andalucía por mi opinión sobre el estado de alarma, que me parece que tal como va progresando la epidemia de coronavirus debería de proclamarlo el Gobierno ya.

Iñigo Alfonso me ha preguntado  en su programa Las mañanas de RNE sobre la posibilidad de suspender las elecciones autonómicas Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional  de la Universidad de Granada, ha contado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que ya que la Ley Electoral no dice nada sobre qué hay que hacer en caso de pandemia, la única salida que queda para poder suspender ahora unas elecciones pasaría por considerar que pueden hacerlo aquellos que las han convocado, es decir, por los presidentes de  Galicia y el   País Vasco, previa autorización de sus respectivos parlamentos.

La periodista Lucía Vilaplana me pregunta, hoy 10 de marzo, en el programa La tarde de Radio 5 RNE   por la creación de una comisión de investigación "relativa a las presuntas ilegalidades cometidas por el ex Jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, y para determinar, en su caso, las consiguientes responsabilidades éticas y políticas".

¿Se puede investigar al rey emérito por corrupción? El periodista Jesús Vigorra  me lanza hoy esta pregunta en su programa La mañana de Andalucía 6 marzo 2020               El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo , ha dicho en  La mañana de Andalucía  que no se puede formar una comisión de investigación en el Congreso sobre el rey emérito Juan Carlos I, si bien sí es posible investigarlo como está haciendo la Audiencia Nacional, aunque luego habría que dirimir si el presunto delito se cometió cuando aún era Rey y por tanto sujeto a la inviolabilidad de su figura.  Esta polémica viene dada por el envío de una comisión rogatoria a Suiza por parte de la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional para demandar el acceso a los datos de una presunta donación de 65 millones de euros  a Corinna Larse, amiga del rey emérito, precisamente desde una fundación panameña al parecer vinculada al monarca. NO A LA INVESTIGACIÓN