LA MIRADA DE ARGOS

  Artículo publicado el jueves 26 de noviembre de 2020 en el Diario de Sevilla y los otros ocho periódicos del Grupo Joly                                             Los  constitucionalistas no hemos acabado de sacar la cabeza de la polémica ola sobre  el plazo y las condiciones del segundo estado de alarma cuando ya tenemos aquí a los periodistas y amigos apremiándonos con una nueva duda: ¿nos pueden obligar a ponernos la vacuna?    Como tras lanzar la pregunta, mis interlocutores suelen añadir múltiples razones filosóficas, morales y médicas a favor o en contra, me centrare únicamente en lo que esperan que yo pueda clarificar: el aspecto legal. Y nada mejor que empezar por el principio, la Constitución, que consagra la libertad como un valor superior del ordenamiento jurídico y garantiza la libertad personal con un nutrido catálogo de derechos fundamentales. Por eso, la Ley 41/2002, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente, establece la voluntariedad de los tratamientos médi

 La periodista Isabel Sanz nos estrevista a cuatro constitucionalista en Nius sobre las opciones jurídicas para obligar a vacunarse contra la COVID-19 Las vías para una vacuna obligatoria: cambiar la ley, estado de alarma o limitar el movimiento a los no vacunados NIUS ha consultado a cuatro expertos juristas que creen que hay fórmulas para vacunar de forma obligatoria Todos tienen en cuenta los problemas con los que se puede encontrar la obligatoriedad El martes, Pedro Sánchez anunciará el Plan Nacional de Vacunación. A falta de conocer los detalles de ese plan, en NIUS hemos planteado una pregunta a cuatro expertos juristas, que puede que el lector también se haya hecho:  ¿Puede el Gobierno obligar a toda la población a vacunarse? Los cuatro: Agustín Ruiz Robledo, Germán Teruel, Carlos Flores Juberías y Joaquín Urías,  creen que hay fórmulas, aunque también plantean peros y dudas . El principal, que el Gobierno tendría que haber cambiado la ley durante el verano -como anunció que ha

Artículo publicado EL PAÍS el 6 de noviembre de 2020                      No, la prórroga de seis meses no ha convertido a España en una democracia iliberal, ni dado poderes extraordinarios a Sánchez para que gobierne como un sátrapa. Ni cerrado las Cortes. Ni ninguna otra de las muchas cosas que se han escrito y dicho estos días contra la prórroga. La Constitución garantiza bajo el estado de alarma la responsabilidad del Gobierno y el normal funcionamiento de las instituciones. Que durante el anterior estado de alarma nacional se redujera la actividad del Congreso, se legislara a golpe de decreto-ley (con la muy polémica inclusión del vicepresidente Iglesias en el CNI), se cerrara el portal de transparencia, incluso se adjudicaran sin concurso millones de euros, no fue porque el Gobierno tuviera el respaldo legal del estado de alarma. Es verdad que ese tipo de irregularidades son más fáciles de realizar si la opinión pública tiene su foco de atención en el estado de alarma, pero