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miércoles, 7 de diciembre de 2016

Entrevista radiofónica el día de la Constitución


      El periodista zaragozano Paco Doblas, director del programa "Aquí la radio" me me entrevista sobre la aprobación de la Constitución en 1978, lógicamente el día de su santo.  

      Empezamos hablando de los recuerdos de aquellos días -¡algunos ya vamos acumulando trienios!-, seguimos con Camilo José Cela y algunas anécdotas, pero rápidamente tomamos carrerilla y pasamos a hablar de la "salud" de la Constitución y su reforma. Cuando nos damos cuenta se nos han ido quince minutos de conversación...


Entrevista en el Programa AQUÍ LA RADIO de Aragón Radio el 6 de diciembre de 2016

domingo, 13 de noviembre de 2016

Entrevista en el programa Parlamento de Radio 5 sobre el suplicatorio de Francesc Homs

El periodista Iñigo Alfonso me pregunta el 11 de noviembre por la garantía parlamentaria delsuplicatorio e intento explicarle lo mejor que puedo que para mi es una antigualla que podría eliminarse con provecho para las Cortes y el Tribunal Supremo:

viernes, 21 de octubre de 2016

EL COLONIZADOR COLONIZADO

                                   

        Artículo publicado en ELPAIS.com el viernes 21 de octubre de 2016.

      El 26 de enero de 1980 EL PAÍS informaba de un pacto entre la UCD y el PSOE para nombrar a los primeros magistrados del Tribunal Constitucional. Aunque podría lamentarse que en él no participaran los nacionalistas catalanes y vascos, no se podía discutir que el elenco de nombres era de altísimo nivel: Gloria Begué, Luis Diez Picazo, Manuel Díez de Velasco, Francisco Rubio Llorente, Francisco Tomás y Valiente, etc. Todos ellos enseguida demostraron que, además, eran independientes: el 3 de julio de ese mismo 1980, en lugar de elegir presidente al tapado del Gobierno, el mercantilista Aureliano Menéndez, eligieron a Manuel García Pelayo, el gran maestro exiliado del constitucionalismo español. Durante cierto tiempo, se mantuvo ese espíritu de la transición de creer en la separación de poderes y buscar personal ilustres para los cargos institucionales, tanto que cuando en noviembre de 1982 Gregorio Peces-Barba fue elegido Presidente del Congreso con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, se declaró “no votante” y se esmeró en realizar sus funciones con independencia e imparcialidad. 
           
            La Transición queda hoy muy lejos y su espíritu se perdió en la niebla de la Historia, de tal manera que los partidos han colonizado las instituciones llenándolas de personas fieles y, en ocasiones, con una trayectoria profesional distante de la excelencia que caracterizó a los primeros nombramientos, hasta el punto de que en 2013 el pleno del Tribunal Constitucional casi niega la “idoneidad” del nombramiento de un magistrado que había designado el Gobierno del PP. Desde el Tribunal Constitucional hacia abajo, hasta llegar a puestos tan aparentemente técnicos como los presidentes de las autoridades portuarias, se amontonan los ejemplos de nombramientos cuya característica principal -y a veces única- es la obediencia ciega a los mandatos del partido que lo nombró. Por eso, no ha producido extrañeza que, en los apenas tres meses de legislatura que llevamos, la Presidenta del Congreso haya tenido tiempo de demostrar que actúa en plena sintonía con los intereses del PP, hasta el punto de que el PSOE y Podemos han pensado en presentar una moción de reprobación contra ella.

            Todo esto es de sobra conocido, pero lo que no se sabía -o al menos yo no me había dado cuenta- es que esa colonización sectaria de las instituciones había llegado hasta el interior de los propios partidos, como se ha visto en la crisis del PSOE y muy especialmente en su semana de pasión, donde se buscaba un “hombre bueno” que pudiera mediar entre las partes con el mismo éxito que tuvo Diógenes en Atenas. Evidentemente, los factores que han llevado a esa crisis son múltiples, desde la diversa concepción sobre la posición que debe ocupar el PSOE en la política española (que para entendernos llamaremos centro-izquierda e izquierda-izquierda) hasta afectos y desafectos personales, pasando por diferencias tácticas sobre la investidura. Sin embargo, el bochornoso y lamentable -en calificación del propio Javier Fernández- espectáculo del sábado tenso se produjo porque la Mesa encargada de dirigir los debates no tenía ninguna auctoritas sobre los miembros del Comité Federal. Lejos de ser un Peces-Barba, con el prestigio suficiente para organizar con imparcialidad los debates, Verónica Pérez era una secundaria sin autonomía real para decidir por sí misma. Es muy revelador de su intrascendencia que Sánchez solo desistiera de la votación exprés que montó cuando Josep Borrell se lo reprochó.

            Previamente, los otros dos mecanismos institucionales de solución de conflictos que tiene el PSOE habían mostrado también sus limitaciones: ni la presidencia del Partido ni la Comisión Federal de Ética y Garantías pudieron realizar las funciones arbitrales que le encomiendan los Estatutos porque las personas que ocupaban esos  puestos no habían sido elegidas por sus cualidades, sino por sus lealtades y, lógicamente, en un momento de crisis actuaron -sin vocación para inmolarse como Thomas Moro- según la lógica subyacente de los que los nombraron y no la del puesto que ocupaban. Por eso, Micaela Navarro no manifestó un criterio propio, como en tiempos pasados hiciera el gran Ramón Rubiales, sino que se limitó a dimitir  como una más de los vocales de la Comisión Ejecutiva  y, por eso, los cinco miembros de la Comisión de Garantías estaban perfectamente alineados: tres críticos y dos oficialistas, que al controlar la convocatoria de la Comisión la pospusieron para no quedar en minoría.

            Así las cosas, en el PSOE hay muchas heridas que coser -según el verbo de moda que utilizan sus líderes- y algunos debates ideológicos y estratégicos que realizar. Después de esas urgencias, creo que también deberían de pensar sobre las ventajas que produce tomarse en serio las instituciones arbitrales y se animen a elegir  personalidades que no parezcan el eco de aquel ínclito rector que, para mostrar su lealtad a Fernando VII, dijo aquello de: “lejos de nosotros la funesta manía de pensar”. Se hizo en la Transición y es posible volver a hacerlo ahora en la renovación.


martes, 18 de octubre de 2016

EL POPULISMO ELEGANTE



Artículo publicado en el Diario de Sevilla y los otros ocho periódicos del Grupo Joly, 
el martes  18 de octubre de 2016.

      Una de las primeras cuestiones que aprenden los alumnos universitarios cuando estudian las fuentes del Derecho es que la validez de una norma depende de dos factores: que la apruebe  la institución con la potestad normativa adecuada y que no contradiga lo dispuesto en otra norma superior. Además, si hubiera  que estudiar la validez de una norma cualquiera, se hará por ese orden: primero se comprueba si quien ha aprobado la norma  tiene atribuida constitucionalmente la competencia para hacerlo y, si se ha contestado que sí,  se analizará si su contenido es compatible con la norma superior. Por señalar un ejemplo concreto de estos días: el primer punto que debe resolver el Tribunal Constitucional sobre la Ley de Cataluña 28/2010, de 3 de agosto, es si el Parlamento catalán tiene competencia para prohibir los toros (como dice la Generalitat) o si por el contrario se trata de una competencia que le corresponde exclusivamente al Estado (como dicen los recurrentes); solo si el Constitucional respondiera que es una competencia autonómica pasaría entonces a estudiar si la Constitución permite o no prohibir los toros porque, si previamente responde que es una competencia estatal, la Ley catalana devendría inmediatamente inconstitucional, con independencia de su contenido.

Por esta diferencia tan clara entre la inconstitucionalidad formal y la material, que un Ayuntamiento declare laborable el 12 de octubre no tiene ningún recorrido jurídico porque el Estado es el único competente para declarar los festivos estatales y da la casualidad que las Cortes Generales aprobaron la Ley 18/1987, de 7 de octubre, que establece el 12 de octubre como el día de la Fiesta Nacional de España. Por tanto, políticamente se podrá discutir todo lo que se quiera si hay algo que celebrar o no el 12 de octubre, pero jurídicamente solo las Cortes pueden cambiar la fecha (o decir que no haya ninguna fiesta nacional española, que eso ahora poco importa). Cualquier otra institución que se arrogue la capacidad para contradecir esa decisión está excediéndose en sus competencias y adoptando una decisión inválida.

Como los independentistas catalanes llevan ya un tiempo desafiando las competencias estatales, no sorprende demasiado que la alcaldesa de Badalona y los suyos hayan considerado que la “soberanía local” les permite saltarse a  la torera (con perdón) la ley estatal para no celebrar un día con una “connotación colonialista y de genocidio étnico". Ahora bien, sí que es sorprendente que en el otro extremo de la Península, en Sevilla, la Junta de Andalucía, con su Presidenta al frente, haya hecho algo similar. Así, el martes 11 de octubre el Consejo de Gobierno aprobó un decreto-ley para que los empleados públicos de la Junta de Andalucía recuperen la jornada laboral de 35 horas semanales, medida que -copio de la página web oficial- “forma parte de la devolución de los derechos suspendidos en 2012 por la normativa estatal”. Esta frase, por sí sola, pone en evidencia que no hay mucho que discutir jurídicamente: si en 2012  fue el Estado quien adoptó la medida de fijar la jornada mínima de los funcionarios en 37 horas y media semanales (la disposición adicional  septuagésimo  primera  de  la  Ley  2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, para ser exactos), solo será competente en 2016 para revocarla el mismo Estado, como por lo demás ha dicho el Tribunal Constitucional en su Sentencia  de 22 de septiembre de 2016 en la que anula la jornada de 35 horas que establecía la Ley castellano-manchega 7/2015, de 2 de diciembre.

La defensa que hace el portavoz del Gobierno andaluz de algo que, jurídicamente, es una invasión de las competencias estatales es mucho más elaborada que la del Ayuntamiento de Badalona, porque no acude a un concepto tan vaporoso como“soberanía andaluza” sino que intenta argumentar jurídicamente: “Tenemos competencias exclusivas, que nos atribuye el Estatuto de Autonomía, sobre la edificación [sic] de la función pública y en materia de personal”; lástima que, tras  este edificante razonamiento, siga diciendo: “No es cuestión de técnica jurídica, sino de voluntad política, y la Junta está decidida a fortalecer los servicios públicos”, lo que demuestra que sabe sobradamente que el Decreto-ley es inconstitucional por invasión de las competencias del Estado. No le anda a la zaga la Presidenta Susana Díaz que ha tuiteado: “Espero que Rajoy no lo vete”. Sin duda, es más fácil aprobar un decreto-ley en Sevilla que hacer una proposición de ley en la Cortes para derogar la ley estatal.

Lleva mucha razón Susana Díaz cuando critica el populismo de algunos que no van a los actos institucionales del 12 de octubre. Por mi parte, pregunto si quien va a ese acto justo al día siguiente de saltarse a la torera la legislación estatal y proclamar que con ello va a lograr “miles de empleos” y “aumentar la calidad de la Administración” no estará haciendo algo similar, solo que con más clase: populismo elegante.  

jueves, 4 de agosto de 2016

EL ESTADO DE DERECHO FLEXIBLE

Artículo publicado en EL PAÍS el 4 de agosto de 2016


Desde el 19 de julio y durante más de diez días, se venía dando por hecho que la Mesa del Congreso atendería la solicitud de los ocho diputados de CDC para constituir grupo parlamentario propio, a pesar de que su interpretación del requisito del "15% de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura" que exige el artículo 23.1 del Reglamento del Congreso era absolutamente inverosímil (ponderar los porcentajes obtenidos en cada provincia olvidando el número absoluto de votos en cada una). Según su portavoz, Francesc Homs, los precedentes avalaban su interpretación flexible, como por ejemplo cuando se le permitió al PNV formar grupo propio a pesar de que en Navarra no obtenía el 15% de los votos. 

Me parece muy buena idea estudiar los precedentes de esa solicitud, aunque me temo que los resultados no son exactamente los que dice Homs. Así, su referencia a la formación de grupo del PNV nos lleva hasta las elecciones celebradas entre 1982-2000 en el que el PNV nunca obtuvo el 15% en Navarra, pero como superaba ese porcentaje en la suma total de las cuatro provincias en las que se presentó (Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra), la Mesa le permitió formar grupo.  Esa interpretación literal del artículo 23.1 del Reglamento no sirve para que se constituya el "Grupo Parlamentario Catalán (PD)" porque CDC solo ha obtenido el 13'92% en el total de las cuatro provincias en las que se ha presentado.

Otro caso en el que la Mesa tuvo que estudiar si un partido tenía derecho a constituir grupo fue en 2004 cuando consideró (con el voto a favor del PSOE) que los ocho diputados de Esquerra Republicana podían formar grupo porque en las cuatro provincias catalanas habían logrado el 15'89% y no le sumó los paupérrimos porcentajes obtenidos en Valencia, donde Esquerra no logró representación. Más que una interpretación flexible, fue una interpretación arbitraria porque el Reglamento  habla de "circunscripciones en que hubieren presentado candidatura" y no "en las que hubiera obtenido diputados". Pero, fuera lo que fuera, este precedente tampoco le sirve al CDC porque sus ocho  diputados obtenidos en Cataluña en 2016 no alcanzan el 15% de los votos.

El tercer precedente de interpretación polémica del artículo 23.1 sucedió en 2011 cuando la Mesa -entonces controlada por el PP- decidió que los siete diputados de Amaiur no tenían derecho a formar grupo porque en Navarra había obtenido el 14,86% de los votos aunque en el conjunto de las cuatro provincias en las que se había presentado (Navarra más las tres vascas) había obtenido un 22%. Como CDC no ha conseguido el 15% de los votos ni en el conjunto de Cataluña ni en las provincias de Barcelona (12'26%) y Tarragona (13'72%), su situación es mucho peor que la de Amaiur.

Por tanto, los precedentes no es que no le sirvan al CDC para fundamentar su petición, es que le son absolutamente contrarios. Y sin embargo, hay un detalle en esos precedentes que permitía que la Mesa del Congreso cometiera la arbitrariedad de crear el grupo del PDC sin que pudiera ser reparada jurídicamente: cuando el PP (ironías de la política) recurrió ante el Tribunal Constitucional en 1986 la formación del grupo del PNV y en 2004 la de Esquerra, el Constitucional le negó legitimidad para hacerlo porque no se veía afectado ningún derecho del PP. En el tercer caso, Amaiur recurrió la denegación de su grupo y el Tribunal Constitucional  inadmitió el recurso por una "manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo". Por eso, la Mesa podía estar tranquila: decidiera lo que decidiera, ningún tribunal la iba a controlar.

Así que en 2011 a los independentistas vascos, cumpliendo las condiciones del Reglamento del Congreso, el PP (con la vergonzante abstención del PSOE y, nueva paradoja, de CDC) les denegó el grupo parlamentario propio y ahora en 2016 a los independentistas catalanes, incumpliéndolas claramente, los mismos de hace cinco años estaban dispuestos a concedérselo alegando una fantasmagórica “cortesía parlamentaria” hasta que un hecho extrajurídico se ha cruzado en su camino: el desafío del Parlamento de Cataluña al Tribunal Constitucional. Aún así, PP, PSOE y Unidos Podemos han preferido abstenerse en la votación de la Mesa, demostrando que la concesión del grupo de Convergencia se ha afrontado como una cuestión política: en las cuestiones jurídicas no cabe la abstención, porque los derechos se tienen o no se tienen, tertium non datur. España tiene muchos problemas como para fijarse en esta minucia de permitir o no grupo parlamentario. Si acaso, la historia de la interpretación del artículo 23.1 (a la que se le añade la cínica práctica del préstamo de senadores) es un mensaje que las Cortes envían a toda la sociedad y que un lector de Jaime Gil de Biedma puede leer así: de todos los Estados de Derecho, el de España es el más triste porque siempre se flexibiliza al gusto del que tiene el poder y solo por casualidad del que tiene la razón jurídica.

viernes, 22 de julio de 2016

Razones para una reforma del artículo 99 de la Constitución


  El periodista Pedro Blanco se hace eco de mi artículo en EL PAÍS "Un nuevo papel para el Rey en la investidura" y me entrevista sobre él en Hora 25 de la Cadena Ser.
 21 de julio de 2016



jueves, 21 de julio de 2016

UN NUEVO PAPEL PARA EL REY EN LA INVESTIDURA

Artículo publicado en EL PAÍS el 21 de julio de 2016


      El 3 de julio de 1976 el rey Juan Carlos recibió en La Zarzuela al presidente de las Cortes, Torcuato Fernández-Miranda, que le llevó -según sus propias palabras- “lo que el Rey me ha pedido”: una terna de candidatos a presidente del Gobierno aprobada por el Consejo del Reino en la que se incluía a Adolfo Suárez. Fuera por ese precedente o fuera por la historia constitucional (que hasta había originado un verbo: borbonear), los siete padres de la Constitución consideraron conveniente que el Rey fuera el encargado de proponer al Congreso un candidato a la presidencia del Gobierno. Al regularlo así, se apartaron del modelo de monarquía parlamentaria imperante en aquellos años en el que los reyes de los Estados democráticos -con la muy matizada excepción del danés- ya no mantenían esa competencia; modelo que propuso en las Cortes Constituyentes sin ningún éxito Heribert Barrera, un republicano empedernido.

     Por eso, el artículo 99 de la Constitución nació más que viejo, demodée, pero muy al gusto de nuestra clase política, tan aficionada al teatro: la Constitución les garantiza a todos los representantes de los partidos una reunión con el Rey, con la consiguiente sesión de fotos, vídeos y declaraciones más o menos solemnes con las que abrir los telediarios. Durante el reinado de Juan Carlos I, este procedimiento de selección del candidato no pasó de ser un mero trámite cortés porque en las 10 ocasiones en las que el Rey tuvo que proponer un candidato (tras nueve elecciones y una dimisión) no había ninguna duda sobre la persona que tendría que protagonizar la investidura. El procedimiento estaba tan ritualizado que en más de 30 años ni siquiera se corrigió la ilógica fórmula empleada: el Rey le envía una carta al excelentísimo señor presidente del Congreso con la propuesta del candidato, que refrenda... ¡el mismo presidente del Congreso!

    Sin embargo, el resultado de las elecciones del 20-D transformó el trámite en una decisión complicada, tanto que llegó a escribirse que Felipe VI se encontraba en una “encrucijada”, que era una “prueba de fuego” y otros términos igual de preocupantes. Por fortuna, el Rey interpretó el artículo 99 de la única forma compatible con la democracia: primero propuso al candidato más votado y, tras su declinación, al segundo. Evitó así algunas lecturas imaginativas de la Constitución que le animaban a atribuirse un poder moderador que serviría bien para convencer a algunos de que cambiaran su voto contra Rajoy, bien para disolver la legislatura sin celebrar ni una sola sesión de investidura. Al final, hasta líderes tan poco dispuestos a alabar a la monarquía como Alberto Garzón y Francesc Homs reconocieron que había desempeñado correctamente su papel.

     Pero ¿por qué someter al Rey a esa tensión? ¿Qué gana el régimen constitucional español poniendo a prueba al jefe del Estado tras cada elección sin un ganador claro y sometiéndolo, primero, a presiones y después a juicios políticos sobre su actuación? Para mí, que no gana nada y, en un momento determinado, puede perder mucho. Por eso, creo que sería conveniente que diéramos el siguiente paso que hace ya más de 50 años dieron casi todas las monarquías parlamentarias del mundo -desde Suecia hasta Japón- y reformáramos la Constitución para reforzar el papel simbólico del Rey, limitándolo al nombramiento del presidente del Gobierno. En este punto, la reforma de la Constitución es relativamente fácil: como el artículo 99 está en el Título IV puede realizarse por el cómodo procedimiento ordinario -usado ya dos veces- y no por el endiablado procedimiento agravado que hay que utilizar para cambiar el Título II, en el que se encuentra enclavado la famosa preterición de la mujer en la sucesión a la Corona.

      Lógicamente, si se le priva al Rey de la capacidad de proponer un candidato a presidente, habrá que atribuírsela a alguien. Si miramos el Derecho comparado, vemos que ese papel lo puede realizar tanto una persona designada por el Rey (Bélgica) como el presidente del Congreso (Suecia), solución esta que me parece la más adecuada pues no solo se evita que el rey intervenga -con el riesgo de que los problemas que se le pueden presentar al proponer un candidato se le presenten a la hora de elegir un mediateur- sino que tiene la virtud de acelerar los plazos para que los partidos negocien una coalición: como la presidencia del Congreso se convierte en esencial para designar al presidente del Gobierno, los partidos tendrán un fuerte incentivo para que cuando se constituya el Congreso y elijan a su presidente tengan ya cerrado un pacto de Gobierno.
"Quien hace lo que debe su propia verdad le basta"
Francisco de Quevedo


Sierra Nevada desde la Vega de Granada