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jueves, 4 de agosto de 2016

EL ESTADO DE DERECHO FLEXIBLE

Artículo publicado en EL PAÍS el 4 de agosto de 2016


Desde el 19 de julio y durante más de diez días, se venía dando por hecho que la Mesa del Congreso atendería la solicitud de los ocho diputados de CDC para constituir grupo parlamentario propio, a pesar de que su interpretación del requisito del "15% de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura" que exige el artículo 23.1 del Reglamento del Congreso era absolutamente inverosímil (ponderar los porcentajes obtenidos en cada provincia olvidando el número absoluto de votos en cada una). Según su portavoz, Francesc Homs, los precedentes avalaban su interpretación flexible, como por ejemplo cuando se le permitió al PNV formar grupo propio a pesar de que en Navarra no obtenía el 15% de los votos. 

Me parece muy buena idea estudiar los precedentes de esa solicitud, aunque me temo que los resultados no son exactamente los que dice Homs. Así, su referencia a la formación de grupo del PNV nos lleva hasta las elecciones celebradas entre 1982-2000 en el que el PNV nunca obtuvo el 15% en Navarra, pero como superaba ese porcentaje en la suma total de las cuatro provincias en las que se presentó (Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra), la Mesa le permitió formar grupo.  Esa interpretación literal del artículo 23.1 del Reglamento no sirve para que se constituya el "Grupo Parlamentario Catalán (PD)" porque CDC solo ha obtenido el 13'92% en el total de las cuatro provincias en las que se ha presentado.

Otro caso en el que la Mesa tuvo que estudiar si un partido tenía derecho a constituir grupo fue en 2004 cuando consideró (con el voto a favor del PSOE) que los ocho diputados de Esquerra Republicana podían formar grupo porque en las cuatro provincias catalanas habían logrado el 15'89% y no le sumó los paupérrimos porcentajes obtenidos en Valencia, donde Esquerra no logró representación. Más que una interpretación flexible, fue una interpretación arbitraria porque el Reglamento  habla de "circunscripciones en que hubieren presentado candidatura" y no "en las que hubiera obtenido diputados". Pero, fuera lo que fuera, este precedente tampoco le sirve al CDC porque sus ocho  diputados obtenidos en Cataluña en 2016 no alcanzan el 15% de los votos.

El tercer precedente de interpretación polémica del artículo 23.1 sucedió en 2011 cuando la Mesa -entonces controlada por el PP- decidió que los siete diputados de Amaiur no tenían derecho a formar grupo porque en Navarra había obtenido el 14,86% de los votos aunque en el conjunto de las cuatro provincias en las que se había presentado (Navarra más las tres vascas) había obtenido un 22%. Como CDC no ha conseguido el 15% de los votos ni en el conjunto de Cataluña ni en las provincias de Barcelona (12'26%) y Tarragona (13'72%), su situación es mucho peor que la de Amaiur.

Por tanto, los precedentes no es que no le sirvan al CDC para fundamentar su petición, es que le son absolutamente contrarios. Y sin embargo, hay un detalle en esos precedentes que permitía que la Mesa del Congreso cometiera la arbitrariedad de crear el grupo del PDC sin que pudiera ser reparada jurídicamente: cuando el PP (ironías de la política) recurrió ante el Tribunal Constitucional en 1986 la formación del grupo del PNV y en 2004 la de Esquerra, el Constitucional le negó legitimidad para hacerlo porque no se veía afectado ningún derecho del PP. En el tercer caso, Amaiur recurrió la denegación de su grupo y el Tribunal Constitucional  inadmitió el recurso por una "manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo". Por eso, la Mesa podía estar tranquila: decidiera lo que decidiera, ningún tribunal la iba a controlar.

Así que en 2011 a los independentistas vascos, cumpliendo las condiciones del Reglamento del Congreso, el PP (con la vergonzante abstención del PSOE y, nueva paradoja, de CDC) les denegó el grupo parlamentario propio y ahora en 2016 a los independentistas catalanes, incumpliéndolas claramente, los mismos de hace cinco años estaban dispuestos a concedérselo alegando una fantasmagórica “cortesía parlamentaria” hasta que un hecho extrajurídico se ha cruzado en su camino: el desafío del Parlamento de Cataluña al Tribunal Constitucional. Aún así, PP, PSOE y Unidos Podemos han preferido abstenerse en la votación de la Mesa, demostrando que la concesión del grupo de Convergencia se ha afrontado como una cuestión política: en las cuestiones jurídicas no cabe la abstención, porque los derechos se tienen o no se tienen, tertium non datur. España tiene muchos problemas como para fijarse en esta minucia de permitir o no grupo parlamentario. Si acaso, la historia de la interpretación del artículo 23.1 (a la que se le añade la cínica práctica del préstamo de senadores) es un mensaje que las Cortes envían a toda la sociedad y que un lector de Jaime Gil de Biedma puede leer así: de todos los Estados de Derecho, el de España es el más triste porque siempre se flexibiliza al gusto del que tiene el poder y solo por casualidad del que tiene la razón jurídica.

viernes, 22 de julio de 2016

Razones para una reforma del artículo 99 de la Constitución


  El periodista Pedro Blanco se hace eco de mi artículo en EL PAÍS "Un nuevo papel para el Rey en la investidura" y me entrevista sobre él 21 de julio de 2016:





jueves, 21 de julio de 2016

UN NUEVO PAPEL PARA EL REY EN LA INVESTIDURA

Artículo publicado en EL PAÍS el 21 de julio de 2016


      El 3 de julio de 1976 el rey Juan Carlos recibió en La Zarzuela al presidente de las Cortes, Torcuato Fernández-Miranda, que le llevó -según sus propias palabras- “lo que el Rey me ha pedido”: una terna de candidatos a presidente del Gobierno aprobada por el Consejo del Reino en la que se incluía a Adolfo Suárez. Fuera por ese precedente o fuera por la historia constitucional (que hasta había originado un verbo: borbonear), los siete padres de la Constitución consideraron conveniente que el Rey fuera el encargado de proponer al Congreso un candidato a la presidencia del Gobierno. Al regularlo así, se apartaron del modelo de monarquía parlamentaria imperante en aquellos años en el que los reyes de los Estados democráticos -con la muy matizada excepción del danés- ya no mantenían esa competencia; modelo que propuso en las Cortes Constituyentes sin ningún éxito Heribert Barrera, un republicano empedernido.

     Por eso, el artículo 99 de la Constitución nació más que viejo, demodée, pero muy al gusto de nuestra clase política, tan aficionada al teatro: la Constitución les garantiza a todos los representantes de los partidos una reunión con el Rey, con la consiguiente sesión de fotos, vídeos y declaraciones más o menos solemnes con las que abrir los telediarios. Durante el reinado de Juan Carlos I, este procedimiento de selección del candidato no pasó de ser un mero trámite cortés porque en las 10 ocasiones en las que el Rey tuvo que proponer un candidato (tras nueve elecciones y una dimisión) no había ninguna duda sobre la persona que tendría que protagonizar la investidura. El procedimiento estaba tan ritualizado que en más de 30 años ni siquiera se corrigió la ilógica fórmula empleada: el Rey le envía una carta al excelentísimo señor presidente del Congreso con la propuesta del candidato, que refrenda... ¡el mismo presidente del Congreso!

    Sin embargo, el resultado de las elecciones del 20-D transformó el trámite en una decisión complicada, tanto que llegó a escribirse que Felipe VI se encontraba en una “encrucijada”, que era una “prueba de fuego” y otros términos igual de preocupantes. Por fortuna, el Rey interpretó el artículo 99 de la única forma compatible con la democracia: primero propuso al candidato más votado y, tras su declinación, al segundo. Evitó así algunas lecturas imaginativas de la Constitución que le animaban a atribuirse un poder moderador que serviría bien para convencer a algunos de que cambiaran su voto contra Rajoy, bien para disolver la legislatura sin celebrar ni una sola sesión de investidura. Al final, hasta líderes tan poco dispuestos a alabar a la monarquía como Alberto Garzón y Francesc Homs reconocieron que había desempeñado correctamente su papel.

     Pero ¿por qué someter al Rey a esa tensión? ¿Qué gana el régimen constitucional español poniendo a prueba al jefe del Estado tras cada elección sin un ganador claro y sometiéndolo, primero, a presiones y después a juicios políticos sobre su actuación? Para mí, que no gana nada y, en un momento determinado, puede perder mucho. Por eso, creo que sería conveniente que diéramos el siguiente paso que hace ya más de 50 años dieron casi todas las monarquías parlamentarias del mundo -desde Suecia hasta Japón- y reformáramos la Constitución para reforzar el papel simbólico del Rey, limitándolo al nombramiento del presidente del Gobierno. En este punto, la reforma de la Constitución es relativamente fácil: como el artículo 99 está en el Título IV puede realizarse por el cómodo procedimiento ordinario -usado ya dos veces- y no por el endiablado procedimiento agravado que hay que utilizar para cambiar el Título II, en el que se encuentra enclavado la famosa preterición de la mujer en la sucesión a la Corona.

      Lógicamente, si se le priva al Rey de la capacidad de proponer un candidato a presidente, habrá que atribuírsela a alguien. Si miramos el Derecho comparado, vemos que ese papel lo puede realizar tanto una persona designada por el Rey (Bélgica) como el presidente del Congreso (Suecia), solución esta que me parece la más adecuada pues no solo se evita que el rey intervenga -con el riesgo de que los problemas que se le pueden presentar al proponer un candidato se le presenten a la hora de elegir un mediateur- sino que tiene la virtud de acelerar los plazos para que los partidos negocien una coalición: como la presidencia del Congreso se convierte en esencial para designar al presidente del Gobierno, los partidos tendrán un fuerte incentivo para que cuando se constituya el Congreso y elijan a su presidente tengan ya cerrado un pacto de Gobierno.

lunes, 18 de julio de 2016

Al fin solos. Felipe y Letizia, dos años después


Los periodistas Alberto Pinteño y Paloma Simón has publicado en Vanity Fair un  más que interesante y ponderado artículo sobre los dos años de reinado de Felipe y Letizia, para el que han entrevistado a mucha gente, entre ellos, a mí mismo. Así que copio aquí el párrafo en que recogen mi opinión, aunque con la pequeña errata de cambiarme el primer apellido:


La Mujer de Negro

El rey tenía claro que debía lograr que los ciudadanos volvieran a confiar en la Institución. Transparencia, rectitud y honestidad fueron palabras que repitió en su discurso de proclamación. Desde el 28 de febrero de 2015 hay una inquilina nueva en el palacio de la Zarzuela: Beatriz Rodríguez Alcobendas, “la mujer de negro”. Así la apodan en la Casa del Rey, haciendo alusión a su labor: revisar las cuentas, hasta el último ticket de taxi. La funcionaria, que sustituyó al anterior interventor, Óscar Moreno, cuando este iba a cumplir 80 años, ha examinado las finanzas de la Casa en nombre de la Intervención General del Estado. El resultado del ejercicio 2015 se hará público estos días. Felipe VI también ha prescindido del conde de Fontao como asesor jurídico y ha establecido que la Abogacía del Estado se ocupe de los eventuales asuntos legales de la Casa.


Además, el pasado marzo Zarzuela hizo pública por primera vez la lista de regalos institucionales que recibió la Familia Real en 2015: 326 objetos que van desde un rifle de metal labrado y una silla de montar, obsequio de los reyes de Jordania, a cuatro delantales entregados por Cáritas. “En la Monarquía no había tradición de transparencia. Estos años han avanzado enormemente en ese sentido. Aún así, están sometidos a un plebiscito cotidiano. Y si bien no se percibe una petición exagerada a favor de la república, estos movimientos pueden ser rápidos”, advierte el catedrático Díaz Robledo. “Si mañana aparece el rey en los papeles de Panamá, va fuera”.

jueves, 7 de julio de 2016

LA VENGANZA DE LA CIENCIA POLÍTICA

Artículo publicado en el Diario de Sevilla y los otros ocho periódicos del Gupo Joly, 
jueves,  7 de julio de 2016.


         El arte de la Guerra, la Jurisprudencia, la Economía y todas las demás ciencias sociales que la Humanidad ha ido desarrollando a lo largo de su azarosa existencia tienen sus leyes, es decir, sabemos que unos determinados comportamientos originaran unas determinadas consecuencias. Como el principio de causalidad no se aplica con el mismo rigor de las ciencias naturales (la ley de la gravedad no desaparece nunca mientras que no siempre se cumplen los pronósticos de los sociólogos), hay quien piensa que está en las manos de los hombres cumplirlas o no; sobre todo en el terreno de la política, un ámbito complejo  donde -como decía Maquiavelo- es más importante lo que se aparente ser que lo que realmente se sea. Pero una cosa es que un individuo pueda actuar con libertad y otra que si ese comportamiento va contra la lógica política no tenga consecuencias negativas, como Shakespeare ilustra literariamente en Macbeth y le está sucediendo al PSOE, que tras saltarse un par de leyes de la Ciencia Política, ha cosechado su peor resultado histórico, con solo 85 diputados y 43 senadores electos.

            Tras los pésimos resultados del 20-D, la Ciencia Política aconsejaba al PSOE dejar gobernar al PP, como Felipe González –un gran especialista en el arte de Maquiavelo- vio desde el primer momento. El PSOE en la oposición ganaría tiempo para reformular su proyecto político y, de paso, se alejaría cronológicamente de la mala impresión que en la mayoría de los españoles dejó el Gobierno Zapatero, a la vez que le dificultaría a Rajoy seguir escudándose en la “herencia” recibida al quedar esta cada vez más lejos.  Sin embargo, Pedro Sánchez prefirió desdecirse de todos las descalificaciones que había usado antes de las elecciones contra Podemos -incluido que no pactaría nunca con él- para recalificarlo como partido del cambio y pedirle su voto para ser elegido Presidente del Gobierno. Casi todo el mundo sabía que era una apuesta destinada al fracaso pues era imposible pactar al mismo tiempo con Ciudadanos y con Podemos, pero la dirección del PSOE parecía muy satisfecha por acaparar durante unos días la atención mediática, sin ser consciente del lamentable espectáculo que estaba propiciando al buscar desesperadamente el voto de un partido al que había calificado reiteradamente de populista antisistema y cuyas actuaciones poselectorales -desde la astracanada de la sesión constitutiva del Congreso, hasta la exigencia de ministerios concretos- no eran precisamente pruebas de que hubiera dejado de serlo.

            El fracaso de la investidura dejó al PSOE en una situación muy delicada, incapaz de articular una alternativa al PP y humillado por Podemos. Sin embargo,  todavía tenía en su mano cumplir el adagio optimista que dice que detrás de un problema puede haber una oportunidad: ese fracaso lo legitimaba para intentar pactar con el PP otro candidato que no fuera Rajoy a cambio de facilitar su investidura, estrategia que le evitaba las nuevas elecciones, marcando así  las diferencias entre el PSOE, como gran partido socialdemócrata serio, y el populismo irresponsable de Podemos. Incluso el fracaso de la investidura permitía que Sánchez dimitiera con cierta dignidad y diera paso a otro líder que trajera aire nuevo a las filas socialistas. Nada de eso se hizo y el PSOE persistió en su negativa a facilitar el Gobierno del PP, con lo que las elecciones generales se hicieron inevitables.

            Desde que el Rey disolvió las Cortes y convocó las nuevas elecciones el 3 de mayo, el PSOE siguió sin hacerle mucho caso a la Ciencia Política.  Y si es comprensible que la falta de tiempo le impidiera cambiar de líder, no lo es tanto que Pedro Sánchez centrara su campaña en recordar una y otra vez su fracaso en la investidura de marzo y en quejarse de la negativa de Iglesias. Su insípida actuación en el debate de los cuatro candidatos y su metedura de pata con David de Gea demuestran que Sánchez no está preparado para el cargo que ostenta, o como se decía en la Transición, que cumple el principio de Peter y ha llegado a su nivel de incompetencia, como han refrendado los resultados electorales. Haciendo de la debilidad virtud, Sánchez y los suyos quieren olvidar que han perdido 120.000 votos y cinco diputados en seis meses para centrarse en que no se ha producido el sorpasso, como si fuera mérito suyo -y no de la sociedad española- que el populismo no haya pasado del 22% de los votantes.

            ¿Persistirá el PSOE en su desprecio a las leyes de la Ciencia Política y nos llevará  a unas terceras elecciones? Esperemos que antes de actuar, y olvidando sus primeras reacciones, sus dirigentes reflexionen y tomen muy en serio la recomendación de Maquiavelo: la sabiduría consiste en “saber distinguir la naturaleza del problema y en elegir el mal menor”.


miércoles, 1 de junio de 2016

Las excusas para no formar parte de las mesas electorales

Aragón Radio me pregunta por un tema secundario de las elecciones, pero importante para los afectados:  las excusas para no formar parte de una mesa electoral el próximo 26 de junio



Entrevista en el Programa ESTA ES LA NUESTRA de Aragón Radio el 30 de mayo de 2016



En estos días se llevan a cabo los sorteos para decidir qué españoles tendrán que estar en las mesas electorales en los comicios generales del 26 de junio. Un tema que Aragón Radio aborda con Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada ¿Es obligatorio acudir? ¿Hay excepciones? ¿Qué pasa si se incumple esa obligación?



jueves, 21 de abril de 2016

LA CIENCIA DEL PODER

Artículo publicado en EL PAÍS el 20 de abril de 2016



Desde Aristóteles muchos pensadores han dedicado tiempo y esfuerzo a reflexionar sobre el poder. Hay una legión de libros que intentan comprenderlo de la forma más precisa posible, desde los clásicos "El Príncipe" de Maquiavelo y "El Leviatán" de Hobbes hasta el reciente "El fin del poder" de Moisés Naím. Pero los ciudadanos ordinarios necesitamos frases cortas que nos sinteticen qué es ese mal necesario con el que convivimos diariamente. Por eso, es tan famosa la frase de Lord Acton, escrita en 1881: “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente". Más de 130 años después, una persona del común como el alcalde del pueblo sevillano de La Algaba ha sabido concentrar en una frase más breve la esencia del poder: lo hice "porque me salió de la polla". Necesitaremos otra centuria para lograr una tercera frase de ese nivel analítico, que muestre en toda su crudeza que el poder es hacer lo que uno quiera sin ataduras, el reino de la arbitrariedad.

Sea en sesudos libros o en brillantes frases, lo cierto es que la Cratología, la ciencia del poder, ha logrado ya un corpus de conocimientos para explicar de manera científica las decisiones de los políticos, que no responden tanto a la cantidad de testosterona de cada uno como a los intereses de los grupos en los que se organizan, sin incluir consideraciones éticas, solo el sutil juego de beneficios y perjuicios de cada grupo, en el cual el margen de actuación individual está mucho más limitado de lo que parece y en los que el interés nacional es solo una figura retórica. Veamos el ejemplo de la formación del gobierno de Cataluña: el resultado electoral del 27 de septiembre y las sucesivas investiduras fracasadas de Artur Mas parecían abocar a unas nuevas elecciones. Sin embargo, el análisis cratológico pronosticaba que, como esa nueva llamada a las urnas sería letal para Convergencia, ese partido aceptaría la propuesta de la CUP de elegir a otro presidente que no fuera Más. Por eso, cuando éste dio su "pas al costat" no hizo otra cosa que aceptar las duras leyes de la Cratología, por mucho que en su comparecencia dijera que era una decisión propia. Si Más hubiera desatendido los intereses de su partido hubiera sido un loco o un héroe, pero no un político pragmático. 

Si analizamos cratológicamente los vaivenes del Congreso para investir un nuevo Presidente, podemos  hacer ciertas predicciones aunque, de momento, todo parezca responder a un guión surrealista. Empecemos por la "Grosse Koalition" que propone Rajoy, y que han apoyado muchas personas y medios influyentes: es inaceptable para el PSOE, pero no porque Sánchez quiera ser presidente a toda costa, sino porque sería un pésimo negocio para este partido,  que perdería mucho electorado en beneficio de Podemos. Si  alguien tuviera alguna duda, puede mirar a Irlanda -tan similar a España- para ver lo que ha pasado allí con la coalición del Fine Gael con el Partido Laborista en las pasadas elecciones del 26 de febrero: mientras los conservadores han retrocedido levemente (tenían 76 diputados y han logrado 66), los socialistas han perdido dos tercios de su electorado y han pasado de 37 diputados a solo 7, viéndose sobrepasados por el Sinn Fein (23). Los malos resultados del SPD en las elecciones regionales parciales en Alemania del 13 de marzo también desaconsejan la coalición con el PP.

La siguiente opción, el pacto PSOE-Ciudadanos ya vimos a principios de marzo como naufragaba en el Congreso ¿por la antipatía que  Rajoy profesa a Sánchez, por la soberbia de Iglesias? Puede ser, pero mucho más porque el PP no podía facilitar el acceso al poder de su adversario histórico, ni Podemos tenía nada que ganar otorgando gratis et amore el poder al partido con el que compite por la hegemonía de la izquierda.  No han tenido más suerte la vía del 169 (PSOE-Podemos-Ciudadanos) que tanto reclama Sánchez. Ni la del 161 (PSOE-Podemos) que pretende Iglesias, que es claramente insuficiente y necesitaría el apoyo expreso de los nacionalistas.

Así las cosas, no es extraño que la opción que parece más probable sea la convocatoria de unas nuevas elecciones tras el formalismo de las nuevas consultas del Rey. ¿Pero quién sabe qué puede pasar el 26 de junio? En los días siguientes al 20-D parecía que la repetición beneficiaría al PP y a Podemos; sin embargo, en las últimas encuestas el beneficiado es Ciudadanos y de aquí al verano pueden aparecer tantos cisnes negros -como los Papeles de Panamá- que no hay forma de hacer un pronóstico solvente, más allá de afirmar que la participación electoral podría ser anormalmente baja. Por eso, esa salida al bloqueo del Congreso tiene demasiados riesgos para los (todavía) principales actores políticos, PP y PSOE, como para no intentar evitarla a toda costa buscando algún tipo de pacto entre ellos. 

Pero ¿cómo?, si ya hemos dicho que no es posible que se coaliguen. Volvamos a mirar a Irlanda: en 1987 el Fianna Fail (FF) perdió su  mayoría absoluta y el Fine Gael (FG) adoptó lo que se llamó la "Tallaght Strategy", consistente en abstenerse en la elección del Taoiseach y  luego hacer una oposición responsable. No le fue mal con esa estrategia, evitando el crecimiento de otros pequeños partidos, especialmente de uno que preocupaba a los dos grandes: el de los  Progressive Democrats, formado por antiguos miembros del FF y el FG, y que acabaría por desaparecer a principios del Siglo XX, mientras que los dos grandes han seguido turnándose pacíficamente.


Por eso, la alternativa cratológica más probable es un Gobierno del PP apoyado por Ciudadanos (en coalición o desde fuera, que eso ahora poco importa) con la abstención del PSOE.  Esta salida le da a los dos grandes partidos cuatro años de tiempo para reorganizarse e intentar recuperar su electorado tradicional. Claro que esta quinta opción está completamente descartada por el PSOE, que bajo ningún concepto puede permitir que gobierne Rajoy. ¿La seguiría descartando  si, como propone Ciudadanos, el candidato conservador no fuera éste? No lo veo probable. Ni  el PP puede negarse eternamente a presentar otro candidato, más si la dimisión de Soria como ministro le ofrece una buena excusa para apartar a Rajoy. La espada de Damócles de las nuevas elecciones pende sobre la cabeza de ambos partidos y, como buenos profesionales de la política, sabrán elegir esta solución como la menos mala para sus intereses. ¿Qué no lo hacen y se disuelven las Cortes o se alcanza cualquier otro pacto de legislatura? No problem, lo mismo que la Economía explica siempre a toro pasado por qué no se cumplen sus previsiones macroeconómicas o la Sociología razona los errores de sus encuestas electorales, la Cratología sabrá explicar científicamente por qué no se ha cumplido su pronóstico.
"Quien hace lo que debe su propia verdad le basta"
Francisco de Quevedo


Sierra Nevada desde la Vega de Granada