Artículo publicado en EL ESPAÑOL el 25 de abril de 2024
Hasta donde se me alcanza, después de ver el vídeo de la sesión, todo transcurrió sin novedad para los juristas que estamos siguiendo la azarosa tramitación de la proposición de ley: la professoressa desgranó su dictamen partiendo de que ni opinaba sobre la oportunidad o utilidad de la ley para conseguir sus objetivos, pues esta es tarea del Gobierno y el Parlamento, ni valoraba su constitucionalidad o su conformidad con el Derecho de la Unión Europea pues tal cosa corresponderá, respectivamente al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
A pesar de esos condicionantes, acabó aconsejando la reforma de la Constitución, para que de forma expresa se autorice a las Cortes a conceder amnistías. También aconsejó que la proposición se apruebe por una mayoría cualificada superior a la absoluta; criticó la tramitación apresurada, las cláusulas abiertas que le restan “precisión y claridad” a la ley; pidió especialmente que los delitos de malversación y corrupción se circunscriban sólo a las consultas de 2014 y 2017. Igualmente, desaconsejó el adelanto de dos meses en el ámbito temporal de la amnistía (ha pasado del 1 de enero de 2012 al 1 de noviembre de 2011) y señaló que las amnistías no pueden ser ad personam; etc. En fin, que a la vista de todos las recomendaciones que contiene el Dictamen, y recordó Cartabia, no es extraño que ni el Gobierno ni sus aliados hayan hecho muchos comentarios sobre su intervención.
De la misma forma, los representantes de los distintos grupos volvieron a exponer cada uno sus tradicionales argumentos: tanto el portavoz del PP como el de Ciudadanos, criticando una ley inconstitucional que garantiza la impunidad a los separatistas que violaron el Código Penal, la portavoz de ERC explicando que la ley es un acto de justicia contra la represión del Estado, el de Junts, calificando la ley de amnistía de norma que rectifica un error; el socialista, contando que el objetivo de la amnistía es devolver a Catalunya la convivencia, la paz social y el reencuentro entre los catalanes; etc. En este dar los argumentos de siempre, me parece que acertó el PSOE porque su posición es muy clara y en todas partes se entiende: reconciliación, un objetivo completamente plausible y al que en abstracto es difícil oponerse; por más que sea fácil argumentar en contra de esta amnistía simplemente reproduciendo los argumentos de los independentistas, en los que no hay el más mínimo arrepentimiento por haber intentado quebrar el orden constitucional español. Por no señalar que si era tan necesaria la ley no se entiende que no la propusieran en su programa electoral.
Por
su parte, los portavoces de la derecha española supieron usar el Dictamen para
resaltar las carencias de la proposición de ley y resaltar que su origen no es
otro que un intercambio de votos por impunidad, lo que "nos sitúa muy
cerca de las autoamnistías”. Pero se detuvieron ahí, ni siquiera llegaron a
calificar la proposición como una autoamnistía indirecta en cuanto el PSOE, que
antes era opuesto a ella, la ha aceptado a cambio de que ERC y, sobre todo,
Junts, apoyen a su candidato a presidente del Gobierno; esto es un facio ut facias. Quizás no quisieron hacerlo a la vista de cómo
ha actuado la Comisión de Venecia, que se ha negado a analizar la oportunidad
de la ley, o para evitarse chocar con el muro formalista de la exposición de
motivos de la proposición de ley que insiste, una y otra vez, en la amnistía
como técnica de reconciliación. Razonamiento formalista, por cierto, que ya
hemos visto en algunas sentencias de nuestro Tribunal Constitucional que cuando
se le ha alegado que ciertas proposiciones de ley habían sido en realidad
elaboradas por el Gobierno se ha negado a estudiar si se había producido un
fraude de ley ¿Pero y si en lugar de buscar los argumentos que hacen que la
proposición de ley de amnistía presentada por el Grupo Socialistas sea una
autoamnistía indirecta damos argumentos para calificarla de autoamnistía, sin
más?
Aquí
van los míos:
a) La proposición pudo ser tomada
en consideración (el 12 de diciembre de 2023) y posteriormente aprobada por el
Pleno del Congreso (el 14 de marzo de 2024) porque los afiliados de los
partidos que se van a favorecer de ella (Junts y ERC) votaron a favor. Así, si
se restaran los 14 votos de esos partidos en la votación final del Pleno del
Congreso, el resultado hubiera sido el rechazo: 172 en contra por 164 a favor.
b) Un notorio militante de ERC y
especialista en Derecho, el profesor Joan Ridao, ha dicho públicamente que es
uno de los autores de la proposición, sin que se le haya desmentido desde el
PSOE; es más, El País avaló esa
autoría en un artículo publicado el 13 de noviembre de 2023: "El jurista
Joan Ridao, quien ha participado en la redacción de la proposición de ley de
medidas de gracia para el 'procés', explica en este artículo los fundamentos
jurídicos y políticos en los que se inspira".
c) El 6 de marzo pasado el PSOE, ERC y Junts comunicaron a la opinión pública que habían pactado unas enmiendas transaccionales que no hicieron público en ese momento, sino al día siguiente "antes de la Comisión de Justicia del Congreso convocada a tal efecto". Dejando ahora de lado la evidente violación del Reglamento del Congreso que eso supuso (exige la entrega de la documentación que se va a debatir con un mínimo de 48 horas), lo cierto es que demuestra de forma indubitada que los dos partidos beneficiados por la amnistía fueron los redactores de los puntos más controvertidos del texto final.
Así
las cosas, está bien que los eurodiputados críticos con la amnistía señalen que
el origen de la proposición de ley del PSOE es un pacto político para
mantenerse en el poder, recubierto de bonitas palabras, en una perfecta
aplicación del aforismo atribuido a Voltaire: "en todo asunto importante
hay siempre un pretexto que se pone en vanguardia, y una razón verdadera que se
disimula". Pero, además, creo que esos eurodiputados deberían de explicar
que se trata de una auténtica autoamnistía que la Unión Europea debería de
frenar igual que hizo en 2019 cuando el Gobierno rumano empezó a tramitar una
amnistía para excarcelar a varios políticos corruptos de su propio partido.
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