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LOS DERECHOS ADQUIRIDOS DE LOS FUNCIONARIOS

Artículo publicado en El Diario de Cádiz y los otros ocho periódicos del Grupo Joly el 18 de agosto de 2010.

    Entre tanta noticia jurídica de primera magnitud apenas ha tenido cabida en los medios de comunicación que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso interpuesto por Comisiones Obreras contra el recorte salarial de los empleados públicos, que la central sindical considera una “confiscación” prohibida por la Constitución. Es más, en la vorágine informativa no pocos periódicos que han dado la noticia la han contado de tal forma que parecía que lo recurrido era el Decreto-ley  8/2010, cuando en realidad era la Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas del personal funcionario de la Administración General del Estado. En el fondo, no están faltos de razón: cómo la Resolución se basa en el Decreto-ley, los argumentos contra la Resolución serán en realidad casi exclusivamente argumentos contra el Decreto-ley, al que se tacha de inconstitucional en unas doscientas páginas de Internet en las que se resume, de manera un tanto apresurada, la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las retribuciones de los funcionarios, según la cual los poderes públicos pueden cambiar la estructura de las retribuciones como mejor les parezca, pero deben mantener su montante total, mediante la técnica de los complementos  absorbibles por futuros aumentos. Es decir, que los sueldos de los funcionarios pueden congelarse, pero no disminuirse porque eso sería atacar los derechos adquiridos.

    Pero ¿realmente la Constitución garantiza los derechos adquiridos de los funcionarios? Y más todavía, si la respuesta fuera negativa ¿el Decreto-ley es la norma adecuada o se necesita una ley formal aprobada por las Cortes para disminuirnos las retribuciones? Contestemos a la primera pregunta con las palabras del Tribunal Constitucional: “Este Tribunal ha venido sosteniendo que la defensa a ultranza de los derechos adquiridos no casa con la filosofía de la Constitución ni responde a exigencias acordes con el Estado de Derecho que proclama el art. 1.1 CE [...] No puede hablarse así de derechos  adquiridos a que se mantenga un determinado régimen regulador de unas prestaciones a obtener en el futuro, ni existe retroactividad cuando una norma afecta a situaciones en curso de adquisición, pero aún no consolidadas por no corresponder a prestaciones ya causadas. Lo que prohíbe el art. 9.3 CE es la retroactividad entendida como incidencia de la nueva ley en los efectos jurídicos ya producidos en situaciones anteriores”  (STC 97/1990).  Si aplicamos esta doctrina a nuestro Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, vemos que la respeta escrupulosamente: nos baja los sueldos a partir del uno de junio, no antes; incluso se evita discusiones sobre la paga extra de junio, que se cobra sin rebaja. Sin retroactividad, no hay inconstitucionalidad.

    La propia sentencia 97/1990 orienta sobre la segunda duda, la idoneidad del Decreto-ley para regular los sueldos  de los funcionarios, en lugar de hacerlo en la Ley presupuestaria directamente, porque en esa sentencia el Constitucional acepta que un Decreto-ley establezca las bases de cotización de las pensiones. Además, no ha sido nada extraño que mediante decretos leyes se fijen las retribuciones de los funcionarios. Así podemos echar un vistazo a los numerosos decretos leyes de medidas tributarias urgentes que modifican los Presupuestos Generales, sin por ello ser tachados de contrarios a la Constitución. Incluso en 1995, y para evitar que la prórroga automática de los Presupuestos de ese año supusiera la congelación de retribuciones y pensiones en 1996 (año electoral, por supuesto), el Gobierno aprobó una subidas de ambos conceptos en el Decreto-ley 12/1995. Por diversas vías ha llegado al Tribunal Constitucional este tipo de Decreto-ley y nunca ha sido declarado inconstitucional por invadir el ámbito de la Ley presupuestaria. Ni siquiera podría triunfar en el Constitucional la tesis (manejada por algún sindicato) de que el Decreto-ley 8/2010, al dejar sin aplicación el acuerdo Gobiernos-sindicatos de septiembre de 2009, habría violado el derecho de negociación colectiva pues el propio Tribunal ha señalado que los acuerdos laborales no pueden imponerse a las leyes, doctrina que ha recordado la Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 47/2010, de 10 de mayo, para rechazar la inconstitucionalidad de las nuevas condiciones laborales de los controladores aéreos fijadas por el Decreto-ley 1/2010.

    Así las cosas, no me parece viable la lucha jurídica contra la bajada de retribuciones de los funcionarios, por no hablar del grave riesgo económico que el país entero -y nosotros los funcionarios con ellos- podríamos correr si por vía judicial se cambiara una decisión política de tanta transcendencia. ¿Solo nos queda cruzarnos de brazos y aguantarnos con la rebaja? Pienso que no, que en este momento en que todos debemos empujar en la misma dirección los funcionarios podemos hacer mucho para disminuir los gastos públicos: aumentar nuestra productividad, informar de los despilfarros que desangran las Administraciones Públicas y proponer recetas para reducirlos  (desde la legión de coches oficiales hasta el bosque de organismos superfluos), denunciar los privilegios económicos de los políticos (¿qué tal  www.privilegiospoliticos.es donde calculemos lo que nos cuestan algunas de sus regalías como su régimen de pensiones y el plus de por vida que tienen los funcionarios que han pasado por la política?), etc. Sí, es tiempo de que los funcionarios pongamos nuestro grano de arena para conseguir esa modernización de la Administración, más barata y eficaz, que llevamos tanto tiempo persiguiendo que parece la línea del horizonte: siempre está igual de inalcanzable.

Comentarios

TUFONEOLIBERAL ha dicho que…
Se agradece leer, entre tanta batería mediática, que lanza mentiras como obuses en un campo de batalla para desprestigar el servicio público, parte de las empresas de comunicación, artículos como éste poniendo en la diana la verdadera razón del despilfarro. Ehnorabuena
Anónimo ha dicho que…
Agustín, venga, crea esa web y la difundimos. A ver si se consigue algo!. Teresa
jc navarro ha dicho que…
Se puede decir más alto pero no mas claro.
Estas medidas, en ninguna manera van a paliar el deficit estatal, simplemente se han tomado para hacer ver a la comunidad internacional la fortaleza del Gobierno de España y su capacidad de decisión, recuperando asi la confianza en los mercados. Cuando hay confianza es más fácil "colocar" la deuda externa, pagándose un interés más bajo por ella.
Un saludo.
Borde ha dicho que…
Siento discrepar.

Un trabajador firma un contrato y conoce cuáles van a ser sus condiciones y sus retribuciones. Su modificación exige un procedimiento que va más allá de lo que pudiera ser el equivalente "informar" a la Mesa General de las Administraciones Públicas. En cambio, un funcionario, hoy en día, sólo sabe que tiene derecho a trabajar, pero es difícil saber la jornada y el salario que tendrá dentro de 10 años. Eso, junto con la poca permeabilidad entre empleo público y empleo privado (el régimen de incompatibilidades se encarga de ello, y me parece muy bien, pero eso debe tener una contrapartida que creo hace ya algún tiempo que no existe) hace muy poco atractivo el ingreso en la Administración. Firmar la toma de posesión es lo más parecido a firmar un cheque en blanco. En esas condiciones (¿qué condiciones?) dudo mucho que los mejores aspiren a trabajar para la Función Pública. Esta medida ha sido una gota más en el proceso de desacreditar y banalizar la tarea de los funcionarios. El vaso está casi lleno.

Y discrepo también en cuanto a la forma de la reducción. No entiendo cómo determinados conceptos retributivos tienen una cuantía superior para los grupos inferiores (me refiero a la parte de sueldo en las pagas extras de los grupos A2 y B en relación con el A1). Que me explique alguien como casa eso con el derecho al trabajo con una remuneración adecuada. Por no hablar de que se han obviado las previsiones del EBEP en cuanto a la cuantía de las pagas extraordinarias. Además, el manido argumento de la progresividad debe tener en cuenta las circunstancias personales, lo que no sucede (porque no hacerse vía salario, ahí mi crítica) con el Real Decreto Ley 8/2010. No me parece "social" que se aplique una mayor reducción a los grupos superiores simplemente por serlo, sin tener en cuanta que cobran más, teóricamente, porque su ingreso ha exigido una mayor preparación y sus funciones son más complejas y requieren una mayor dedicación. Ni tampoco se ha tenido en cuenta el número de hijos, los ingresos de la unidad familiar, etc. Claramente esto no puede hacerse, insisto. Por eso creo que ha sido un error no aplicar una reducción con igual porcentaje para todos los afectados.

Es desmoralizante ver que no se han tocado los salarios a muchos trabajadores del sector público empresarial. Las excepciones en el RDL referidas a RENFE, ADIF y AENA (cuyos trabajadores, por cierto, son los que más conflictividad han demostrado últimamente) sólo sirven para intuir que cuanto más manso sea el empleado, peor trato recibirá.

Todo esto me lleva al sentimiento (que comparten muchos compañeros) de que hemos sido secuestrados. Atrapados en un trabajo con un futuro incierto, sin desempleo, sin fecha de jubilación clara, con unos sospechosos planes de pensiones también secuestrados y condicionados a la jubilación. Sí, no tenemos derechos adquiridos, nuestro estatuto puede ser modificado por el patrono a su antojo. E incluso puede ignorarlo sin que nadie le dé demasiada importancia.

Soy funcionario, imagino que lo habréis adivinado.

Enhorabuena por el blog.
Borde ha dicho que…
Siento discrepar.

Un trabajador firma un contrato y conoce cuáles van a ser sus condiciones y sus retribuciones. Su modificación exige un procedimiento que va más allá de lo que pudiera ser el equivalente "informar" a la Mesa General de las Administraciones Públicas. En cambio, un funcionario, hoy en día, sólo sabe que tiene derecho a trabajar, pero es difícil saber la jornada y el salario que tendrá dentro de 10 años. Eso, junto con la poca permeabilidad entre empleo público y empleo privado (el régimen de incompatibilidades se encarga de ello, y me parece muy bien, pero eso debe tener una contrapartida que creo hace ya algún tiempo que no existe) hace muy poco atractivo el ingreso en la Administración. Firmar la toma de posesión es lo más parecido a firmar un cheque en blanco. En esas condiciones (¿qué condiciones?) dudo mucho que los mejores aspiren a trabajar para la Función Pública. Esta medida ha sido una gota más en el proceso de desacreditar y banalizar la tarea de los funcionarios. El vaso está casi lleno.

Y discrepo también en cuanto a la forma de la reducción. No entiendo cómo determinados conceptos retributivos tienen una cuantía superior para los grupos inferiores (me refiero a la parte de sueldo en las pagas extras de los grupos A2 y B en relación con el A1). Que me explique alguien como casa eso con el derecho al trabajo con una remuneración adecuada. Por no hablar de que se han obviado las previsiones del EBEP en cuanto a la cuantía de las pagas extraordinarias. Además, el manido argumento de la progresividad debe tener en cuenta las circunstancias personales, lo que no sucede (porque no hacerse vía salario, ahí mi crítica) con el Real Decreto Ley 8/2010. No me parece "social" que se aplique una mayor reducción a los grupos superiores simplemente por serlo, sin tener en cuanta que cobran más, teóricamente, porque su ingreso ha exigido una mayor preparación y sus funciones son más complejas y requieren una mayor dedicación. Ni tampoco se ha tenido en cuenta el número de hijos, los ingresos de la unidad familiar, etc. Claramente esto no puede hacerse, insisto. Por eso creo que ha sido un error no aplicar una reducción con igual porcentaje para todos los afectados.

Es desmoralizante ver como la reducción se no se ha aplicado a los trabajadores del sector público empresarial. Las excepciones en el RDL referidas a RENFE, ADIF y AENA (cuyos trabajadores, por cierto, son los que más conflictividad han demostrado últimamente), lo que permite intuir que cuanto más manso sea el empleado, peor trato recibirá.

Todo esto me lleva al sentimiento (que comparten muchos compañeros) de que estamos secuestrados, sin subsidio de desempleo, sin claúsula de revisión salarial, sin fecha de jubilación, sin ninguna certeza y con la sospecha de que se ha abierto una puerta y que no hay interés en cerrarla. Vale, no tenemos derechos adquiridos, nuestro estatuto puede ser modificado por el patrono a su antojo. Pero lo que no estaba previsto era que lo ignorara vulnerando los más esenciales principios de justicia material sin que nadie le dé demasiada importancia.

Soy funcionario, imagino que lo habréis adivinado.

Enhorabuena por el blog.

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