Artículo publicado en El Diario de Cádiz y los otros ocho periódicos del Grupo Joly el 24 de septiembre de 2009.
Una de las muchas cosas que ha cambiado esta crisis económica es la percepción ciudadana del coste de la clase política: durante años, los periódicos han dado noticias sobre los sueldos y ventajas económicas de los políticos sin que ello causara especial preocupación en la opinión pública. Sin embargo, en el momento actual se presta mucha atención a este asunto y la idea de que los políticos nos cuestan demasiado para el servicio que nos ofrecen va extendiendose como una mancha de aceite; tanto que el PSOE, tras unas airadas negativas, ya está dispuesto a establecer que ningún cargo público gane más que el Presidente de la Junta, una propuesta de Javier Arenas, que dice que lleva haciendo desde hace años aunque en mi torpeza investigadora no haya sido capaz de encontrarla y sí una promesa suya de 2006 de renunciar a su sueldo de ex ministro, de la que nunca se supo si la cumplió o no.
El sueldo de los cargos públicos es un tema complejo, un poliedro de muchas caras y algunas aristas difíciles. Como mal matemático, yo no puedo calcular sus dimensiones con un mínimo de exactitud. Así que, con modestia, me limitaré solo a opinar de algunas de ellas. Por empezar por algún lado, me gustaría detenerme en el sueldo del Presidente de la Junta, 81.144 euros, cantidad moderada para su nivel de responsabilidad. Pues bien, para calcular realmente el nivel de ingresos del Presidente habría que incluir otras prestaciones de contenido económico, como son el disfrute de una mansión gratis, transporte gratuito (y con chofer), alimentación casi diariamente a cuenta del erario público y una buena jubilación asegurada: la Ley 2/2005 establece que los ex presidentes cobrarán a partir de los 65 años el 60% del sueldo del presidente en activo; además desde que cesan tienen derecho a formar parte del Consejo Consultivo y a disponer de una oficina con medios personales y materiales a cargo de la Junta. De una forma similar, otros muchos cargos públicos tienen este tipo de contraprestaciones invisibles y que a la mayoría de los ciudadanos le consumen un buen pellizco de su sueldo (casa, luz, teléfono, coche, comidas, espectáculos públicos, etc). Además, cuando cesan no se van a su casa sin más, sino que tienen derecho a una mensualidad de las retribuciones del cargo en que se cesa por cada año de ejercicio, con un mínimo de tres mensualidades y un máximo de doce. Para los que sean funcionarios, le quedará un sabroso recuerdo de su pago por la política: todos los altos cargos del Estado y de la Junta cuando retornan a su puesto reciben de por vida el máximo complemento de nivel, sea cual fuera el nivel al que se incorporan, sean conserjes, administrativos o maestros. No quiero decir con esto que los políticos españoles hayan llegado al punto de privilegios al que han llegado los italianos, sacados a la luz por Sergio Rizzo y Gian Antonio Stella en La casta; sino simplemente que no están tan mal pagados como podría deducirse de la lectura de sus sueldos en los Presupuestos. Por cierto, no parece que entre las medidas de ahorro que propugnan los grandes partidos esté la supresión del complemento de alto cargo o del “nivel 33” (por el artículo 33.2 de la ley 31/1990, que lo estableció y porque es más alto que el de los funcionarios del nivel 30); más bien al contrario, como demuestra que el Estatuto Básico de los Empleados Públicos de 2007 haya extendido el número de beneficiarios.
Vayamos ya al argumento central del actual debate: que ningún cargo público gane más que el Presidente de la Junta, razonamiento tan potente que ningún partido se opone a él, aunque inmediatamente casi todos lo matizan. Por ejemplo, el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), el socialista Francisco Toscano, se muestra de acuerdo pero considera que el Parlamento no tiene competencias para abordar este asunto, sino que debería hacerse en el seno de la FAMP, por lo que ha retado al PP a que sean sus alcaldes los que lo propongan. Dejando al margen la incongruencia de pedirles a otros que propongan lo que él está dispuesto a aceptar ¿por qué el Parlamento no va a poder regular el sueldo de los Alcaldes? Por la autonomía municipal garantizada en la Constitución, se me puede contestar, pero esa autonomía no evita que tanto las Cortes como el Parlamento de Andalucía regulen materias de los municipios; es más, si la ley es la manifestación de la voluntad popular, parece lógico que ésta establezca el sueldo de todos los representantes públicos, incluidos los alcaldes y concejales. Visto desde la perspectiva de la financiación, el resultado es el mismo: si los municipios no son autosuficientes y necesitan transferencias financieras del Estado y de la Junta, estas instituciones están legitimadas para fijar el sueldo de quien administra ese dinero público. En fin, no conozco ninguna sentencia del Tribunal Constitucional que invalide estos razonamientos y sí alguna que otra que podría avalarlos. Por eso, pienso que el partido que, además de hacer declaraciones, quiera tomar alguna medida seria para acabar con el descontrol de sueldos de los ayuntamientos andaluces lo que debe de hacer es presentar una proposición de ley en el Parlamento.
Si es completamente lógico que los alcaldes ganen menos que el Presidente de la Junta, otro tanto cabe decir de todos los políticos de inferior rango en la escala protocolaria: la Presidenta del Parlamento, los Consejeros, los directores generales, etc. Ahora bien, esta regla no es tan evidente cuando la aplicamos a una serie de puestos pagados directa o indirectamente por los impuestos de los ciudadanos: ¿el sueldo del Director General de Canal Sur debe fijarse en comparación con el del Presidente de la Junta o no sería más lógico hacerlo en relación con los altos ejecutivos de sector audiovisual? En mi opinión, si se quiere un buen profesional y no un comisario político lo lógico es la segunda alternativa, y lo mismo podemos decir de un ramillete de puestos: gerentes de las empresas públicas, directores de los parques tecnológicos, presidentes de las autoridades portuarias, etc. Claro que entonces el problema no es el sueldo de determinados puestos públicos, sino si los titulares de esos cargos son técnicos o políticos. Y en los últimos años hemos visto cómo los políticos han colonizado ámbitos que anteriormente eran profesionales. Por eso, está muy bien que se regulen a la baja los sueldos de los cargos públicos, pero estaría mucho mejor que los partidos volvieran a fijar la frontera entre la política y la administración en un lugar razonable y no donde está ahora, donde cualquier político puede ser nombrado para cualquier cargo de libre designación por muy técnicas que sean sus funciones.
El sueldo de los cargos públicos es un tema complejo, un poliedro de muchas caras y algunas aristas difíciles. Como mal matemático, yo no puedo calcular sus dimensiones con un mínimo de exactitud. Así que, con modestia, me limitaré solo a opinar de algunas de ellas. Por empezar por algún lado, me gustaría detenerme en el sueldo del Presidente de la Junta, 81.144 euros, cantidad moderada para su nivel de responsabilidad. Pues bien, para calcular realmente el nivel de ingresos del Presidente habría que incluir otras prestaciones de contenido económico, como son el disfrute de una mansión gratis, transporte gratuito (y con chofer), alimentación casi diariamente a cuenta del erario público y una buena jubilación asegurada: la Ley 2/2005 establece que los ex presidentes cobrarán a partir de los 65 años el 60% del sueldo del presidente en activo; además desde que cesan tienen derecho a formar parte del Consejo Consultivo y a disponer de una oficina con medios personales y materiales a cargo de la Junta. De una forma similar, otros muchos cargos públicos tienen este tipo de contraprestaciones invisibles y que a la mayoría de los ciudadanos le consumen un buen pellizco de su sueldo (casa, luz, teléfono, coche, comidas, espectáculos públicos, etc). Además, cuando cesan no se van a su casa sin más, sino que tienen derecho a una mensualidad de las retribuciones del cargo en que se cesa por cada año de ejercicio, con un mínimo de tres mensualidades y un máximo de doce. Para los que sean funcionarios, le quedará un sabroso recuerdo de su pago por la política: todos los altos cargos del Estado y de la Junta cuando retornan a su puesto reciben de por vida el máximo complemento de nivel, sea cual fuera el nivel al que se incorporan, sean conserjes, administrativos o maestros. No quiero decir con esto que los políticos españoles hayan llegado al punto de privilegios al que han llegado los italianos, sacados a la luz por Sergio Rizzo y Gian Antonio Stella en La casta; sino simplemente que no están tan mal pagados como podría deducirse de la lectura de sus sueldos en los Presupuestos. Por cierto, no parece que entre las medidas de ahorro que propugnan los grandes partidos esté la supresión del complemento de alto cargo o del “nivel 33” (por el artículo 33.2 de la ley 31/1990, que lo estableció y porque es más alto que el de los funcionarios del nivel 30); más bien al contrario, como demuestra que el Estatuto Básico de los Empleados Públicos de 2007 haya extendido el número de beneficiarios.
Vayamos ya al argumento central del actual debate: que ningún cargo público gane más que el Presidente de la Junta, razonamiento tan potente que ningún partido se opone a él, aunque inmediatamente casi todos lo matizan. Por ejemplo, el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), el socialista Francisco Toscano, se muestra de acuerdo pero considera que el Parlamento no tiene competencias para abordar este asunto, sino que debería hacerse en el seno de la FAMP, por lo que ha retado al PP a que sean sus alcaldes los que lo propongan. Dejando al margen la incongruencia de pedirles a otros que propongan lo que él está dispuesto a aceptar ¿por qué el Parlamento no va a poder regular el sueldo de los Alcaldes? Por la autonomía municipal garantizada en la Constitución, se me puede contestar, pero esa autonomía no evita que tanto las Cortes como el Parlamento de Andalucía regulen materias de los municipios; es más, si la ley es la manifestación de la voluntad popular, parece lógico que ésta establezca el sueldo de todos los representantes públicos, incluidos los alcaldes y concejales. Visto desde la perspectiva de la financiación, el resultado es el mismo: si los municipios no son autosuficientes y necesitan transferencias financieras del Estado y de la Junta, estas instituciones están legitimadas para fijar el sueldo de quien administra ese dinero público. En fin, no conozco ninguna sentencia del Tribunal Constitucional que invalide estos razonamientos y sí alguna que otra que podría avalarlos. Por eso, pienso que el partido que, además de hacer declaraciones, quiera tomar alguna medida seria para acabar con el descontrol de sueldos de los ayuntamientos andaluces lo que debe de hacer es presentar una proposición de ley en el Parlamento.
Si es completamente lógico que los alcaldes ganen menos que el Presidente de la Junta, otro tanto cabe decir de todos los políticos de inferior rango en la escala protocolaria: la Presidenta del Parlamento, los Consejeros, los directores generales, etc. Ahora bien, esta regla no es tan evidente cuando la aplicamos a una serie de puestos pagados directa o indirectamente por los impuestos de los ciudadanos: ¿el sueldo del Director General de Canal Sur debe fijarse en comparación con el del Presidente de la Junta o no sería más lógico hacerlo en relación con los altos ejecutivos de sector audiovisual? En mi opinión, si se quiere un buen profesional y no un comisario político lo lógico es la segunda alternativa, y lo mismo podemos decir de un ramillete de puestos: gerentes de las empresas públicas, directores de los parques tecnológicos, presidentes de las autoridades portuarias, etc. Claro que entonces el problema no es el sueldo de determinados puestos públicos, sino si los titulares de esos cargos son técnicos o políticos. Y en los últimos años hemos visto cómo los políticos han colonizado ámbitos que anteriormente eran profesionales. Por eso, está muy bien que se regulen a la baja los sueldos de los cargos públicos, pero estaría mucho mejor que los partidos volvieran a fijar la frontera entre la política y la administración en un lugar razonable y no donde está ahora, donde cualquier político puede ser nombrado para cualquier cargo de libre designación por muy técnicas que sean sus funciones.
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