Artículo publicado en EL OBSERVATORIO de los nueve periódicos del Grupo Joly el domingo 26 de abril de 2009.
El discurso de investidura de Griñan ha abierto la esperanza de una reforma de la Administración andaluza para que esté compuesta por “funcionarios competentes”. Los periódicos que recogían esa declaración traían en sus mismas páginas ejemplos de la urgencia de realizar la reforma. Así, el presidente de la patronal andaluza de Tecnologías de la Información criticaba la lenta gestión de las ayudas de I+D otorgadas por la Unión Europea. Por su parte, un juez de Granada sentenciaba la legalidad de una licencia para construir un inmenso centro comercial otorgada por el ayuntamiento de Armilla porque la Junta la recurrió fuera de plazo.
Como todos tenemos en nuestra memoria -desde el Algarrobico en el Cabo de Gata hasta las balsas de fosfoyesos en Río Tinto- ejemplos similares de desidia administrativa, el apoyo a la reforma ha sido unánime. Igual de unánime ha sido el apoyo a los medios que piensa utilizar Griñán: la profesionalización y la descentralización administrativa y política, cediendo competencias tanto a las delegaciones provinciales de la Junta como a los Ayuntamientos. La oferta de Griñán de modificar la “normativa básica” para garantizar a los funcionarios una carrera profesional y reservarles determinados puestos es casi revolucionaria porque en los 27 años de gobierno socialista de Andalucía se ha hecho justo lo contrario, incrementar el grado de “flexibilidad” en la designación de destinos administrativos. De tal forma que puestos antaño cubiertos por técnicos hoy están repletos de políticos, como las presidencias de los puertos y las direcciones de empresas públicas; por no hablar de muchas gerencias provinciales y jefaturas de servicios ocupadas por funcionarios “leales”. Al renovar a los titulares de las consejerías más directamente implicadas en la reforma administrativa (Justicia y Administración Pública, Gobernación y Presidencia) Griñán ha dado un primer paso para trasladar su discurso del papel a los hechos, aunque al mantener la misma estructura del Gobierno, con sus quince consejeros y remitir a los niveles inferiores la reducción de altos cargos, no haya emitido un mensaje claro sobre su voluntad de conseguir una administración eficaz. El tiempo dirá si pone en marcha una reforma legal que supone una quiebra en la forma tradicional que tiene el PSOE de entender la Junta de Andalucía.
Pero sin necesidad de cambiar ninguna ley, Griñán va a tener en los próximos día una gran oportunidad para lograr una administración más técnica y precisamente en conexión con su deseo de dar un mayor protagonismo a las estructuras provinciales para que la mayoría de los expedientes “se resuelvan en cada una de las provincias”. Se trata del nombramiento de los delegados provinciales, designación que en tiempos de Chaves dependía mucho más de criterios políticos de cada Comité Provincial del PSOE que de criterios técnicos decididos por el Gobierno. Para mí, que sería suficiente con nombrar a personas que cumplieran dos requisitos que cumplían los delegados nombrados por Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla: el obvio de saber de la materia de que se ocupa su consejería y el prudente de no vivir en la provincia para la que se le nombra. Quiero insistir en este último punto porque se ha abandonado con el argumento de que se debe nombrar delegados que conozcan muy bien la sociedad provincial. Sin embargo, este argumento que es lógico para elegir cargos electos (como diputados y alcaldes) no lo es para cargos designados, cuya función principal es la de tramitar expedientes, que inevitablemente ven mermada su autonomía por los lazos personales que les unen con los administrados. Por decirlo de forma clara y directa: darle más poder a las delegaciones provinciales sin cambiar el sistema real de designación de sus titulares incrementa el riesgo de caciquismo y arbitrariedad de una forma exponencial.
Como todos tenemos en nuestra memoria -desde el Algarrobico en el Cabo de Gata hasta las balsas de fosfoyesos en Río Tinto- ejemplos similares de desidia administrativa, el apoyo a la reforma ha sido unánime. Igual de unánime ha sido el apoyo a los medios que piensa utilizar Griñán: la profesionalización y la descentralización administrativa y política, cediendo competencias tanto a las delegaciones provinciales de la Junta como a los Ayuntamientos. La oferta de Griñán de modificar la “normativa básica” para garantizar a los funcionarios una carrera profesional y reservarles determinados puestos es casi revolucionaria porque en los 27 años de gobierno socialista de Andalucía se ha hecho justo lo contrario, incrementar el grado de “flexibilidad” en la designación de destinos administrativos. De tal forma que puestos antaño cubiertos por técnicos hoy están repletos de políticos, como las presidencias de los puertos y las direcciones de empresas públicas; por no hablar de muchas gerencias provinciales y jefaturas de servicios ocupadas por funcionarios “leales”. Al renovar a los titulares de las consejerías más directamente implicadas en la reforma administrativa (Justicia y Administración Pública, Gobernación y Presidencia) Griñán ha dado un primer paso para trasladar su discurso del papel a los hechos, aunque al mantener la misma estructura del Gobierno, con sus quince consejeros y remitir a los niveles inferiores la reducción de altos cargos, no haya emitido un mensaje claro sobre su voluntad de conseguir una administración eficaz. El tiempo dirá si pone en marcha una reforma legal que supone una quiebra en la forma tradicional que tiene el PSOE de entender la Junta de Andalucía.
Pero sin necesidad de cambiar ninguna ley, Griñán va a tener en los próximos día una gran oportunidad para lograr una administración más técnica y precisamente en conexión con su deseo de dar un mayor protagonismo a las estructuras provinciales para que la mayoría de los expedientes “se resuelvan en cada una de las provincias”. Se trata del nombramiento de los delegados provinciales, designación que en tiempos de Chaves dependía mucho más de criterios políticos de cada Comité Provincial del PSOE que de criterios técnicos decididos por el Gobierno. Para mí, que sería suficiente con nombrar a personas que cumplieran dos requisitos que cumplían los delegados nombrados por Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla: el obvio de saber de la materia de que se ocupa su consejería y el prudente de no vivir en la provincia para la que se le nombra. Quiero insistir en este último punto porque se ha abandonado con el argumento de que se debe nombrar delegados que conozcan muy bien la sociedad provincial. Sin embargo, este argumento que es lógico para elegir cargos electos (como diputados y alcaldes) no lo es para cargos designados, cuya función principal es la de tramitar expedientes, que inevitablemente ven mermada su autonomía por los lazos personales que les unen con los administrados. Por decirlo de forma clara y directa: darle más poder a las delegaciones provinciales sin cambiar el sistema real de designación de sus titulares incrementa el riesgo de caciquismo y arbitrariedad de una forma exponencial.
Comentarios
Enhorabuena.
BA