Artículo publicado en EL PAÍS el 8 de octubre de 2013
A la memoria de Rafael Barranco Vela
Entre
las tareas que nuestros políticos han afrontado este verano destaca sobremanera
la lucha contra la corrupción, que casi habría que escribir con mayúscula, la
Corrupción, tal y como parece que la pronuncian algunas personas públicas,
afanadas en su batalla contra este monstruo, convertido en un nuevo Behemoth
bíblico, como el que conoció Thomas Hobbes en la turbulenta Inglaterra del
siglo XVII y contra el que diseñó el Leviatán, el buen monstruo estatal. Así,
estamos impacientes por ver cómo se desarrollan las cuarenta medidas del plan
nacional de regeneración democrática que el Gobierno acaba de aprobar y que,
por lo que ha anunciado, va a afectar a diez leyes con el propósito de reforzar
el control de la actividad económica de los partidos, mejorar la regulación del ejercicio de cargos
públicos e implantar medidas penales y procesales de lucha contra la
corrupción.
Por
fortuna, el Gobierno no está solo en esa lucha pues todos los partidos de la oposición
tiene el mismo objetivo, como demuestran a diario en sus declaraciones y han
corroborado con hechos en la votación de la Ley de Transparencia en el
Congreso: varios partidos la hayan apoyado y los que no lo han hecho como el
PSOE, IU y UPD, ha sido porque el texto les ha parecido insuficiente. Para los
ciudadanos es una tranquilidad ver que en el debate político todos los partidos
han asumido la idea de que hay que legislar teniendo en cuenta que -usando la
clásica frase de James Madison- los
hombres no son ángeles, de tal forma que es necesario extremar los mecanismos
de control. Como esa tarea de los
partidos es hercúlea, creo que los ciudadanos no debemos dejarlos solos y
tendríamos que pensar cómo ayudarles.
Lógicamente,
la primera ayuda que a uno se le ocurre es la de hacerles sugerencias sobre esa
legislación que tanto les preocupa. Por ejemplo, si el PP ha ideado un Consejo
de Transparencia y Buen Gobierno, se le puede sugerir que su Presidente debería
de ser una persona nombrada por consenso y no por el Ministro de Hacienda
(aunque refrendado por una Comisión del Congreso). Si la instrucción penal va a
recaer en los fiscales, paralelamente habría que convertirlos en independientes
del Gobierno, evitando situaciones tan esperpénticas como la protagonizada por
el Ministro de Justicia en el Senado “garantizando” -como si él fuera su jefe-
que las distintas fiscalías territoriales actúan de un "modo
homogéneo" en los casos de robos de bebes. Si se va a objetivar el sistema
de nombramiento de los secretarios municipales, a lo mejor sería conveniente
devolverles su antiguo papel de jefes de personal o buscar cualquier otra forma
de evitar la continua injerencia de los políticos en la carrera administrativa
de los funcionarios locales. Si se ha
modificado el Código Penal para suprimir el ominoso privilegio que tenían los
partidos y los sindicatos de no tener ninguna responsabilidad penal, a
diferencia del resto de las personas jurídicas, y se propone introducir el
delito de financiación ilegal de los partidos, no se debería olvidar modificar
la prevaricación administrativa para que su única pena deje de ser la inhabilitación. Y desde luego, habría que acabar con la preconstitucional capacidad del
Gobierno de indultar a quien le venga en gana, incluidos no pocos alcaldes y
concejales.
En
fin, se podrían hacer muchas propuestas de mejora de nuestra legislación, como
las que brillantemente ha realizado mi colega Joan Ridao sobre las campañas
electorales. Sin embargo, pensándolo mejor, el Gobierno y la oposición ya
tienen sus propios expertos de gran nivel (tanto que algunos terminan en el
Constitucional) que estudian todos los pros y los contras de los remedios
legislativos que a los juristas de a pie se nos puedan ocurrir. Así que hay que
buscar otra forma de echar una mano. Y como los partidos están muy ocupados en
el diseño legislativo y no siempre les queda tiempo para los análisis de los
casos concretos de corrupción, creo que nuestra ayuda debería de centrarse en
esos casos.
Por ejemplo,
diciéndoles educadamente no solo que no vamos a votar una lista con candidatos
procesados, sino que tampoco votaremos a un partido que no limpie adecuadamente
sus filas de personas implicadas directa o indirectamente en casos de
corrupción. Y esto nos lleva a un punto tan concreto que los partidos, con sus
grandes preocupaciones, no siempre tienen tiempo de atender: una cosa es la
responsabilidad penal y otra es la política. Así, el caso Bárcenas no puede
terminarse políticamente con un “me equivoqué” y ni una sola dimisión por
nombrar y mantener a esa persona gestionando la contabilidad del PP durante más
de quince años. Ni el de los ERE con un “me avergüenzo” y a esperar los
resultados de una causa judicial que ya ronda los 120 imputados. Por fortuna,
hoy la tecnología nos permite brindar fácilmente este tipo de ayuda a los
partidos: basta con firmar en alguna de las plataformas de peticiones que
existen en Internet, como son Avaaz.org y Change.org. Quién nos iba a decir que el derecho de
petición, típicamente medieval, iba a revivir en la era digital para ponerse al
lado del derecho de voto y, juntos, permitirnos a los ciudadanos luchar contra
la corrupción.
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