Ir al contenido principal

SITUACIÓN EXCEPCIONAL, GOBIERNO EXCEPCIONAL


Artículo publicado en EL PAÍS  el 9 de octubre de 2017

             Pocas dudas hay a la hora de calificar el desafío independentista catalán como la mayor crisis política desde el golpe de Estado de 1981. Si acaso, ya hay quien piensa que es todavía peor y se remonta hasta 1936. Sea como sea, lo cierto es que los constitucionalistas andamos muy ocupados estos días tristes de otoño dándole vueltas a los instrumentos jurídicos que podría usar el Gobierno para responder a una eventual declaración unilateral de independencia. Por lo que veo en las encuestas que nos hacen los medios de prensa, me parece que la mayoría de constitucionalistas pensamos que el Gobierno no debería de recurrir otra vez al Tribunal Constitucional para que inhabilite a Puigdemont y compañía, sino que el propio Gobierno debería de dar un paso al frente en la defensa del Estado de Derecho y usar el artículo 155 de la Constitución, descartando la opción de la Ley de Seguridad Nacional, que en septiembre parecía la norma preferida por el Gobierno (quizás porque le evitaba tener que pasar por las sedes parlamentarias). Y desde luego, de momento mejor ni hablar de usar alguno de los estados de excepción que establece el artículo 116 de la Constitución y que tan eficaces se demostraron para acabar con la huelga de los controladores aéreos en diciembre de 2010.

            Claro que mientras la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional y la Ley Orgánica 4/1981, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio regulan con cierto detalle las medidas que el Gobierno puede adoptar para superar las situaciones de crisis, no sucede igual con el artículo 155 de la Constitución que se refiere a las “medidas necesarias” para obligar a una Comunidad al “cumplimiento forzoso de sus obligaciones”, pero no las detalla; de tal forma que los constitucionalistas discrepamos si esas medidas solo pueden ser instrucciones que se le dan a las autoridades autonómicas o si incluyen, también, la suspensión del President de la Generalitat y la convocatoria de elecciones autonómicas. Evidentemente, si discrepamos los académicos entre nosotros -que solo nos movemos por consideraciones jurídicas, o eso nos gusta pensar- mucho más lo harán los partidos, que aplicando la ética de la responsabilidad que explicó Max Weber, deben de tener en cuenta además consideraciones políticas, incluyendo sus legítimos intereses partidarios.

            Así las cosas, parece conveniente pensar una fórmula política que permita la máxima coordinación entre los partidos constitucionales para evitar que, coincidiendo en el objetivo de defender el Estado de Derecho, discrepen en los medios para hacerlo.  La fórmula empleada hasta ahora de entrevistas individuales del Presidente Rajoy con Sánchez y Rivera en este momento del desafío separatista es claramente  insuficiente, más si se tiene en cuenta el grado de unión que están mostrando las fuerzas independentistas mientras que el Gobierno de Rajoy no dispone de una mayoría sólida en el Congreso y Podemos no parece especialmente preocupado por la violación de la Constitución que está realizando la Generalitat. Estamos ante una emergencia nacional que debería afrontarse con una medida excepcional: un gobierno de concentración.  Concentración y no coalición porque no sería un gobierno que pretendiera realizar un programa político previamente pactado durante una legislatura, sino un gobierno pensado única y exclusivamente para afrontar la grave crisis constitucional y por el tiempo excepcional que dure ésta. En él, el PSOE ocuparía la vicepresidencia primera y Ciudadanos, la segunda y entre los cambios de carteras se sustituirá al ministro de Interior por los evidentes fallos de organización en el operativo policial del 1-O. En el seno de este Gobierno se adoptarían entre todos las imprescindibles medidas coercitivas a las que el Estado parece abocado si las autoridades de la Generalitat persisten en lo que el Rey ha llamado una vulneración sistemática de “las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado", una “conducta irresponsable que incluso puede poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España".
                                              
            Si miramos el afecto, el grado de sintonía y los intereses que hay entre los líderes del PP, del PSOE y de Ciudadanos, esta propuesta de un gobierno de concentración parece completamente ilusa. Tampoco ayuda, repasar la Historia: ni siquiera en los muchos más dramáticos momentos del golpe de Estado de julio de 1936 supieron los partidos democráticos ponerse de acuerdo, de tal forma que el Gobierno que formó José Giral el 19 de julio estaba formado exclusivamente por republicanos de izquierda y hubo que esperar a septiembre para que el presidente Azaña encargara a Largo Caballero la formación de un gobierno de coalición, que distó mucho de funcionar coordinadamente. Algo muy distinto a la reacción de las fuerzas políticas británicas menos de un año después: Winston Churchill pudo formar el 10 de mayo de 1940 un gobierno de concentración nacional que llevó al país a la victoria contra el nazismo.

            Por fortuna, los tiempos actuales no son tan dramáticos y la división entre las fuerzas constitucionalistas no es tan radical. Quizás nos sorprendan dejando a un lado sus reticencias y puedan realizar un gran acto de patriotismo constitucional, ese que frente al nacionalismo de base étnica-cultural de otros, significa -en palabras de Jürgen Habermas- “el orgullo de haber logrado superar duraderamente el fascismo, establecer un Estado de derecho y anclar éste en una cultura política, que, pese a todo, es más o menos liberal”.





Comentarios

Entradas más leídas

FARMACIAS INTOCABLES

Artículo publicado en EL OBSERVATORIO de los nueve periódicos del Grupo Joly el domingo 5 de abril de 2009.

Por fin llega una semana con buenas noticias económicas: el G-20 ha logrado un acuerdo espectacular para luchar contra la recesión mundial con 745.000 millones de euros; el Gobierno español interviene la Caja de Castilla la Mancha y, con un simple aval de 9.000 millones de euros, su millón de impositores podrán estar tranquilos pues saben que tocan a 9.000 euros por cabeza; el paro únicamente ha crecido en 123.543 personas, el menor incremento en los últimos seis meses, según el Ministerio de Trabajo, que no es cosa de hacer la comparación de forma anual y concluir justo lo contrario. Por todo ello, no es extraño que haya pasado casi inadvertido el proyecto de ley sobre el libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. Este audaz proyecto del Gobierno, en cumplimiento de la Directiva de servicios de la Unión Europea, supone la modificación de 46 leyes estatales y se…

LOS DERECHOS ADQUIRIDOS DE LOS FUNCIONARIOS

Artículo publicado en El Diario de Cádiz y los otros ocho periódicos del Grupo Joly el 18 de agosto de 2010.

    Entre tanta noticia jurídica de primera magnitud apenas ha tenido cabida en los medios de comunicación que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso interpuesto por Comisiones Obreras contra el recorte salarial de los empleados públicos, que la central sindical considera una “confiscación” prohibida por la Constitución. Es más, en la vorágine informativa no pocos periódicos que han dado la noticia la han contado de tal forma que parecía que lo recurrido era el Decreto-ley  8/2010, cuando en realidad era la Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas del personal funcionario de la Administración General del Estado. En el fondo, no están faltos de razón: cómo la Resolución se basa en el Decreto-ley, los argumentos contra la Resolución serán en realidad casi…

La inquina de un juez

Artículo publicado en el Diario de Cádiz y los otros ocho periódicos del Gupo Joly, domingo, 7 de septiembre de 2008. VERSIÓN COMPLETA, la abreviada puede consultarse en: Granada Hoy

El gran Jeremías Bentham teorizó en el siglo XIX sobre las dos perspectivas que puede adoptar el jurista en relación con la ley, la del expositor que cuenta lo que la ley dice y la del censor que señala sus fallos y propone su reforma. Desde que aprendemos en primero de carrera esta elemental diferencia, casi todos los juristas en activo adoptamos siempre que podemos la muy elegante segunda perspectiva, criticando con pasión los muchos y muy deficientes errores de nuestras leyes. Así, el Código Penal “de la democracia” ha sido tan vapuleado por la doctrina que he tenido ocasión de asistir a una brillante conferencia de uno de sus propios padres intelectuales cuyo tema central no era otro que... criticar el nuevo Código.

Por eso, no es extraño que desde su aprobación en 1995 el Código Penal lleve ya veinti…