Artículo publicado el 23 de abril de 2019 en el Diario de Sevilla y los otros ocho periódicos del Grupo Joly.
Con
la campaña electoral ha vuelto el relator: para exigirlo (Torra), para negarlo
(Rivera) o para no descartarlo (Sánchez). Con tanta discrepancia, creo que
puede ser útil opinar sobre esta figura partiendo de una reflexión general,
para lo cual es muy adecuado el libro de combate
contra el partido republicano No pienses
en un elefante que publicó el lingüista George Lakoff en 2004. Su tesis era
que los republicanos habían ganado las elecciones presidenciales porque habían
conseguido imponer sus marcos mentales en el debate político, especialmente la
idea de la importancia de la familia tradicional en la sociedad americana.
Llevara razón o no en las propuestas que hacía para combatir esa visión (algunas
de la cuales usó Zapatero en las elecciones de 2008 ya que Lakoff fue uno de
sus asesores), lo cierto es que supo poner de relieve que en cualquier debate
político no solo las palabras tienen importancia, sino que es decisivo el
contexto en que esas palabras se pronuncian. Thorstein Veblen y José Ortega y
Gasset ya se habían dado cuenta de que si un político lograba que su posición se
identificara con una palabra que en un momento histórico fuera considerada honorífica o talismán, tendría ganado el debate; Lakoff va más allá y nos enseña
que si un problema se discute dentro de los términos mentales que ha fijado un
contendiente, éste ya ha ganado el debate dado que la posición de los demás
será la de defenderse continuamente. Algo de eso debió de suceder en Andalucía
durante muchos años, cuando el debate político transcurría dentro de la idea de
que la autonomía -lograda gracias al PSOE- era una palanca imprescindible para
salir de subdesarrollo y el PP hacía ímprobos esfuerzos para negar que fuera su
enemigo. No creo que sea una casualidad
que el PSOE haya perdido el gobierno andaluz al mismo tiempo que la acerba
crítica de Vox a la autonomía lograba eco electoral.
Pues
bien, la idea del independentismo catalán de constituir una mesa de partidos
para abordar la situación política en Cataluña supone implícitamente una
ruptura de nuestro marco mental de actuación política que es la del Estado
autonómico, con su ordenamiento jurídico (Constitución y Estatuto) y su
entramado institucional (Cortes y Parlament).
La Mesa implica situarse en un
marco mental similar al que se creó en 1975 cuando se formó el Consejo de
Fuerzas Políticas de Cataluña, cuyos objetivos eran la “ruptura democrática” y la
restauración del Estatuto de 1932; sin aceptar para nada la legitimidad del
ordenamiento jurídico franquista. Evidentemente, en 2019 no se pide expresamente
una ruptura con el ordenamiento constitucional; antes al contrario, se usan
palabras honoríficas: ¿Quién puede oponerse a un diálogo que busca la integración en España de dos
millones de catalanes que apoyan la independencia? Pero el simple hecho de
constituir la Mesa supone una
deslegitimación del ordenamiento democrático español. El problema no son las
palabras, sino el marco mental en el que se pronuncian. Por eso, será muy
difícil que cualquier cosa que se haga dentro de ese marco no termine
beneficiando el relato de los
independentistas y perjudicando la visión constitucional.
La
aceptación de la figura del relator es una prueba de ello: lleva implícita la
idea de un conflicto (internacional o no, que es algo secundario) que debe
resolverse con la ayuda de personas neutrales, dado que no es posible hacerlo
dentro del estrecho ordenamiento jurídico actual, que luego se cambiará para recoger
lo que se haya pactado. Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat, lo ha
dicho de forma explícita: con la Mesa
se trata de conseguir mayor “flexibilidad” para lograr un acuerdo que luego se
presentaría "a las instituciones
para los cambios legales". Es decir, poco más o menos como se hizo en la
Transición con la Ley para la reforma política que permitió las elecciones constituyentes de junio de 1977. Otra
vez se vuelven a usar palabras honoríficas tranquilizadoras: si una parte no se
fía de la otra ¿no es una prueba de buena voluntad que haya una “persona
neutral” en medio? Incluso hasta se recuerda que en la década del 2000 vinieron
a España dos relatores especiales de la ONU para revisar las denuncias de
tortura y el Estado español los aceptó sin alharacas. Una vez más, el problema
no lo crean las palabras, sino el marco en el que se pronuncian. Por eso, aceptar un relator es un error menor
que aceptar una mesa de partidos al margen de las instituciones
constitucionales, por mucho que el primero origine un revuelo mediático que no
origina la segunda. El PSOE no se ha dado cuenta de que si se acepta la
propuesta independentista se entra en su marco mental, contribuyendo a su relato deslegitimador de las
instituciones constitucionales españolas. ¡Por favor, Lakoff vuelve a asesorar a
los socialistas!
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