Artículo publicado el 24 de mayo de 2019 en el Diario de Sevilla y los otros ocho periódicos del Grupo Joly.
¿Hará
algo similar con el recurso de amparo que ha presentado Miquel Iceta y los
demás miembros del Grupo Parlamentario Socialistes de Catalunya? El recurso ha
pasado el exigente filtro de la admisión, donde encallan más del 95% de ellos,
porque el recurso “plantea un problema de un derecho fundamental sobre el que
no hay doctrina y el asunto trasciende del caso concreto porque pudiera tener
unas consecuencias políticas generales”.
Sin embargo, el resultado final no se ve nada claro porque el recurso se
ha presentado contra la decisión de la Mesa del Parlament del 16 de mayo de elegir la votación electrónica (que
permite votar en contra) en lugar de la votación con papeletas (en la que solo
es posible votar nombres, en blanco o abstenerse) pero no se ha presentado
también contra la decisión de no proponer a Iceta, adoptada por el Pleno ese
mismo día. Como históricamente la forma
de voto en el Parlament para esas
votaciones ha sido la electrónica -que tiene la ventaja de la rapidez- en
principio no parece que la Mesa haya vulnerado ningún derecho por decidir lo
mismo que siempre ha decidido.
LA ARBITRARIEDAD DEL PARLAMENT
Desde
nuestra venerable Constitución de Cádiz, la separación de poderes supuso
históricamente que las decisiones del poder legislativo no podían ser
controladas por ninguna otra institución del Estado: si eran leyes se
consideraban inatacables, al ser producto de la voluntad popular, y si no lo
eran, se consideraban actos internos en los que nadie podría interferir. Pero la Historia nos ha demostrado que
llevaba razón Thomas Jefferson cuando escribió que “ciento setenta y tres
déspotas pueden ser tan opresores como uno solo”. Por eso, en todo el Mundo
democrático se fueron inventando técnicas para evitar ese resultado. En España,
la Constitución de 1978 creó el Tribunal Constitucional para, entre otras
cosas, controlar las arbitrariedades de nuestros dieciocho poderes
legislativos. Y no se puede decir que no se haya aplicado a esa tarea de
controlar tanto las leyes como los actos internos. Así, ya en sus primeras
sentencias declaró inconstitucional una ley de tanto calado como la LOAPA (STC
76/1983) y anuló la denegación de un suplicatorio a un senador socialista (STC
90/1985). En el ámbito concreto del nombramiento de los senadores autonómicos,
el Constitucional ya ha tenido ocasión de declarar que un Parlamento no puede
revocar una designación previa (STC 123/2017).
Por tanto, el
verdadero problema constitucional es otro: si el Pleno de un Parlamento
autonómico puede rechazar la “propuesta” que realizan los grupos parlamentarios
y que solo pueden realizar ellos ya que el artículo 69.5 de la Constitución
exige que el número de senadores que le corresponda a cada Asamblea debe
elegirse asegurando “en todo caso, la adecuada representación proporcional”,
mandato que repiten el Estatut y la
Ley catalana 6/2010. Rechazo, por lo demás, del que no hay precedentes
en toda España desde que en junio de 1980 el Parlamento catalán fue el primero
en designar a siete senadores autonómicos, de tal forma que se ha creado una
costumbre parlamentaria a favor de la aceptación de las propuestas.
Mi
respuesta personal es que Pleno del Parlamento conserva su capacidad para rechazar
un candidato propuesto por un grupo, pero solo cuando ese candidato incurra en
una de las causas de inelegibilidad que señala la Ley Electoral, tal y como se
desprende del artículo 2 de la mencionada Ley 6/2010. Imaginemos, por ejemplo,
que se propusiera a un condenado por sentencia firme, o a un militar en activo,
o a un extranjero, etc. Solo en esos casos extremos podría el Parlamento
denegar su “ratificación” (art. 175 Reglamento del Parlament). Y aquí podría aplicarse la consolidada doctrina del propio
Tribunal Constitucional sobre la denegación del suplicatorio para procesar a un
parlamentario: el Pleno solo puede denegarlo motivando su decisión porque ya no
es posible limitarse a poner bolas blancas y negras en “el lugar
correspondiente”, como decía el antiguo Reglamento del Senado.
Si
un Parlamento no justifica su decisión de vetar al candidato propuesto por un
grupo realizaría una decisión arbitraria prohibida por el artículo 9.3 de la
Constitución. Y como el Pleno del Parlament
del 16 de mayo no justificó su rechazo a la designación de Iceta en ninguna de
las causas constitucionalmente admisibles (es más, sabemos que el motivo fue
una razón de oportunidad política, impedirle ser elegido Presidente del
Senado), violó el derecho de éste, de su grupo parlamentario y de sus electores
a participar en los asuntos públicos, garantizado en el artículo 23 de la
Constitución. Sin duda, Jefferson sigue
teniendo razón más de doscientos años después, otra cosa más dudosa es que, con
las prisas, el recurso de amparo se haya fundamentado correctamente.
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