Artículo publicado en EL ESPAÑOL el 8 de mayo de 2025
Ni el Gobierno ni Red Eléctrica (que es un apéndice del Gobierno) deben ser eliminados alegremente de la lista de sospechosos por el Gran Apagón del pasado lunes 28 de abril.
- El Presidente del Gobierno señala a los "operadores
privados", a los que se les exigirá responsabilidades.
- La presidenta de Red Eléctrica Española (REE) defiende la
actuación de su empresa, descartando cualquier culpa y apuntando a las empresas
generadoras, especialmente a desconexiones imprevistas de instalaciones solares
en el suroeste.
- Las empresas generadoras, distribuidoras y
comercializadoras, por su parte, rechazan cualquier responsabilidad y señalan a
REE como gestora de la red de alta tensión y responsable última de la
estabilidad del sistema eléctrico, una malla de 45.675 kilómetros.
Mis conocimientos eléctricos son modestos
—apenas distingo entre corriente continua y alterna—, y mis dotes
investigadoras no son mucho mejores. Por eso, mejor será que no especule y me
limite a esperar que los Hercule Poirot y Miss Marple convocados por el
Gobierno alcancen sus conclusiones. Sin embargo, para entretener la espera de
este "comité independiente", puedo analizar el marco normativo
aplicable, que podría arrojar luz sobre los sospechosos de este misterio
eléctrico.
No me detendré en las empresas
privadas, sospechosas habituales por su afán de lucro. Me centraré en los otros
dos actores principales de esta novela de intriga, el Gobierno y REE.
1. El Gobierno: entre la planificación y la intervención
La
Constitución declara que el Estado podrá planificar la actividad económica
general para atender las necesidades colectivas y le otorga competencia
exclusiva sobre las "bases y coordinación de la planificación general de
la actividad económica". Esta potestad se ha ejercido con celo en el
sector eléctrico, como demuestra una búsqueda en el BOE: 313 resultados para
"sector eléctrico" (setenta y uno en Legislación), 505 para
"sistema eléctrico" (139 en Legislación) y 609 para “distribución de
energía” (cuarenta y cuatro en Legislación). Si amplío la búsqueda, los resultados son inabarcables: 3.608 para
“electricidad” (128 en Legislación) y 37.401 resultados para “energía” (2.349
en Legislación).
La norma
principal de todo este bosque es la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, que ha sido modificada ampliamente por doce decretos-leyes aprobados
por Gobiernos de Sánchez (y ahora nada diré de esta deplorable técnica
legislativa para no difuminarme). La Ley tiene como objetivo "garantizar
el suministro de energía eléctrica" y establece un marco intervencionista.
Entre los aspectos relevantes para este caso, el Gobierno asume competencias
clave, como la regulación básica del suministro, las medidas para garantizar la
continuidad y la planificación eléctrica (arts. 3-4) y que las empresas
generadoras deben despachar su energía a través del operador del sistema (REE)
conforme a los reglamentos gubernamentales (art. 26).
El Gobierno ha aprobado un gran
número de normas para ejercer esas competencias: nada menos que 40 Reales
Decretos vigentes, comenzando por el fundamental Real Decreto 1955/2000, por el
que se regulan las “actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica”, que tiene siete grandes modificaciones desde que gobierna Sánchez. Además,
el Ministerio para la Transición Ecológica ha emitido 33 órdenes vigentes sobre
distribución, 24 sobre transporte y 14 sobre suministro. Entre ellas, la Orden
IET/2209/2015, que aprueba el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte
2015-2020, prorrogado hasta 2026, con tres modificaciones, por el Gobierno de
Sánchez.
Conviene
tener en cuenta un detalle sobre este plan, que la propia ministra para la
Transición Ecológica reveló en sede parlamentaria en marzo pasado: la inversión
prevista en él es insuficiente para mantener la red eléctrica, lo que le
ha llevado a abrir una consulta pública
para modificar los límites de inversión para las empresas productoras establecidos
en el Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre.
El control
de los poderes públicos sobre la red “privada” de electricidad no termina en
los Ministerios porque la Comisión Nacional de los Mercados también establece
normas vinculantes sobre ella. El mismo buscador del BOE nos informa de la
vigencia de 107 circulares y
resoluciones que ha dictado esta Comisión sobre energía. Algunas tan recientes
-y tan intervencionistas- como la Resolución de 6 de marzo de 2025, por la que
se modifican los procedimientos eléctricos para su adaptación a la negociación
cuarto-horaria en los mercados diario e intradiario.
Por tanto, esta
intensa regulación permite sospechar que el Gobierno tenga alguna
responsabilidad en el Gran Apagón, por acción (normas inadecuadas) u omisión
(falta de medidas para garantizar la estabilidad, sobre todo lo que los
técnicos llaman centrales de respaldo, siempre listas para intervenir).
2. Red Eléctrica Española: El operador bajo sospecha
Esta
empresa privada, pero controlada por el Gobierno, es designada como operador
del sistema por la Ley 24/2013 y le crea un régimen jurídico tan especial que
el artículo en que se regula alcanza las 1.793 palabras, posiblemente el
artículo más largo de todas las normas con rango de ley de España. Quedémonos con que su “función principal” es
la de “garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico y la
correcta coordinación del sistema de producción y transporte”.
A pesar de
las declaraciones de su presidenta, que descartan cualquier responsabilidad,
REE es un sospechoso plausible. La hipótesis de una desconexión masiva de
generación solar sugiere posibles fallos en la coordinación de las fuentes
energéticas. Además, las oscilaciones de tensión detectadas la semana previa al
apagón, que pusieron al sistema en situación límite, y la reducción posterior
del uso de renovables (del 70% el día del apagón) a niveles inferiores,
refuerzan la sospecha de una programación deficiente por parte de REE.
Así las
cosas, hemos avanzado un poco por nuestra cuenta y podemos afirmar que ni el
Gobierno ni REE —que no deja de ser un apéndice del Gobierno— deben ser
eliminados alegremente de la lista de sospechosos. Ahora necesitamos la ayuda de
Agatha Christie para reunir a todos los implicados en un amplio salón, donde
Hercule Poirot, con su meticulosa precisión, y Miss Marple, con su aguda
intuición, desvelen el misterio. Hasta que llegue ese momento, recordemos el
refrán: Entre todos la mataron y ella sola se murió.
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