Artículo publicado en la Revista de Andalucía del Grupo Joly de 6 de julio de 2008
Para que la actividad política sea como Dios manda, cada legislatura debe tener su propio objetivo de reforma institucional, algún desideratum que permita a los políticos elevarse de sus preocupaciones cotidianas y a los especialistas de Derecho Constitucional escribir elaborados trabajos sobre cómo mejorar nuestro baqueteado Estado autonómico. Más allá de los nuevos Estatutos, en la legislatura anterior estuvimos muy atareados con la reforma de la Constitución en los conocidos cuatro puntos de igualdad de sexos en la sucesión a la Corona, inclusión de la Unión Europea y de los nombres de las Comunidades Autónomas en la Constitución y reforma del Senado. Como no es de buen gusto insistir en los mismos asuntos mucho tiempo, en esta legislatura parece que se ha elegido otro tema igualmente apasionante: la reforma del sistema electoral.
El Gobierno ya se ha puesto manos a la obra, de tal manera que acaba de remitir al Consejo de Estado una petición para que redacte un informe -copio literalmente- "sobre las determinaciones constitucionales del régimen electoral general y sobre las principales propuestas de reforma del mismo que han sido objeto de debate político y doctrinal, analizando tanto su ajuste al marco constitucional como su funcionalidad para el conjunto del sistema". Remitir al supremo órgano consultivo del Gobierno tan delicada tarea es, sin duda, todo un acierto, como se demostró en la pasada legislatura cuando el Consejo de Estado elaboró -también a petición del Gobierno- un muy ponderado "Informe sobre modificaciones constitucionales", que fue de gran utilidad para celebrar varias jornadas de estudio y completar elegantemente algunas bibliotecas. Tiene también la ventaja de retrasar los debates políticos hasta que esté disponible el dictamen, de tal manera que no se pueda acusar a Zapatero de no cumplir la promesa que le hizo a Llamazares de constituir con carácter inmediato una ponencia en la Comisión Constitucional para “abordar y evaluar todo lo que afecta a la Ley Electoral”. Igualmente, es muy útil para rechazar, sin que por eso se le pueda decir que se está derechizando, las muy progresistas proposiciones de ley de IU-Esquerra Republicana para ampliar el derecho de sufragio de los extranjeros en las elecciones municipales y del Grupo mixto para poner mesas electorales en las embajadas en lugar de obligar a los residentes en el extranjero a votar siempre por correo.
En el caso de la política andaluza, reflejo de la española, Chaves también fue sensible en su debate de investidura a la reivindicación de IU de un sistema electoral más proporcional, si bien con su prudencia habitual defendió el consenso y dejó las soluciones para más adelante, según lo que acuerde la comisión parlamentaria prometida por Zapatero en el Congreso. Claro que el consenso es un acuerdo entre todos que no se consigue si uno no quiere, sobre todo si es el que ha ganado las elecciones. Así, el Pleno del Parlamento de Andalucía ha rechazado una proposición de ley para conseguir que las elecciones andaluzas no coincidan con las demás: 55 votos en contra (PSOE) y 51 a favor (PP e IU). No me atrevo a dar ninguna razón sobre lo conveniente que sería para la autonomía andaluza seguir el ejemplo de las tres grandes y llevar su propio calendario pues en estas mismas páginas tanto Ignacio Martínez como José Aguilar han dado sólidas razones para ello. Pero sí que debo señalar el paradójico argumento que el PSOE ha dado para oponerse a la proposición. Según él, con esa iniciativa se pretendía alterar las prerrogativas que el Estatuto de Autonomía atribuye al Presidente de la Junta, imponiéndole “un deber al que la propia norma estatutaria no le obliga”. Lo cual es completamente cierto, ¿pero no fue este mismo PSOE el que aprobó ilusionado un Estatuto de autonomía y una Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que obliga al Senado a elegir cuatro magistrados entre los propuestos por las Comunidades Autónomas, imponiendole así un deber que la propia Constitución no le impone? ¿Por qué lo que sirve para el Senado no sirve para el Presidente de la Junta? Me temo que la respuesta esté lejos de la lógica y cerca de la fantasía literaria: como diría Michael Ende, porque esa es otra historia, que será contada en otra ocasión.
Para que la actividad política sea como Dios manda, cada legislatura debe tener su propio objetivo de reforma institucional, algún desideratum que permita a los políticos elevarse de sus preocupaciones cotidianas y a los especialistas de Derecho Constitucional escribir elaborados trabajos sobre cómo mejorar nuestro baqueteado Estado autonómico. Más allá de los nuevos Estatutos, en la legislatura anterior estuvimos muy atareados con la reforma de la Constitución en los conocidos cuatro puntos de igualdad de sexos en la sucesión a la Corona, inclusión de la Unión Europea y de los nombres de las Comunidades Autónomas en la Constitución y reforma del Senado. Como no es de buen gusto insistir en los mismos asuntos mucho tiempo, en esta legislatura parece que se ha elegido otro tema igualmente apasionante: la reforma del sistema electoral.
El Gobierno ya se ha puesto manos a la obra, de tal manera que acaba de remitir al Consejo de Estado una petición para que redacte un informe -copio literalmente- "sobre las determinaciones constitucionales del régimen electoral general y sobre las principales propuestas de reforma del mismo que han sido objeto de debate político y doctrinal, analizando tanto su ajuste al marco constitucional como su funcionalidad para el conjunto del sistema". Remitir al supremo órgano consultivo del Gobierno tan delicada tarea es, sin duda, todo un acierto, como se demostró en la pasada legislatura cuando el Consejo de Estado elaboró -también a petición del Gobierno- un muy ponderado "Informe sobre modificaciones constitucionales", que fue de gran utilidad para celebrar varias jornadas de estudio y completar elegantemente algunas bibliotecas. Tiene también la ventaja de retrasar los debates políticos hasta que esté disponible el dictamen, de tal manera que no se pueda acusar a Zapatero de no cumplir la promesa que le hizo a Llamazares de constituir con carácter inmediato una ponencia en la Comisión Constitucional para “abordar y evaluar todo lo que afecta a la Ley Electoral”. Igualmente, es muy útil para rechazar, sin que por eso se le pueda decir que se está derechizando, las muy progresistas proposiciones de ley de IU-Esquerra Republicana para ampliar el derecho de sufragio de los extranjeros en las elecciones municipales y del Grupo mixto para poner mesas electorales en las embajadas en lugar de obligar a los residentes en el extranjero a votar siempre por correo.
En el caso de la política andaluza, reflejo de la española, Chaves también fue sensible en su debate de investidura a la reivindicación de IU de un sistema electoral más proporcional, si bien con su prudencia habitual defendió el consenso y dejó las soluciones para más adelante, según lo que acuerde la comisión parlamentaria prometida por Zapatero en el Congreso. Claro que el consenso es un acuerdo entre todos que no se consigue si uno no quiere, sobre todo si es el que ha ganado las elecciones. Así, el Pleno del Parlamento de Andalucía ha rechazado una proposición de ley para conseguir que las elecciones andaluzas no coincidan con las demás: 55 votos en contra (PSOE) y 51 a favor (PP e IU). No me atrevo a dar ninguna razón sobre lo conveniente que sería para la autonomía andaluza seguir el ejemplo de las tres grandes y llevar su propio calendario pues en estas mismas páginas tanto Ignacio Martínez como José Aguilar han dado sólidas razones para ello. Pero sí que debo señalar el paradójico argumento que el PSOE ha dado para oponerse a la proposición. Según él, con esa iniciativa se pretendía alterar las prerrogativas que el Estatuto de Autonomía atribuye al Presidente de la Junta, imponiéndole “un deber al que la propia norma estatutaria no le obliga”. Lo cual es completamente cierto, ¿pero no fue este mismo PSOE el que aprobó ilusionado un Estatuto de autonomía y una Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que obliga al Senado a elegir cuatro magistrados entre los propuestos por las Comunidades Autónomas, imponiendole así un deber que la propia Constitución no le impone? ¿Por qué lo que sirve para el Senado no sirve para el Presidente de la Junta? Me temo que la respuesta esté lejos de la lógica y cerca de la fantasía literaria: como diría Michael Ende, porque esa es otra historia, que será contada en otra ocasión.
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