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TEORÍA INGLESA DE LA CORRUPCIÓN

Artículo publicado en EL OBSERVATORIO de los nueve periódicos del Grupo Joly el domingo 8 de marzo de 2009.


La semana político-judicial que hoy acaba ha sido una de las más espectaculares de los últimos tiempos, casi al mismo nivel de record que el incremento del paro y el descenso de las Bolsas. Así, los alcaldes de Arganda y Pozuelo y otras 35 personas han sido imputados por el juez Garzón; dos personas han sido condenadas por el caso de las facturas falsas del Ayuntamiento de Sevilla, continúan las noticias procesales sobre el alcalde de Alcaucín, con un colchón repleto de euros tal y como manda la iconografía tradicional. En el otro extremo de la modernidad, triunfa en youtube un vídeo en el que supuestamente el alcalde de Ohanes acepta un soborno. Un éxito de visitas casi equiparable al del nuevo trabajo de El Koala, Soy arbañi. El Presidente Chaves ha sido contundente al juzgar el caso Gürtel: se trata de un “hecho estructural” dentro del PP, que recorre este partido “de arriba abajo”. Un muy duro calificativo, a la altura de la opinión de Javier Arenas, para quien el PSOE solo ha traído a Andalucía “despilfarro, paro y corrupción" y su Chaves es el responsable político “del festival de escándalos”.

Si se adoptara la flema británica, uno estaría tentado de darles la razón a los dos y zanjar el caso recordando alguna frase aplicable al caso, como la conocida de Lord Acton, “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Pero no caigamos en la tentación ya que al fin y al cabo sigue siendo verdad otra frase famosa, la que pronunció Winston Churchill en la Cámara de los Comunes en 1947: la democracia es la peor forma de gobierno, con excepción de todas las demás. Y no hay democracia posible sin partidos. Así que no descalifiquemos a estos instrumentos de participación política, al contrario de lo que hacen sus líderes, e intentemos pensar cómo combatir la corrupción, sobre todo en las instituciones donde más se está produciendo, en los municipios.

En mi particular opinión, habría que empezar por abandonar el tópico de la honradez natural de la gran mayoría de alcaldes y concejales. Por supuesto que lo son, pues para algo existe la presunción de inocencia; pero no se trata de legislar sobre personas, sino sobre instituciones, y para eso es mucho mejor partir de la vieja frase de Lord Acton, que nos sitúa en una sana desconfianza hacia el poder. No en balde esta misma semana hemos sabido que la justicia investiga el urbanismo de 18 de los 29 municipios de la Axarquía. Pues bien, mientras se ha conseguido una aceptable legislación penal para luchar contra la corrupción, no se puede decir lo mismo de la local, la electoral y la urbanística. Y otro tanto cabe decir del ámbito administrativo, de aplicación de esa misma legalidad, donde las instituciones supramunicipales han sido increíblemente pasivas ante los incumplimientos locales, como prueba que la misma Axarquía, la cuenca del Almanzora y Chiclana hayan sido noticia recientemente por tener miles de viviendas construidas en terreno rústico. Del control interno de los partidos, mejor no hablar: no soy capaz de recordar un solo caso de alcalde expulsado por corrupción antes de ser imputado porque siempre se confunde la presunción de inocencia, que es una técnica penal, con la responsabilidad política. Lo lógico sería no presentar a la reelección a un alcalde con decenas de denuncias, muchas de ellas ratificadas o iniciadas por la propia Junta. Sin embargo, seamos benévolos en este punto: ¿quién se atreve a expulsar a un alcalde con tirón popular, que puede volver a ganar las elecciones como independiente y, de paso, desequilibrar una diputación? He aquí otro motivo para suprimirlas. Pero centrémonos en las medidas legislativas: a lo mejor en Andalucía podría crearse alguna subcomisión de estudio (de esas que abundan en el Congreso) para buscar técnicas contra la corrupción. Algo se consiguió con la Ley de Urbanismo de 2005, que creó el cuerpo de inspectores urbanísticos de la Junta. Pero todavía se pueden pensar muchas otras. Por si sirve de algo, aquí van algunas ideas: simplificar la legislación urbanística, que tanto margen de discrecionalidad permite, retomar las competencias urbanísticas autonómicas delegadas en los municipios, reforzar las competencias de los secretarios e interventores (o mejor objetivar su designación, sin que dependan de la voluntad de los Alcaldes), prohibir los indultos para ex cargos públicos, limitar el mandato de los alcaldes a dos legislaturas. En fin, no perdamos la esperanza pues, como dijo el más inglés de todos los ingleses, William Shakespeare, siempre nos queda la solución de cerrar los ojos y dormir, dormir, tal vez soñar...

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