Artículo publicado en EL OBSERVATORIO de los nueve periódicos del Grupo Joly el domingo 5 de abril de 2009.
Por fin llega una semana con buenas noticias económicas: el G-20 ha logrado un acuerdo espectacular para luchar contra la recesión mundial con 745.000 millones de euros; el Gobierno español interviene la Caja de Castilla la Mancha y, con un simple aval de 9.000 millones de euros, su millón de impositores podrán estar tranquilos pues saben que tocan a 9.000 euros por cabeza; el paro únicamente ha crecido en 123.543 personas, el menor incremento en los últimos seis meses, según el Ministerio de Trabajo, que no es cosa de hacer la comparación de forma anual y concluir justo lo contrario. Por todo ello, no es extraño que haya pasado casi inadvertido el proyecto de ley sobre el libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. Este audaz proyecto del Gobierno, en cumplimiento de la Directiva de servicios de la Unión Europea, supone la modificación de 46 leyes estatales y se calcula que cerca de otras 2000 disposiciones normativas, bastantes de ellas de las Comunidades Autónomas. Lógicamente, mucho más inadvertida ha pasado la comparecencia en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de la portavoz de Plafarma, la almeriense Norma Pérez Díaz, que solicitó el pasado martes el fin del monopolio en la concesión del servicio farmacéutico en España, el modelo más restrictivo de Europa -según ella-, por contravenir la libertad de establecimiento profesional garantizada por el Tratado de constitución de la Comunidad Europea, como por lo demás dictaminó la misma Comisión Europea en 2006.
Resulta francamente sorprendente que el Gobierno declare que la esencia de este macro anteproyecto de ley sea la libertad de establecimiento, fomente la competencia entre los profesionales y no toque una coma de la regulación farmacéutica, más allá de diversas disposiciones sobre la publicidad de los medicamentos. Así, nuestra regulación de la apertura de farmacias va a seguir incumpliendo el artículo 43 del Tratado CE en al menos cuatro puntos: la limitación del número de farmacias en función del número de habitantes y de la distancia mínima entre farmacias, el criterio de la experiencia profesional en la Comunidad Autónoma responsable de la autorización, la reserva de propiedad de una farmacia exclusivamente a los farmacéuticos y la prohibición de que un mismo farmacéutico sea propietario de más de una farmacia. Por no hablar de la comparación con otras profesiones: ninguna tiene un sistema de ejercicio similar, ni siquiera la de los médicos, lo que demuestra lo poco sólido que es el argumento de la atención sanitaria empleado para defender el numerus clausus pues si no se restringe la libre apertura de consultas, no puede ser lógico que se restrinja la apertura de farmacias, que se limitan a expedir los medicamentos recetados por los médicos.
¿Cuál puede ser la causa de la resistencia gubernativa a cambiar la legislación farmacéutica más allá de la poco convincente referencia a la necesidad de ofrecer cobertura farmacéutica en todo el territorio nacional, como si no se hubiera logrado el mismo resultado en otras necesidades básicas sin restringir la libertad? Plafarma lo tiene claro: se trata de la presión constante de los Colegios de Farmacéuticos que están logrando restringir la competencia. Algo de eso debe haber, como demuestra que la liberalización más importante que sufrió el sector (la posibilidad de apertura 24 horas) se lograra gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional. Pero tengo para mí que hay otro motivo mucho más fuerte: la “planificación farmacéutica” que realizan las Comunidades Autónomas atribuye un amplio poder a los políticos autonómicos, además de crear un buen número de funcionarios encargados de velar por el funcionamiento del sistema. Y con la que está cayendo, no parece conveniente ni prescindir de trabajadores, ni restringir el gasto público, ni demostrar que las cosas pueden funcionar mejor con la libertad de los ciudadanos que con la intervención de los políticos.
Por fin llega una semana con buenas noticias económicas: el G-20 ha logrado un acuerdo espectacular para luchar contra la recesión mundial con 745.000 millones de euros; el Gobierno español interviene la Caja de Castilla la Mancha y, con un simple aval de 9.000 millones de euros, su millón de impositores podrán estar tranquilos pues saben que tocan a 9.000 euros por cabeza; el paro únicamente ha crecido en 123.543 personas, el menor incremento en los últimos seis meses, según el Ministerio de Trabajo, que no es cosa de hacer la comparación de forma anual y concluir justo lo contrario. Por todo ello, no es extraño que haya pasado casi inadvertido el proyecto de ley sobre el libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. Este audaz proyecto del Gobierno, en cumplimiento de la Directiva de servicios de la Unión Europea, supone la modificación de 46 leyes estatales y se calcula que cerca de otras 2000 disposiciones normativas, bastantes de ellas de las Comunidades Autónomas. Lógicamente, mucho más inadvertida ha pasado la comparecencia en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de la portavoz de Plafarma, la almeriense Norma Pérez Díaz, que solicitó el pasado martes el fin del monopolio en la concesión del servicio farmacéutico en España, el modelo más restrictivo de Europa -según ella-, por contravenir la libertad de establecimiento profesional garantizada por el Tratado de constitución de la Comunidad Europea, como por lo demás dictaminó la misma Comisión Europea en 2006.
Resulta francamente sorprendente que el Gobierno declare que la esencia de este macro anteproyecto de ley sea la libertad de establecimiento, fomente la competencia entre los profesionales y no toque una coma de la regulación farmacéutica, más allá de diversas disposiciones sobre la publicidad de los medicamentos. Así, nuestra regulación de la apertura de farmacias va a seguir incumpliendo el artículo 43 del Tratado CE en al menos cuatro puntos: la limitación del número de farmacias en función del número de habitantes y de la distancia mínima entre farmacias, el criterio de la experiencia profesional en la Comunidad Autónoma responsable de la autorización, la reserva de propiedad de una farmacia exclusivamente a los farmacéuticos y la prohibición de que un mismo farmacéutico sea propietario de más de una farmacia. Por no hablar de la comparación con otras profesiones: ninguna tiene un sistema de ejercicio similar, ni siquiera la de los médicos, lo que demuestra lo poco sólido que es el argumento de la atención sanitaria empleado para defender el numerus clausus pues si no se restringe la libre apertura de consultas, no puede ser lógico que se restrinja la apertura de farmacias, que se limitan a expedir los medicamentos recetados por los médicos.
¿Cuál puede ser la causa de la resistencia gubernativa a cambiar la legislación farmacéutica más allá de la poco convincente referencia a la necesidad de ofrecer cobertura farmacéutica en todo el territorio nacional, como si no se hubiera logrado el mismo resultado en otras necesidades básicas sin restringir la libertad? Plafarma lo tiene claro: se trata de la presión constante de los Colegios de Farmacéuticos que están logrando restringir la competencia. Algo de eso debe haber, como demuestra que la liberalización más importante que sufrió el sector (la posibilidad de apertura 24 horas) se lograra gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional. Pero tengo para mí que hay otro motivo mucho más fuerte: la “planificación farmacéutica” que realizan las Comunidades Autónomas atribuye un amplio poder a los políticos autonómicos, además de crear un buen número de funcionarios encargados de velar por el funcionamiento del sistema. Y con la que está cayendo, no parece conveniente ni prescindir de trabajadores, ni restringir el gasto público, ni demostrar que las cosas pueden funcionar mejor con la libertad de los ciudadanos que con la intervención de los políticos.
Comentarios
De todas formas, como le decía, la razón de que exista el monopolio es que los titulares de farmacia agrupados en los colegios, untan de alguna forma al estado y el estado se aprovecha del miedo que da la liberalizacion para no pagar la deuda.
Su articulo es muy bueno, pero le pido que hinque más el colmillo.
Estimado Profesor:
He leído sendos artículos suyos, uno publicado en el Diario El País el 04/12/ 2.002 y otro, recentísimo, aparecido en el Diariodesevilla.es este Domingo de Ramos, en relación con la posición que mantiene en materia de planificación farmacéutica.
Mis primeras palabras sean de agradecimiento pues soy uno de los más de cuarenta mil Licenciados y Doctores en Farmacia a quienes este Estado de Derecho, nos tiene secuestrado nada menos que el Derecho Constitucional ( y Natural) de libre elección de profesión y oficio.
Pertenezco desde su fundación a PLAFARMA. Como sabe, PLAFARMA está personada como parte en la Cuestión Prejudicial que el TSJAsturias ha elevado ante el TJCE, para que este se pronuncie sobre determinado decreto de planificación publicado por la Consejería de Salud Asturiana. Pero a nadie escapa que ese pronunciamiento, lo será sobre la legalidad misma de la planificación de máximos. La Vista Oral de mencionada cuestión prejudicial, se verá el día 19 de Mayo. Por otro lado, el TJCE tiene pendiente el asunto del binomio “propiedad-titularidad” en la República Italiana, donde como es sabido, coexisten las farmacias privadas, con las farmacias de titularidad municipal, pese a lo cual, las Autoridades Sanitarias Italianas siguen sosteniendo que salvo que la titularidad sea municipal o farmacéutica, cualquier otra titularidad será perjudicial para la salud pública. Recientemente, el TJCE ha fallado el asunto conocido como de los “dentistas austriacos”, en cuya sentencia establece que incluso en materia sanitaria, debe primar la libertad salvo que existan causas (que cita, y que desde luego, tienen que ser probadas) que hagan imprescindible la restricción para la consecución del fin pretendido.
Y gravitando sobre todo esto, se encuentra el Dictamen Motivado abierto al Reino de España por infracción del artículo 43 del Tratado de la Unión, que va ya casi para tres años. Los centenares de denuncias que enviamos quienes luego constituimos PLAFARMA fueron determinantes para que la Comisión Europea remitiese el dictamen a España.
Frente a todo esto, hay dos hechos incontestables. Dos hechos que usted alude en sus artículos. Uno, que en países más avanzados que el nuestro y donde no operan este tipo de restricciones, el servicio farmacéutico no por ello es menos eficiente. En Reino Unido, por ejemplo, coexisten las farmacias propiedad de cadenas de farmacia con las farmacias de propietarios farmacéuticos. Y Dos, que dentro de las fronteras españolas, existe un sistema de planificación conocido como navarro, diametralmente opuesto al conocido como mediterráneo, de proximidad….o cualquier otro eufemismo que esconda su verdadero nombre, es decir, sistema corporativista, endogámico, o simplemente franquista (pues data del Decreto de 24 Enero de 1.941). Y llegados a este punto, me gustaría hacerle una consideración sobre una afirmación que usted hace a propósito del Decreto 909/78, en relación con el posterior desarrollo planificador que han ejercido las distintas CC.AA. Como supongo que conoce el Decreto, debo suponer también que coincidirá conmigo en que su artículo 3º otorga un derecho individual al Licenciado o Doctor en Farmacia a instar la nueva apertura de una farmacia, concurriendo eso sí, determinados requisitos orográficos. Sin embargo, la planificación impuesta a golpe de Decreto por las distintas administraciones autonómicas ( nunca en España, ningún asunto suscitó tal elevado grado de consenso entre la clase política) no permite siquiera este pequeño margen de libertad individual, estableciendo, regulando, planificando, y cerrando cualquier mínimo portillo a la autonomía de la voluntad, sistema que se cierra con unos baremos de méritos, milimétricamente diseñados para que las nuevas farmacias sean otorgadas a quienes ya tienen una, tanto más “experimentados” en la profesión, cuanto más lejana en el tiempo es su preparación Universitaria. El legislador autonómico de la democracia se convierte así, respecto del legislador estatal de la posguerra, en el alumno que supera a su maestro, pero esta vez, en restricción de Derechos civiles. Conviene tener este hecho muy presente para tener claro en todo momento quién es cada cual y qué es lo que pretende. Igualmente, el legislador nacional actual, ha rebasado ambos en desprecio a las libertades civiles y ¿por qué no decirlo? en sadismo jurídico. Vea usted el recientemente publicado “Proyecto de Ley (Boletín oficial de las Cortes Generales, 3 Abril 2009, número 23-1) sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio”, en especial su página seis, Artículo 2.2. Aquí, estimado profesor, el que no corre, vuela. Es evidente que cuanto más demócrata se es en las formas, más autoritario y corporativo, se es en el fondo. Véalo usted mismo. Compare las exposiciones de motivos y el articulado del Decreto de 24 de Enero de 1.941, con la exposición de motivos y el articulado de este proyecto de ley. Este texto contiene párrafos enteros que son literalmente copiados de Jurisprudencia del TJCE cuya razón en origen era proclamar libertades y remover obstáculos a la libertad. Vea el uso que a tal jurisprudencia se da por parte del liberticida y “progresista” legislador español.
Entre otros documentos que debería citarle, hay alguno que me parece imprescindible. Así, en la página de la fundación Alternativas, puede descargarse el último informe del profesor Ricardo Meneu que es un auténtico torpedo a la línea de flotación del “modelito” español. Otro documento que me parece demoledor para aproximarse al modo en que la clase farmacéutica establecida cifra el interés sanitario de la población, es el excelente estudio realizado por la Cátedra de Historia y Legislación de la Farmacia, de la Universidad de Granada, sobre litigiosidad farmacéutica. Le recomiendo su lectura, es simplemente espeluznante la cantidad de pleitos que puede suscitar un interés por la protección de la salud pública, tan desaforado como el que tiene un boticario cuando otro pretende abrir una farmacia en sus proximidades.
Por otro lado, el informe ECORYS, es otra pieza clave para desmontar la pretendida argumentación de los Colegios profesionales (principalmente el de Madrid y el de Valencia que funciona como un Consejo General paralelo) y de los dos principales partidos, clave del arco de este contubernio de corrupción y favores mutuos en que se ha convertido el llamado sistema mediterráneo. Desde el poder político se garantiza el monopolio para los establecidos, y estos a cambio, aceptan sumisos unas tablas de APORTACIÓN POR FACTURACIÓN a la Administración sanitaria que en el fondo, supone una devolución de parte de la factura farmacéutica, siendo la cifra de devolución tanto más grande, cuantas menos farmacias haya abiertas. Se establece así un perverso sistema sinalagmático que beneficia a ambos, pero que perjudica a los farmacéuticos que no podemos ejercer en general, y a los pacientes que ven reducida su asistencia sanitario-farmacéutica en particular, tanto en cantidad, cuanto en calidad. Este sistema entra en un círculo vicioso toda vez que se comprueba que la media del incremento del gasto en factura farmacéutica, aumenta alrededor del 10% al año, compensando a los farmacéuticos esta subida, con los potenciales descuentos que en su cuenta de resultados supone la aplicación de estas tablas de aportación por volumen de facturación. De hecho, cada año son más las farmacias que en ejercicios pasados no aportaban y que a partir de ahora, sí lo harán.
Pero hay hechos que no quiero dejar de resaltarle por cuanto describen sin sombra de duda, el verdadero ánimo y la verdadera intencionalidad del llamado sistema mediterráneo. El primero de ellos, es la constatación de la existencia de un mercado paralelo de medicamentos. Es decir, un mercado en el que algunas cooperativas de farmacéuticos operan como exportadores comerciales de medicamentos (la ley también permite que sean las farmacias directamente quienes vendan a distribuidores ) adquiridos a precio intervenido, a operadores de distribución extranjeros, pero a precio de libre mercado. Este fenómeno suele producirse con medicamentos cuya demanda supera a la oferta y cuyo precio en España es enormemente menor que en países de precio libre. Y no hablo sólo de conocidos estimuladores de la erección, sino también y sobre todo, de antivirales de imprescindible y perentoria administración a determinados pacientes. La consecuencia de este mercado paralelo, es el desabastecimiento de esos fármacos en las boticas españolas, cuestión que parece no importar mucho a los exportadores farmacéuticos de oficina constituidos en cooperativas de distribución de medicamentos. La segunda realidad, se acaba de constatar hace escasos días. La Comisión Nacional de la Competencia, acaba de sancionar a cuatro patronales farmacéuticas (FEFE, CEOFA , APROFARMA y APROFASE) por recomendar a los farmacéuticos adscritos a estas patronales, la no dispensación de los genéricos de los laboratorios DAVUR, simplemente porque al ser menor su costo, es menor su margen comercial. Es decir, se ha intentado robar a la Administración Pública Sanitaria con todo el descaro del mundo, sin que se sepa que nadie, ni por parte de los Colegios, ni por parte de la Patronal Farmacéutica, ni por supuesto, por parte del poder político, haya sido procesado penalmente por ello, haya dimitido, o simplemente se haya ruborizado.
Le digo todo esto, y termino, porque pongo todo el material de que dispongo (y le garantizo que no es poco) a su disposición para la elaboración de cualquier tipo de trabajo o colaboración periodística que se proponga realizar. Llevo años dedicando todo mi tiempo libre a este tema. Y seguiré haciéndolo mientras el cuerpo me haga sombra. Me despido de usted reiterándole en el nombre de PLAFARMA y en el mío propio, nuestro más profundo agradecimiento por sus escritos.
A su disposición.
Cruzverde .
plafarma@yahoo.es
En su día fue para mi un honor poder leer mi nombre entre tus líneas. Soy Norma Pérez Díaz, la farmacéutica de la que hablas en este artículo.
En primer lugar quisiera agradecerte que hayas decidido mostrar interés por nuestra causa, porque es algo que no conseguimos facilmente.
Esperaba poder escribir en tu blog para dar una gran noticia como que en en Europa se hace Justicia. Desgraciadamente hoy el TJCE nos ha dado un estocazo de muerte. Se ha dictado sentencia en el "Caso Italiano" a favor de la propiedad de las farmacias que por lo que parece, a juicio del abogado general Yves Bot(cuyo informe se ha seguido a pies juntillas)la propiedad tiene que ser del farmacéutico. Lo curioso del caso es que este señor es marido de una farmacéutica con farmacia, la farmacia Bot Rondeau (7 Rue de París, 72160 Connerre)que fue traspasada a la hija de ésta hace dos años.
Esto confirma el título de tu artículo "Farmacias Intocables".
Gracias por tu apoyo
Los abajo firmantes, ciudadanos de la Unión Europea, manifestamos públicamente nuestro total compromiso y nuestra incondicional adhesión a los Principios y Derechos Fundamentales expresados en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea y en consecuencia solicitamos tanto a las Autoridades Españolas, cuanto a las Autoridades de la Unión, lo siguiente:
1.- Que se haga efectivo el Derecho Fundamental inequívocamente expresado en el Artículo 43 del TUE.
2.- Que sean removidas cuantas trabas y prohibiciones imposibiliten o hagan menos atractivo el ejercicio de ese Derecho Fundamental.
3.- Solicitamos a las Autoridades Españolas que cumplan el mandato expresado en el Dictamen Motivado remitido al Reino de España por la Comisaría de Mercado Interior, conminando a nuestro país, a flexibilizar su sistema de planificación farmacéutica adaptándolo, como mínimo, a unos principios similares, a los que informan el modelo existente en la Comunidad Foral de Navarra.
4.- Solicitamos a las Autoridades Españolas que establezcan un sistema de planificación, que si ha de ser garantista, lo sea de los intereses sanitarios de la población, no de los intereses económicos de los farmacéuticos establecidos.
En consecuencia solicitamos una regulación que garantice, no tanto un número mínimo de pacientes por farmacia, cuanto un número mínimo de farmacias por unidad de territorio, garantizado lo cual, el Derecho al Libre ejercicio profesional pueda ser ejercido por todo farmacéutico que lo desee sin ningún tipo de restricción.
5.- En concreto, solicitamos a las Autoridades, que restablezcan el orden de libertad profesional que siempre hubo en nuestro país para el colectivo de farmacéuticos de oficina, alterado por decreto de 24 de Enero de 1.941, a instancia de los propios farmacéuticos establecidos, tal y como expresamente reconoce el Decreto.
6.- Siendo la flexibilización de los mercados, y la introducción de elementos de competencia, dos pautas indudables en orden a la creación de empleo y a la redistribución del la riqueza, manifestamos nuestro convencimiento, más allá de consideraciones jurídicas, de que el actual momento económico por el que atraviesa nuestra sociedad, precisa de reformas sustantivas en orden a remover cualquier restricción en el ámbito del sector servicios innecesaria, y por innecesaria, perniciosa para el bien común.
7.- Finalmente, solicitamos a las Autoridades Comunitarias que cumplan y hagan cumplir la Ley, sancionando al Reino de España si persiste en una actitud tan jurídicamente insostenible, cuanto socialmente inaceptable.
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Si se deciden a firmarlo, pueden hacerlo en ...
www.farmacialibre.net/
saludos cordiales.
cruzverde .
Y todo ello, conjuntamente con otros aspectos que no voy a citar aqui por obvios motivos de prudencia, harán estallar la planificación de máximos. Entonces, ambos podremos gritar...!!!LARGA VIDA A LA FARMACIA...PARA TODOS!!!.
saludos.
cruzverde .
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=134785
http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009071500_9_232022__Sociedad-Sanidad-concedio-farmacias-profesionales-tenian&pCom=1#EnlaceComentarios
http://www.eldia.es/2009-07-16/CANARIAS/CANARIAS4.htm
http://farmacialibre.iespana.es/seccion-10/objetos/canarias_politicos.pdf
http://www.ccnoguera.cat/artesadesegre/forum/viewtopic.php?t=206
Tal vez si empezamos a ponernos de acuerdo en las definiciones y conceptos, podamos acabar llegando a conclusiones comunes.
Se anima, "Pepito"?
saludos cordiales.
cruzverde .