SERVIDUMBRES LINGÜÍSTICAS

    Artículo publicado en EL PAÍS el 6 de enero de 2012

    En la época remota de la peseta se decía que el puesto de ministro de Economía implicaba algunas duras servidumbres lingüísticas, muy especialmente el deber de negar hasta el último momento que el Gobierno pensara devaluar la peseta, lo que en no pocas ocasiones suponía mentir a la opinión pública y a los inversores el día previo a la devaluación. En la modernísima época del euro estas servidumbres de los responsables de las finanzas públicas se mantienen en el fondo -hay que defender siempre la solvencia del Estado y del país- pero han girado en cuanto al contenido concreto y en cuanto a los destinatarios. Estos últimos son los mercados y lo que le corresponde defender a un ministro de Economía (si es posible en inglés) es que se va a cumplir el objetivo de déficit público hasta el día previo al de un Consejo de Ministros en el que se adopten duras medidas para atajar las desviaciones sobre unas previsiones que se habían mostrado un tanto exageradas. Nuestro flamante y brillante ministro de Economía, Luis de Guindos, no ha tenido que realizar esa amarga representación porque, como todo el mundo sabe, a él solo le ha correspondido dar fe de que el déficit real del Estado en 2011 fue del 8% del PIB, mientras que fue la anterior ministra, Elena Salgado, la que tuvo que repetir hasta el último momento que el déficit estatal sería del 6%.

    Pero como hay que apaciguar una y otra vez a los mercados, el ministro Guindos ha hecho unas declaraciones al  Financial Times en las que explica cómo va a lograr que las Comunidades Autónomas recorten su déficit, algo sin duda verdaderamente necesario si queremos que el Estado cumpla con su compromiso europeo. Como se trata de una entrevista a un diario financiero inglés -o mejor,  global- que lógicamente no está por las sutilezas jurídicas, el ministro ha hecho unas declaraciones que todo el mundo entiende y que traducidas al román paladino suponen que los presupuestos autonómicos necesitarán antes de aprobarse la “luz verde del Gobierno central”. Es decir, que él se encargará de evitar las fantasías contables de algunas autonomías. Un mensaje muy tranquilizador para los mercados y para las agencias de calificación: una persona sería y preparada toma el mando.

    Sin tener en cuenta alguna imprecisión jurídica menor (el Gobierno no aprueba leyes, sino proyectos de ley), lo cierto es que esa afirmación tomada al pie de la letra parece imposible de encajar en el entramado legal del Estado autonómico, donde no se puede suprimir de un plumazo la autonomía presupuestaría de las Comunidades, como rápidamente ha señalado el portavoz de la Generalitat. Es verdad que el Estado tiene la competencia para las bases y la coordinación de la planificación de la economía  (149.1.13 CE) y también es verdad que el Tribunal Constitucional ha considerado que el Estado puede poner límites presupuestarios a las Comunidades (STC 134/2011, de 20 de julio). Pero el Estado no es el Gobierno, como precisamente señala una y otra vez esta STC 134/2011 en donde se reconocen las competencias de control que la Ley de Estabilidad Presupuestaria atribuye al Consejo de Política Fiscal y Financiera, un órgano estatal con representación de las Comunidades. Algo muy distinto al Gobierno. Y como estoy seguro de que el Gobierno no va a aprobar ninguna norma inconstitucional, tengo para mí que el ministro de Economía ya ha realizado su primer servicio lingüístico a la solvencia de España, servidumbres del cargo.