Artículo publicado en www.Publico.es el 6 de diciembre de 2012
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| El 4-D en Granada |
Las multitudinarias manifestaciones del 4 de
diciembre de 1977 en toda Andalucía -más de un millón de asistentes, según la
mitología oficial- no tenían precedentes en nuestra Historia y tuvieron una influencia
radical en la política española: fueron la prueba más evidente de que la
reivindicación de la autonomía ya no era un asunto exclusivo de las
"regiones ariscas" a las que se había referido Ortega y Gasset en la
II República. Por eso, cinco meses más tarde, en abril de 1978, el proyecto de
Constitución distinguía dos tipos de autonomía: una política para las
nacionalidades y otra administrativa para las regiones. Nuestros constituyentes
no hicieron como los italianos, que en el artículo 116 de su Constitución
enumeraron las regiones de autonomía especial, pero al reconocer los referendos
celebrados en la República facilitaron que Cataluña, el País Vasco y
Galicia pudieran conseguir sin dificultades la máxima autonomía, mientras que
si alguna otra región se animaba a reivindicar el mismo grado de
autogobierno debería de transitar por el tortuoso proceso del artículo 151, que
parecía pensado para evitar acusaciones de discriminación que pudieran restar
votos en el referéndum de ratificación de la Constitución. Clavero Arévalo,
Ministro entonces para las Regiones, ha contado las dificultades que tuvo para
conseguir incluir esa complicada pasarela a la autonomía política pues en
su UCD estaban por permitir que solo tuvieran Parlamento las regiones históricas.
¿Lo hubiera logrado sin el éxito de las manifestaciones del 4-D? Parece
difícil.
En 1979 el País Vasco y
Cataluña accedieron sin dificultades a la autonomía política, mientras que
Andalucía -liderada por Rafael Escudero- se preparó para hacer lo mismo por la
vía del artículo 151, que exigía que la iniciativa autonómica adoptada por los
municipios fuera refrendada por los ciudadanos andaluces mediante un
referéndum en el que se necesitaba el voto afirmativo de la mayoría absoluta
del censo de cada provincia. El 28 de febrero de 1980 se celebró el referéndum
andaluz, que fue un gran éxito político pero un fracaso jurídico: el 55% de los
andaluces ratificaron la iniciativa, pero en Almería el porcentaje solo fue del
42%, por lo que la Junta Electoral declaró que la iniciativa había sido
rechazada. Sin embargo, a veces, los éxitos políticos pueden transformarse en
normas jurídicas: tras varias iniciativas parlamentarias y muchas
negociaciones, en diciembre de 1980 se aprobó una modificación de la Ley
Orgánica de Modalidades del Referéndum que permitía que Andalucía accediera por
la vía del artículo 151 al máximo nivel de autonomía.
Desde un punto de vista
jurídico, lo mínimo que se puede decir de la solución adoptada -autonomía por
el procedimiento del artículo 151 a pesar de que no se obtuvo la mayoría
absoluta provincial exigida por ese mismo artículo- es que Andalucía logró una
interpretación flexible de la Constitución. Ahora bien, los políticos de otros
territorios reclamaron para sí la misma flexibilidad, de tal forma que los
navarros pidieron -y acabaron logrando en 1982- el acceso a la autonomía
política usando imaginativamente la referencia constitucional al respeto de los
derechos forales. Y detrás, y con similar grado de imaginación, Valencia
y Canarias consiguieron su propio Parlamento y las mismas competencias que las
cinco Comunidades ya constituidas. Así las cosas, y ante un clamor general de
autogobierno, no es de extrañar que el Informe Enterría recomendara al Gobierno
en mayo de 1981 generalizar la autonomía política, si bien distinguiendo dos
niveles de autonomía y una serie de limitaciones (los parlamentarios sin
sueldo, las diputaciones como administraciones periféricas de las Comunidades,
etc.), que luego serían sistemáticamente incumplidas. La lógica de la dualidad,
implícita en la Constitución, que suponía un federalismo asimétrico, fue
sustituida por la lógica de la homogeneidad o, en la popular expresión, por el
café para todos. ¿Gran acierto o error monumental que nos ha llevado a los
problemas económicos, políticos y sociales actuales? Sea cual sea la respuesta
-que divide tanto a los políticos como a los académicos- no hay demasiadas
dudas de que el actual diseño homogéneo del Estado autonómico trae causa, en
buena medida, de aquellas manifestaciones andaluzas de las que hoy se cumplen
35 años. Vértigo nos da recordarlo a los que allí estuvimos.
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