La corrupción en Andalucía

El Confidencial publica un amplio dossier sobre la corrupción en Andalucía que acompaña de una reflexión del periodista malagueño Agustín Rivera en el que se hace eco de varias de mis opiniones sobre el tema, que copio aquí. ¡Gracias tocayo!


VIAJE A LA  LA ANDALUCÍA  NEGRA
TEXTO: AGUSTÍN RIVERA

“Aquí, en Sevilla, te ha tocado la Lotería si no eres un imputado de los ERE”. Esta frase/guasa la suelta en medio de una cena frugal un alto directivo andaluz, harto de que Andalucía se haya convertido en gran medida en sinónimo de corrupción. “Esto hay que cambiarlo. Así no podemos seguir”, cuenta en un restaurante cercano al hotel Colón de la capital andaluza.

En el epicentro de los ERE (la implacable y polémica juez Mercedes Alaya ya ha imputado en este caso a 226 personas), la Corrupción en mayúscula se ha convertido en esa odiosa ama de llaves que siempre azota un territorio idílico de nacionales y foráneos. Escribimos de una comunidad autónoma de 8,5 millones de habitantes, la más poblada de España, un territorio similar a Portugal que soporta la tasa de paro más alta de toda Europa.

Cuándo se jodió Andalucía? ¿En qué momento se empezó a asociar la marca Andalucía con la corrupción? Todo empezó en la Plaza de España. Allí, en la delegación del Gobierno Central, tenía su despacho Juan Guerra, el hermanísimo del vicepresidente de Felipe González. “El hermano de Alfonso era un conseguidor y al final acabó con tan poca condena y repercusión que lo que hizo fue dar cierta confianza para que otros hicieran lo mismo. Es la madre de todos los casos de corrupción”, cuenta Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.

Hasta llegar al caso ERE, el escándalo más conocido por ahora en toda España, aunque no el de más volumen (el caso EDU, la estafa de los cursos de formación) el Gobierno de Manuel Chaves ya se enfrentó a principios de los noventa al caso Ollero, el pago de comisiones en una autovía.

Las opiniones divergen cuando se pregunta si existe una corrupción de genuino sabor andaluz. Para Ruiz Robledo, la “falta de alternancia política” durante 33 años (Andalucía es la única comunidad española en la que siempre ha gobernado el mismo partido: el PSOE) y una relajación en los instrumentos de control han servido de caldo de cultivo para casos como el de los ERE donde se saltaron las barreras del Derecho Administrativo concediendo ayudas irregulares con un resultado de un fraude de 855 millones de euros.

Una funcionaria con 20 años de experiencia en la Junta de Andalucía cree que una parte del origen de los males corruptos netamente sureños se debe a la existencia de la llamada administración paralela, formada por unas 25.000 personas y que cuesta 5.000 millones de euros. “El interés general ha sido sustituido por el interés particular y es ese interés particular el que provoca que cada uno de ellos, del primero al último (políticos, gestores, asesores y cargos y puestos a dedo) metan la mano en una saca que no es suya, sino de todos”, apunta esta empleada pública que no quiere decir su nombre por temor a represalias.

Ana Pérez Luna, bloguera, exsecretaria de la Mujer en UGT Andalucía, no cree que la corrupción pueda tener asignación territorial. “De hecho, creo que debiera evitarse cualquier intento de apuntar la corrupción como seña de identidad de ningún pueblo”, señala Pérez Luna, para quien el mayor escándalo “es el que mediáticamente se decida poner en el punto de mira”.

José Manuel Sánchez Fornet, presidente del Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción, cree que los andaluces “no son los más corruptos”. “Hay que tener en cuenta que Andalucía es la comunidad más grande. Corrupción también hay en Baleares o Cataluña”, señala. Javier Padilla, empresario sevillano con negocios en Nueva York, lamenta cómo en Andalucía se suele decir que una persona “es un crack por cobrar el paro y trabajar haciendo chapuzas a domicilio, y criticar al político que roba. La sociedad tiene que censurar duramente, como ocurre en los países más avanzados, ese tipo de comportamientos”.

Jesús García Calderón, fiscal Superior de Andalucía, recuerda que la sociedad andaluza “viene reclamando desde hace tiempo una respuesta enérgica y suficiente para su castigo”. “El único problema endémico de criminalidad genuinamente andaluz, también extremadamente grave, podría vincularse con el tráfico de seres humanos en el Estrecho de Gibraltar”, explica García Calderón.

El fiscal insiste en que cuando se hable de corrupción no sólo se trata de la política. “Hay también graves formas de corrupción entre particulares o funcionarios públicos alejados de la escena pública, corrupción financiera o incluso formas de corrupción contable que también pueden ser perseguidas con eficacia por los órganos fiscalizadores del presupuesto”.

A Mariano Aguayo, socio director de Aguayo Abogados, despacho con sedes en Madrid y Córdoba, le duele especialmente el escándalo de los cursos de formación. “Soy un convencido que lo que necesita nuestra sociedad es más y mejor formación a todos los niveles. Que se hayan utilizados fondos destinados a este fin para enriquecer a unos cuantos me parece lamentable. Andalucía necesita ciudadanos mejor formados”.

Hay remedios, alguna receta para acabar con esta lacra? “El que la hace la paga, el que esté imputado tiene que dejar su cargo. En un ciudadano se puede permitir una imputación, pero en un político es pecado. Hay que ir a la máxima”, relata un exdiputado andaluz ya retirado de la vida orgánica de los partidos. Susana Díaz ha anunciado en plena campaña la creación de una oficina antifraude, aún sin detalles concretos. El PP lleva a varios imputados (“por asuntos administrativos, no por corrupción”, según los populares) en las listas al Parlamento andaluz.

Miguel Ángel Arredonda, líder histórico del Partido Andalucista, subraya la honradez como elemento imprescindible. “En política hay que parecer honrado, no sólo serlo. Los dos principales partidos se han ido tapando. Es patético lo que ha pasado con Chaves y con Griñán, si estaban imputados o medio imputados”.

Para Pérez Luna, una de las claves para minimizar la corrupción pasaría por instituciones y organizaciones con competencias públicas que antepusieran “el talento y la capacidad por encima del culto al líder o el peloteo. Las personas con responsabilidades no pueden tener sus opiniones condicionadas o secuestradas”. Más: no sólo difundir la letra pequeña de los presupuestos, sino exponer los resultados en políticas de empleo.

Hay un ejemplo en esta línea que muestra la opacidad del sistema. Las ofertas de puestos de empleos públicos no se publicitan a los demandantes de empleo en la página web del SAE (Servicio Andaluz de Empleo), como sí se hace con las ofertas de empresas privadas. “Son las propias oficinas del SAE las que se ponen en contacto con los demandantes en el caso de que consideren que se pueden ajustar al perfil. ¿Por qué no hay transparencia aquí?”, señala una directiva malagueña de una multinacional, que denuncia las ayudas de la Junta de Andalucía “a empresas que luego al cabo de los años van a ser vendidas al capital extranjero. Esos recursos que hemos dado los andaluces los perdemos”.

Hay una idea general: hartazgo. “Estamos hartos de tanta corrupción. Quizá los andaluces somos muy acomodados o quizá somos muy conformistas. No es lógico que con tanto paro no cambie nada”, remata esta directiva