Artículo publicado en El País.com el miércoles 3 de junio de 2020
La
sexta prórroga del estado de alarma sigue la línea de polémica de las dos
anteriores. En ellas me pareció claro que el mantenimiento del estado de alarma
era la solución jurídicamente correcta. Sin embargo, en esta sexta estoy
confuso y no sé muy bien si estoy a favor o en contra. Me siento como aquel
alcalde de la Transición que decía “no sé si ya soy de los nuestros”. Mi duda
surge por las “importantes modificaciones" que nos dice el Gobierno que
podría tener el nuevo período de alarma; en especial, no veo claro que sea
posible delegar en el ministro de Sanidad la competencia para determinar que “unos
territorios salgan antes que otros de la alarma por la evolución que
tengan" y se me escapan las ventajas del estado de alarma sobre la legislación
ordinaria (en primer lugar, la Ley Orgánica 4/1986, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública) para permitir que las Comunidades Autónomas tengan
"manos libres" para marcar los ritmos de la desescalada.
Pregunto
a mi entorno de juristas, indago en páginas web especializadas y observo esa
misma perplejidad; si acaso, veo que las personas que ideológicamente se
sienten identificadas con el Gobierno consideran que el estado de alarma es
esencial para defender los derechos a la vida y a la salud, mientras que los
identificados con la oposición andan preocupados por la libertad y recelan de
una nueva prórroga, considerando que la legislación ordinaria puede servir igual
de bien para luchar contra la pandemia de la COVID-19. Le doy vueltas y no
acabo de llegar a ninguna conclusión porque el problema se parece a aquel
acertijo de los estoicos que en la asignatura de Filosofía nos explicaban a los
que estudiamos el Bachillerato de seis años, allá por el Pleistoceno de la
década de 1970: si a una persona se le cae el cabello pelo a pelo ¿en qué
momento diremos que está calvo? Eubúlides de Mileto llamó a este problema la
paradoja de sorites (de montón, en griego): ¿cuántos árboles hacen falta para
hablar de bosque? ¿Ovejas para hablar de rebaño? ¿Y granos para hablar de
montón? Ahora podríamos añadir: ¿cuántas medidas especiales hacen falta para
hablar de estado de alarma?
Lamentablemente,
en el Congreso de los Diputados no hay forma de resolver esta pregunta de
manera objetiva y vemos cómo los grupos políticos van prefijando sus posiciones
antes de oír al Gobierno, que se lanza a buscar apoyos para lograr los suficientes
votos que le permitan prorrogarlo. Quizás el problema pudiera resolverse si se
planteara en otros términos distintos al de la dicotomía prórroga sí (PSOE,
UP), prórroga no (PP, VOX) que hoy por hoy divide irreversiblemente a los
grandes partidos, a pesar de que todos hacen votos sinceros por el pacto. Y a
pesar de que han creado de común acuerdo una comisión de reconstrucción en el
Congreso, que solo se entiende como un lugar de encuentro para un gran pacto
nacional para salir de la crisis porque para realizar una política ordinaria de
mayoría/minoría ya existen todas las demás comisiones.
Si
eso es así, si hay una verdadera voluntad de consenso, sobre todo de los dos
grandes, PSOE y PP, se me ocurre un procedimiento distinto al debate y confrontación
en el Pleno del Congreso, donde las posiciones son inamovibles, porque -en
palabras de Churchill- “muchos discursos me han hecho cambiar de opinión, pero
ninguno de voto”. Mi propuesta es la siguiente: que el PSOE -y todos los que
quieran unírsele- pongan por escrito sus razones para prorrogar el estado de
alarma y el PP -y los demás que quieran- pongan por escrito las suyas para no
prorrogarlo y aplicar la legislación ordinaria y se las presenten a un órgano
imparcial para que decida con criterios técnico-jurídicos la solución más
adecuada; con el lógico compromiso de aceptar el arbitraje. Eso sería una gran
prueba de estar dispuestos a llegar a pactos por el bien de España,
arrinconando los intereses partidarios.
En
mi opinión, esa función de árbitro la podría hacer con gran nivel técnico el
Consejo de Estado; pero lo mismo -en virtud de la adscripción socialista de su
presidenta- el PP no lo ve adecuado. Podemos imaginar otro sistema. Por
ejemplo, busquemos tres árbitros dentro de un colectivo de juristas de
reconocido prestigio como son los magistrados eméritos del Tribunal
Constitucional, la mayoría de ellos lejos de la política cotidiana y todos de
gran altura jurídica e intelectual. El PSOE elegiría a uno, el PP a otro y
entre los dos al presidente, o si no fuera posible, por sorteo, usando así una
técnica de la democracia ateniense. Claro que lo mismo mi propuesta les parece
a los dos partidos políticos tan desfasada como el kleroterion, la máquina que aseguraba en Atenas la igualdad de los
ciudadanos, y prefieren seguir discutiendo y discutiendo sin ponerse de
acuerdo. Entonces, la alternativa puede ser bastante preocupante: corremos el
riesgo de prorrogar el estado de alarma o no dependiendo de pactos cuyos
contenidos poco tienen que ver con la lucha contra el coronavirus.
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