Artículo publicado en EL ESPAÑOL el lunes, 7 de septiembre de 2026.
Sin
embargo, quien observe el funcionamiento real de ambos sistemas políticos
descubrirá diferencias un tanto sorprendentes en la relación que existe entre
las instituciones y los partidos. Para
empezar, se observa con gran claridad que el sistema parlamentario australiano
todavía merece ese nombre porque el Parlamento tiene una fuerza que en España
ha desaparecido. Basta ahora con señalar que mantiene el monopolio de aprobar
normas con fuerza de ley porque no existe un instrumento normativo similar al
decreto-ley español; a lo más que se llega en Australia es a las leyes de bases
y los subsiguientes decretos legislativos, una técnica contemplada en el texto
de la Constitución española pero que
lleva sin usarse desde la década de 1980, cuando se empleó para adecuar nuestra
legislación a las normas europeas.
Si
la relación Parlamento-Gobierno en Australia no anda tan desequilibrada a favor
de este último como en España, en la relación Estado central-entes autónomos se
observan dos grandes tendencias que también nos diferencian: la primera es que
Australia, que partió -con su Constitución de 1900- de un federalismo dual que
atribuía mucho poder a los gobiernos territoriales, ha ido reforzando
gradualmente las competencias de la Federación. Ese proceso, a pesar de las
reticencias de los políticos estatales, se ha aceptado socialmente sobre la
base de que la evolución del mundo moderno ha hecho necesario incrementar la coordinación
de todos los poderes públicos. No hace falta decir que en España el Estado
autonómico mantiene una fuerte dinámica centrífuga y que, cuando se demuestra
que los servicios autonómicos no están a la altura de las necesidades sociales,
o bien se culpa al Estado por falta de financiación o bien se buscan
subterfugios para recentralizar esos servicios sin que se note, como el feliz
invento de la UME para atender incendios y catástrofes.
Una
segunda diferencia más sutil reside en la naturaleza de los enfrentamientos
entre los poderes centrales y autonómicos: mientras en España nos hemos
acostumbrado a que estén teñidos de un fuerte sesgo partidista, de tal forma
que a nadie le extraña que se produzcan continuos enfrentamientos entre las
comunidades dirigidas por el PP y el Gobierno central de Pedro Sánchez, una
situación que en el pasado se ha ido intercambiando en un péndulo perfectamente
inverso al del color político del Gobierno central; en Australia esto no sucede
con la misma nitidez.
No
es que la ideología no tenga importancia en el continente austral, sino que
sobre ella priman los estrictos intereses territoriales. Este mismo verano se
han producido dos ejemplos claros: ante la propuesta del Gobierno laborista de
Anthony Albanese de suprimir la bonificación adicional del seguro sanitario
privado para los mayores de 65 años, varios estados se han opuesto, empezando
-y de forma bastante notoria- por el Gobierno laborista de Nueva Gales del Sur;
al mismo tiempo, el Ejecutivo de Victoria -también laborista- se opone a
mantener el actual sistema de distribución del GST (el equivalente australiano
del IVA) entre los estados, que una comisión técnica acaba de confirmar que favorece
de forma desproporcionada a Australia Occidental (algo que, para entendernos,
sería como si en España algún líder autonómico se atreviera a criticar
públicamente los cupos vasco y navarro).
Si
existe una gran diferencia en el funcionamiento -que no en las normas- entre
Australia y España, la variable debe ser
la cultura política. Son décadas de creer y practicar tanto el parlamentarismo como
el federalismo, dejando en segundo término la obediencia a los partidos. Cierto,
pero -a mi modesto entender- esa cultura se ha cimentado en un sistema
electoral que favorece que los políticos se crean lo que dicen.
Quizás
la forma más simple de explicar esa diferencia sea contar la experiencia de
visitar el Parlamento de Queensland, un majestuoso edificio del siglo XIX: en
cuanto el visitante cruza el control de seguridad del vestíbulo de acceso en
Alice Street, se encuentra de frente con un gran panel que muestra las fotos de
todos y cada uno de los 93 diputados estatales actuales, con la circunscripción
por la que han sido elegidos debajo de su nombre y sin especificar el partido.
Al avanzar por los pasillos que conducen a la sala de plenos, el visitante se
topa con las fotos de los antecesores de las legislaturas pasadas. Este protagonismo
visual de los representantes individuales se percibe también en otros
parlamentos estatales y en el Parlamento Federal, en Canberra. Se transmite así
un mensaje implícito: la institución está formada por representantes
individuales, no solo por partidos o dirigentes.
¿Hay
algo similar en los parlamentos españoles? No, hasta donde yo conozco, más allá
de las tradicionales galerías de retratos de los expresidentes. Tiene toda su
lógica porque en España los parlamentarios ceden el protagonismo a los grupos
políticos, mientras que en Australia los diputados individuales tienen peso por
sí mismos. La principal razón es el sistema electoral: el Congreso español se
elige mediante listas cerradas y bloqueadas. Por eso, el votante escoge una
candidatura elaborada por el partido, de tal forma que el diputado debe gran parte
de su carrera política a quienes confeccionan esas listas.
Australia
sigue otro sistema. La Cámara de Representantes se elige en distritos
uninominales, de tal forma que los ciudadanos votan a candidatos concretos, con
nombre y apellidos, aunque lleven debajo (en letra más pequeña) el partido al
que pertenecen. El partido de cada candidato cuenta, pero el diputado mantiene
una relación mucho más directa con su circunscripción y con los votantes que
deben renovarle la confianza en cada elección.
Ello no elimina la disciplina de partido, pero introduce un elemento
adicional: la lealtad territorial. El diputado sabe que representa a un distrito
y que su supervivencia política no depende únicamente del comité electoral de
su partido, sino que también depende en buena medida del juicio de sus votantes.
¡Con
razón pudo escribir Ortega y Gasset en La rebelión de las masas (1929):
“La salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende
de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es
secundario”!
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