“El proyecto autonomista andaluz antes del franquismo” en Jorge MOLINA (coord.), 1982. Andalucía consigue su Parlamento, Parlamento de Andalucía, Sevilla, 2010, págs. 35-37.
La lucha por la autonomía andaluza se remonta al último tercio del Siglo XIX cuando los federalistas defendieron la idea de una Andalucía autónoma en el seno de una República federal. El documento más relevante que elaboraron los líderes andaluces del Partido Republicano Federal fue una propuesta de una Constitución para Andalucía, redactada en Antequera en 1883. Esta “Constitución de Antequera”, firmada por representantes de seis provincias, es el primer texto en el que claramente se aboga por la autonomía de una sola Andalucía, abandonando así la idea de dos Andalucías (la alta y la baja) que previamente habían mantenido los federalistas, muy especialmente en el proyecto de Constitución Federal que empezó a discutirse en las Cortes en 1873, sin llegar a aprobarse debido a la famosa entrada de las fuerzas del General Pavía (con la falsa anécdota de su entrada a caballo) en la sede parlamentaria en enero de 1874. Forzando un tanto la Historia, podemos remontarnos hasta septiembre de 1835 cuando se constituyó en Andújar la «Junta Central de las Andalucías», con representantes de las distintas Juntas provinciales, para acabar con el Gobierno moderado y que se disolvió un mes después sin dejar ningún texto a favor de la autonomía y sí una historia de lucha a favor del partido progresista.
En los años posteriores a la reunión en Antequera de 1883, en la época de la Restauración, el partido federal perdió buena parte de su fuerza, tanto que en Andalucía la iniciativa antequerana no tuvo continuación. Por el contrario, en Cataluña y el País Vasco surgieron ya en la década de 1880 unos vigorosos movimientos nacionalistas. Unos años después, en Andalucía también hubo esta demanda de autogobierno, en buena medida espoleada por lo que sucedía en Cataluña: el Ateneo sevillano convocó en 1907 unos Juegos florales sobre el regionalismo, como venía siendo habitual en Barcelona; en 1912 el periódico El Liberal de Sevilla apostilló la noticia de la tramitación en las Cortes del proyecto de ley de la Mancomunidad catalana reclamando una Mancomunidad andaluza, etc. De este ambiente regionalista surgió Blas Infante, que andando el tiempo sería nombrado "padre de la patria" por el Parlamento de Andalucía en 1983 y ratificado en el Preámbulo del Estatuto de Autonomía de 2007. Blas Infante publicó en 1915 "El Ideal andaluz" y al año siguiente fundó en Sevilla un "Centro andaluz" para luchar por la autonomía de Andalucía. Dos años después, en enero de 1918, lideró una "Asamblea Regionalista" en Ronda, que concretó el ideario de los andalucistas y aprobó la bandera y el escudo de Andalucía, que en la actualidad son, con pequeñas variantes, los símbolos oficiales de nuestra Comunidad. La siguiente reunión de los andalucistas, la celebrada en Córdoba en enero de 1919, elaboró un Manifiesto autonomista en el que se declara que Andalucía es una nacionalidad y una "realidad nacional", expresión ésta última que ha sido retomada por el Preámbulo del nuevo Estatuto de Autonomía. Para no perder la perspectiva histórica, conviene recordar que este movimiento andalucista estuvo muy lejos de lograr la misma fuerza política y social que tuvieron los nacionalismos vasco y catalán. Así, mientas estos tenían representantes en las Cortes y muchos seguidores en sus territorios respectivos, la implantación andalucista era tan escasa que Infante fracasó en todos sus intentos por ser diputado y el manifiesto de 1919 solo fue firmado por Blas Infante y representantes de los Centros Andaluces de Córdoba y Jaén.
En 1931 la Constitución republicana adoptó el Estado integral, que no descentralizaba directamente el poder político sino que se concebía como una forma de conceder la autonomía únicamente a las regiones con más voluntad autonomista, de ahí que Ortega y Gasset criticara esta forma pues consideraba que primaba a las “regiones ariscas”. El artículo 12 de la Constitución establecía un complicado procedimiento para lograr la autonomía, más complicado incluso que el establecido en el artículo 151 de la Constitución de 1978 pues mientas éste exige un referéndum sobre la voluntad autonomista de un territorio, la Constitución de 1931 lo exigía sobre el texto estatutario y el quórum era extraordinariamente más alto: dos terceras partes del censo regional. De igual forma, exigía que previamente la mayoría de los municipios de la región aprobaran el texto estatutario. Con estos requisitos, tan difíciles de alcanzar, no es extraño que los escrutinios de los tres referendums que se celebraron (Cataluña en agosto de 1931, País Vasco en noviembre de 1933 y Galicia en junio de 1936) no fueran modelos de escrupuloso recuento.
Sea como fuera, lo cierto es que al amparo de la Constitución de 1931, Cataluña consiguió rápidamente la autonomía y el País Vasco ya después del golpe de Estado de julio de 1936. Galicia llegó a votar en referéndum el Estatuto el 28 de junio de 1936, pero no fue posible su tramitación en las Cortes. Ninguna otra región llegó a cumplir el primer trámite del artículo 12 de la Constitución, esto es que la mayoría de los municipios de la región que representaran el 75% de la población aprobaran el texto, si bien en no pocas regiones se redactaron anteproyectos por partidos políticos y asociaciones. Andalucía no fue ajena a estos movimientos, de tal manera que la idea de la autonomía de Andalucía transcendió de los círculos andalucistas de Blas Infante y su Junta Liberalista para impregnar a varios partidos políticos, especialmente de la izquierda. Así, en febrero de 1932 representantes de todas las Diputaciones andaluces aprobaron en Sevilla unas muy moderadas "Bases para el Estatuto de Andalucía", tanto que los andalucistas las criticaron diciendo que su verdadero nombre debía ser “bases para una mancomunidad” pues casi limitaba la autonomía a la esfera administrativa.
Para discutir esas Bases, se convocó una Asamblea de todas las instituciones públicas y fuerzas sociales interesadas que se reunió en Córdoba del 29 al 31 de enero de 1933. La reunión no estuvo presidida por la unidad, antes al contrario la división fue tan intensa que la mayor parte de las delegaciones de Almería, Granada, Jaén y Huelva la abandonaron. Los representantes de municipios y grupos civiles que se quedaron no mantuvieron las Bases del año anterior, sino que redactaron unas nuevas, mucho más del gusto de Blas Infante y los suyos. Se encargó a una comisión que difundiera el texto entre los Ayuntamientos para convocar una nueva reunión que redactara el texto definitivo. Sin embargo, no han quedado pruebas de que esa comisión realizara ninguna actividad, sin duda porque las preocupaciones políticas de los andaluces no se centraban en aquel momento en la autonomía. Es más, la victoria electoral de la CEDA y otros partidos de la derecha en diciembre de 1933 desalentó profundamente a los autonomistas.
En sentido contrario, la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, que llevaba en su programa electoral la promesa de la aplicación de "los principios autonómicos consignados en la Constitución", animó a los autonomistas a relanzar el proceso. Por eso, el Presidente de la Diputación de Sevilla convocó una Asamblea "pro Estatuto" que se celebró el 5 julio de 1936, aunque no tuvo la acogida de la de 1932 pues solo contó con la asistencia de otros dos presidentes provinciales (Cádiz y Jaén), varios diputados a Cortes y Blas Infante. Los reunidos decidieron retomar las Bases aprobadas en Córdoba para empezar a recorrer el camino autonómico que marcaba el artículo 12 de la Constitución. Blas Infante fue elegido presidente de honor de la "Junta Regional" encargada de organizar este proceso autonómico. Con poca precisión histórica, el Preámbulo del Estatuto de 2007 adelanta esta junta a 1933 y habla de un “Estatuto ya en ciernes” en 1936 que no pudo tramitarse en las Cortes, cuando en realidad ni siquiera existía un texto que los ayuntamientos pudieran aprobar. Quizás se hubiera logrado, pero el golpe de Estado del 18 de julio no solo impidió que la Junta empezara su tarea por la autonomía, sino que acabó con la vida del propio Blas Infante. Habría que esperar cuarenta años para que se retomara el camino autonómico con una fuerza imparable: las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977, el pacto de Antequera del 4 de diciembre de 1978, los acuerdos municipales del verano de 1979, el referéndum del 28-F... pero esa es ya otra historia.
En los años posteriores a la reunión en Antequera de 1883, en la época de la Restauración, el partido federal perdió buena parte de su fuerza, tanto que en Andalucía la iniciativa antequerana no tuvo continuación. Por el contrario, en Cataluña y el País Vasco surgieron ya en la década de 1880 unos vigorosos movimientos nacionalistas. Unos años después, en Andalucía también hubo esta demanda de autogobierno, en buena medida espoleada por lo que sucedía en Cataluña: el Ateneo sevillano convocó en 1907 unos Juegos florales sobre el regionalismo, como venía siendo habitual en Barcelona; en 1912 el periódico El Liberal de Sevilla apostilló la noticia de la tramitación en las Cortes del proyecto de ley de la Mancomunidad catalana reclamando una Mancomunidad andaluza, etc. De este ambiente regionalista surgió Blas Infante, que andando el tiempo sería nombrado "padre de la patria" por el Parlamento de Andalucía en 1983 y ratificado en el Preámbulo del Estatuto de Autonomía de 2007. Blas Infante publicó en 1915 "El Ideal andaluz" y al año siguiente fundó en Sevilla un "Centro andaluz" para luchar por la autonomía de Andalucía. Dos años después, en enero de 1918, lideró una "Asamblea Regionalista" en Ronda, que concretó el ideario de los andalucistas y aprobó la bandera y el escudo de Andalucía, que en la actualidad son, con pequeñas variantes, los símbolos oficiales de nuestra Comunidad. La siguiente reunión de los andalucistas, la celebrada en Córdoba en enero de 1919, elaboró un Manifiesto autonomista en el que se declara que Andalucía es una nacionalidad y una "realidad nacional", expresión ésta última que ha sido retomada por el Preámbulo del nuevo Estatuto de Autonomía. Para no perder la perspectiva histórica, conviene recordar que este movimiento andalucista estuvo muy lejos de lograr la misma fuerza política y social que tuvieron los nacionalismos vasco y catalán. Así, mientas estos tenían representantes en las Cortes y muchos seguidores en sus territorios respectivos, la implantación andalucista era tan escasa que Infante fracasó en todos sus intentos por ser diputado y el manifiesto de 1919 solo fue firmado por Blas Infante y representantes de los Centros Andaluces de Córdoba y Jaén.
En 1931 la Constitución republicana adoptó el Estado integral, que no descentralizaba directamente el poder político sino que se concebía como una forma de conceder la autonomía únicamente a las regiones con más voluntad autonomista, de ahí que Ortega y Gasset criticara esta forma pues consideraba que primaba a las “regiones ariscas”. El artículo 12 de la Constitución establecía un complicado procedimiento para lograr la autonomía, más complicado incluso que el establecido en el artículo 151 de la Constitución de 1978 pues mientas éste exige un referéndum sobre la voluntad autonomista de un territorio, la Constitución de 1931 lo exigía sobre el texto estatutario y el quórum era extraordinariamente más alto: dos terceras partes del censo regional. De igual forma, exigía que previamente la mayoría de los municipios de la región aprobaran el texto estatutario. Con estos requisitos, tan difíciles de alcanzar, no es extraño que los escrutinios de los tres referendums que se celebraron (Cataluña en agosto de 1931, País Vasco en noviembre de 1933 y Galicia en junio de 1936) no fueran modelos de escrupuloso recuento.
Sea como fuera, lo cierto es que al amparo de la Constitución de 1931, Cataluña consiguió rápidamente la autonomía y el País Vasco ya después del golpe de Estado de julio de 1936. Galicia llegó a votar en referéndum el Estatuto el 28 de junio de 1936, pero no fue posible su tramitación en las Cortes. Ninguna otra región llegó a cumplir el primer trámite del artículo 12 de la Constitución, esto es que la mayoría de los municipios de la región que representaran el 75% de la población aprobaran el texto, si bien en no pocas regiones se redactaron anteproyectos por partidos políticos y asociaciones. Andalucía no fue ajena a estos movimientos, de tal manera que la idea de la autonomía de Andalucía transcendió de los círculos andalucistas de Blas Infante y su Junta Liberalista para impregnar a varios partidos políticos, especialmente de la izquierda. Así, en febrero de 1932 representantes de todas las Diputaciones andaluces aprobaron en Sevilla unas muy moderadas "Bases para el Estatuto de Andalucía", tanto que los andalucistas las criticaron diciendo que su verdadero nombre debía ser “bases para una mancomunidad” pues casi limitaba la autonomía a la esfera administrativa.
Para discutir esas Bases, se convocó una Asamblea de todas las instituciones públicas y fuerzas sociales interesadas que se reunió en Córdoba del 29 al 31 de enero de 1933. La reunión no estuvo presidida por la unidad, antes al contrario la división fue tan intensa que la mayor parte de las delegaciones de Almería, Granada, Jaén y Huelva la abandonaron. Los representantes de municipios y grupos civiles que se quedaron no mantuvieron las Bases del año anterior, sino que redactaron unas nuevas, mucho más del gusto de Blas Infante y los suyos. Se encargó a una comisión que difundiera el texto entre los Ayuntamientos para convocar una nueva reunión que redactara el texto definitivo. Sin embargo, no han quedado pruebas de que esa comisión realizara ninguna actividad, sin duda porque las preocupaciones políticas de los andaluces no se centraban en aquel momento en la autonomía. Es más, la victoria electoral de la CEDA y otros partidos de la derecha en diciembre de 1933 desalentó profundamente a los autonomistas.
En sentido contrario, la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, que llevaba en su programa electoral la promesa de la aplicación de "los principios autonómicos consignados en la Constitución", animó a los autonomistas a relanzar el proceso. Por eso, el Presidente de la Diputación de Sevilla convocó una Asamblea "pro Estatuto" que se celebró el 5 julio de 1936, aunque no tuvo la acogida de la de 1932 pues solo contó con la asistencia de otros dos presidentes provinciales (Cádiz y Jaén), varios diputados a Cortes y Blas Infante. Los reunidos decidieron retomar las Bases aprobadas en Córdoba para empezar a recorrer el camino autonómico que marcaba el artículo 12 de la Constitución. Blas Infante fue elegido presidente de honor de la "Junta Regional" encargada de organizar este proceso autonómico. Con poca precisión histórica, el Preámbulo del Estatuto de 2007 adelanta esta junta a 1933 y habla de un “Estatuto ya en ciernes” en 1936 que no pudo tramitarse en las Cortes, cuando en realidad ni siquiera existía un texto que los ayuntamientos pudieran aprobar. Quizás se hubiera logrado, pero el golpe de Estado del 18 de julio no solo impidió que la Junta empezara su tarea por la autonomía, sino que acabó con la vida del propio Blas Infante. Habría que esperar cuarenta años para que se retomara el camino autonómico con una fuerza imparable: las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977, el pacto de Antequera del 4 de diciembre de 1978, los acuerdos municipales del verano de 1979, el referéndum del 28-F... pero esa es ya otra historia.
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