Artículo publicado el 25 de mayo de 2022 en el Diario de Sevilla y los otros ocho periódicos del Grupo Joly.
Creo
que lo mejor es comenzar por el principio, ad
ovo, que decían los latinos: el 5 de noviembre pasado tuvo entrada en el
Ayuntamiento de Salobreña una solicitud de Olona para empadronarse en ese
municipio. Según el propio Ayuntamiento, se la inscribió el 25 de noviembre
dado que contaba con “la autorización expresa del titular de la vivienda”. Por
lo que sabemos, nadie en el Ayuntamiento pensó que podría tratarse de un
empadronamiento ficticio en el domicilio de un líder notorio de Vox con el
objetivo de facilitar la candidatura de Olona a la Junta de Andalucía. Si así
se hubiera sospechado, entonces antes de darla de alta, el Ayuntamiento debería
de haber realizado “los actos de trámite necesarios para comprobar la veracidad
de los datos consignados” (Instrucciones técnicas del INE a los Ayuntamientos
sobre la gestión del Padrón municipal de 17 de febrero de 2020). Digamos que
faltó perspicacia, porque sería malevolencia afirmar que el PSOE permitió la
inscripción pensando que la candidatura de Olona le beneficiaba.
El
25 de abril, el Presidente de la Junta convocó elecciones. Según la legislación
electoral, la fecha para determinar los electores y elegibles es el 1 de
febrero. Como Olona estaba legalmente empadronada en Salobreña en esa fecha, cumplía
todos los requisitos para presentarse a las elecciones. El recurso de Andaluces
Levantaos no tenía ninguna posibilidad de prosperar ante la Junta Electoral de
Granada (ni tampoco si recurre ante el juez de lo contencioso) porque la
legislación electoral no establece ningún procedimiento para revisar y anular
los empadronamientos, como sí lo hay en la legislación educativa a la hora de
revisar los empadronamientos sospechosos de padres que buscan un determinado
colegio para sus hijos. Dicho en palabras del Tribunal Constitucional: “Las
irregularidades en el censo electoral desbordan el objeto del proceso
contencioso electoral” (Sentencia 149/1999, de 4 de agosto).
El
13 de mayo, la Cadena Ser reveló que Olona estaba empadronada en Salobreña y el
propietario de la vivienda declaró que “No puedo decir que ella esté aquí
regularmente porque estaría mintiendo". Por su parte, el Ayuntamiento
emitió ese mismo día un comunicado (que en su momento califiqué de surrealista)
en el que afirmaba que la inscripción era correcta y que debería ser la Junta
Electoral Central (¡sic!) quien anulara la inscripción ¡de oficio! En algún
momento la alcaldesa lo pensó mejor, se dio cuenta de que una cosa es el
procedimiento electoral y otra la inscripción en el padrón y ordenó al
secretario del Ayuntamiento que preparara un informe, lo que este hizo con
fecha de 17 de mayo. En él se afirma: “se ha cuestionado esta inscripción
padronal [...] procede que los servicios de la policía local realicen las
actuaciones procedentes al objeto de verificar que la interesada reside
habitualmente en el municipio. A la vista del informe emitido por los servicios
de la policía local, procederá, en su caso, el inicio del correspondiente
expediente de baja de oficio”.
Basándose
en este informe, la alcaldesa dictó el mismo día una providencia para
que la policía local realizara las averiguaciones pertinentes, que han desembocado
en un informe “que impiden acreditar
que la Señora Olona reside en la vivienda”. Por eso, el 20 de mayo la alcaldesa dictó una resolución
abriendo expediente para darla de baja del padrón por "inscripción
indebida". Dada la existencia de esos dos informes razonados del
secretario y de la policía local, más las declaraciones del propietario, mal
puede la alcaldesa haber cometido la prevaricación que se le imputa. Por la
misma razón, tampoco hay base para pensar que haya cometido un delito
electoral. Más todavía si tenemos en cuenta que, en caso de que el expediente
concluya en la baja del padrón, sus efectos no serán retroactivos, sino a
partir de la fecha de la resolución. Por tanto, no se trataría de una anulación
de la inscripción de Olona en el censo el 1 de febrero, por lo que no afectaría
a su candidatura. No se ve por ningún lado el “manifiesto perjuicio” que
denuncia la candidata de Vox. Si acaso, lo que se aprecia con esta denuncia es
lo difícil que se le está haciendo a Olona contestar a esta pregunta: ¿puede
decirnos cuál es el municipio en que ha habitado más tiempo desde el 5 de
noviembre en que se empadronó en el de Salobreña? No preguntaremos, para
respetar su privacidad, dónde están censados los demás miembros de su familia y
dónde su coche particular. Tampoco recordaremos que
la exigencia de empadronamiento en Andalucía para ser candidato no es un engorroso
trámite administrativo, sino un mandato legal que vincula a todos los
ciudadanos. ¿O no estamos todos orgullosos de vivir en un Estado de Derecho?
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