Entrevista en Radio Nacional de España: son muy escasos los precedentes de sanciones a jueces por el contenido de sus resoluciones

 

El periodista Carlos Núñez me entrevista en el programa Mediodía en RNE del lunes 22 de junio de 2026 sobre el acuerdo de la Comisión Permanente de remitir al Promotor de la Acción Disciplinaria el auto dictado dos días antes por el magistrado Juan Carlos Peinado donde explico por qué existen muy pocos precedentes de sanciones del CGPJ por los contenidos de las resoluciones judiciales y cuál es la diferencia entre el control disciplinario y el control jurisdiccional:

"Aunque el juez sea sancionado, la señora Begoña Gómez seguirá sin poder salir de España  hasta que la Audiencia Provincial decida si la medida cautelar es adecuada"

    A continuación comentamos la sentencia del Tribunal Supremo que condena a José Luis Ábalos, exministro y ex secretario de Organización del PSOE, a 24 años de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

  Conviene recordar que el tiempo máximo efectivo de cumplimiento será de dieciséis años y medio, por aplicación de las reglas del concurso de delitos.

"La sentencia ha sido adoptada por unanimidad. Los magistrados han coincidido tanto en las penas impuestas como en considerar acreditada la existencia de una organización criminal integrada por tres personas."

    Después de la entrevista, varios amigos me han preguntado algo que les ha llamado la atención de la Sentencia del Tribunal Supremo: ¿cómo se les condena a devolver solo menos de medio millón cuando el fiscal pedía más de tres? O dicho en términos más coloquiales: ¿van a devolver la pasta que nos han robado?

    La respuesta que se desprende de la sentencia es esta: porque la petición de multa de 3,7 millones para Aldama lo era por el delito de aprovechamiento de información privilegiada y la sentencia (Fundamento Jurídico 5.3) lo absuelve de ese delito tipificado en el artículo 418 del Código Penal. Lo mismo para Ábalos y Koldo (en sus casos, art. 442 CP).

    Sin embargo, la cuestión económica no termina completamente ahí. Entonces, por mi cuenta y riesgo, me pregunto: si la adjudicación del contrato es consecuencia del cohecho y del tráfico de influencias, ¿por qué las ganancias obtenidas gracias a esa adjudicación no constituyen también producto del delito a efectos del artículo 127 del Código Penal, que prevé el decomiso de las ganancias procedentes de la actividad delictiva?

    Sinceramente, no veo que la sentencia responda de forma expresa y detallada a esta cuestión. Ahora bien, debo añadir que no soy especialista en Derecho Penal y que es perfectamente posible que existan razones técnicas que justifiquen la solución adoptada por los siete magistrados de la Sala para mantener el escrupuloso respeto al Estado de Derecho. Más allá de ellas, y como ciudadano común y corriente, la sensación que me queda es que estos tres condenados no van a tener muchos problemas económicos el resto de sus vidas.