Como
en los últimos quince años se han presentado ante la Mesa del Parlament de Catalunya nada menos que
cuatro iniciativas legislativas populares para pedir la independencia de
Cataluña (enero y abril del 2008, junio de 2019 y septiembre de 2022), uno está
tentado de comentar la quinta con la vieja frase del Eclesiastés: Nihil novum sub sole. Sin embargo,
comparando lo acordado ayer por la Mesa con lo decidido en las otras ocasiones
se advierte una gran diferencia: si no hay nada nuevo en la iniciativa, sí que
lo hay en la respuesta de la Mesa del Parlamento pues todos los acuerdos anteriores fueron de
inadmisión, siguiendo el informe previo de los Servicios Jurídicos del
Parlamento; no ha sido así en esta ocasión, a pesar de que esos Servicios
Jurídicos han vuelto a dictaminar lo que es evidente y palmario -según la
terminología del Congreso de los Diputados- para cualquier jurista y de sentido
común para cualquier ciudadano: que el ordenamiento jurídico español no permite
que un Parlamento autonómico declare la independencia de su territorio.
Para
analizar esta decisión debemos de partir dando por descontado que los miembros
de las mesas de cualquier parlamento no suelen tomar sus decisiones atendiendo
a criterios jurídicos y sí a estrategias de partido. Muy especialmente los
políticos independentistas, que no suelen manifestar mucha lealtad
constitucional (es decir, el convencimiento de que tienen la obligación de
ejercer sus cargos respetando la Constitución). Por eso, la razón de que la
Mesa del Parlament haya admitido
tramitar una propuesta inconstitucional no es jurídica y sí claramente política,
y no es otra que el mayor peso que actualmente tienen los separatistas en ese
órgano: los dos diputados de Junts han
unido su voto favorable al de la CUP, mientras que los dos del PSC han votado
en contra y el de ERC se ha abstenido. Una primera explicación de esta votación
se puede basar en las posturas más rupturistas de los votantes a favor,
mientras que ERC sigue su senda institucional
y de alianza con el PSOE, pero no hasta el punto de votar en contra; supuesto
que en cualquier caso no habría servido para rechazar la iniciativa ya que si
se produce un empate el Reglamento del Parlamento determina que la presidencia
tiene voto de calidad, y en estos momentos la presidenta es de Junts. Otra cosa
sería si hubiera asistido a la reunión el séptimo miembro de la Mesa, de ERC,
huido a Suiza; en ese caso los dos votos republicanos sí que hubieran podido inclinar el resultado si se hubieran
unido a los dos socialistas.
Sin
duda, se puede considerar este radicalismo de Junts como una posición táctica
para influir en la redacción final de la
Proposición de Ley Orgánica de amnistía “para la normalización
institucional, política y social en Cataluña”; pero, sea por ese motivo o
simplemente porque quiere ser congruente con lo que votó en el pasado en las
otras iniciativas de independencia, lo cierto es que su voto favorable no
muestra mucha congruencia ni con el título de la ley orgánica de amnistía ni
con las reiteradas afirmaciones de su inacabable preámbulo del gran efecto que
tiene la amnistía para terminar con la tensión política y social en Cataluña.
Si de tantas llamadas a la concordia que hace esa proposición algún lector de
buena voluntad concluyó que la amnistía se tramita porque se ha producido el
abandono de la vía unilateral del procés,
ayer vería que su conclusión fue algo precipitada. Y desde luego, si una
condición previa para la amnistía es una mínima cesión por parte de los
independentistas en su modo de actuar al margen del ordenamiento jurídico para
conseguir su objetivo, ayer tanto Junts como ERC perdieron una gran ocasión de
demostrar que aceptan esta premisa. Para
ellos, la amnistía no es una decisión para lograr la concordia y la
reconciliación, sino que se trata simplemente de acabar con la represión a los
independentistas, como por lo demás se puede leer con claridad en todos sus
medios de comunicación a poco que uno se tome la molestia de consultarlos en
Internet. Algo que, al parecer, no han tenido tiempo de hacer ni los autores de
la proposición de ley ni aquellos que la defienden basándose en la concordia.
Precisamente,
el hecho de haber votado a favor de una iniciativa palmariamente
inconstitucional nos lleva a los juristas a preguntarnos por las
responsabilidades de los miembros de la Mesa que han actuado así, incumpliendo
sin ningún género de dudas con su obligación de respetar la Constitución. Vox y
Ciudadanos han advertido que van a exigir responsabilidades ante los tribunales
a esos diputados. Veremos cómo ejecutan su advertencia; por mi parte, no acabo
de encontrar el instrumento jurídico para hacerlo pues su conducta me parece
que no está sancionada en ninguna ley, sin que pueda incluirse dentro de la
prevaricación porque la tipificación de
ese delito en el Código Penal excluye este tipo de decisiones parlamentarias.
Es más, el Estatuto de autonomía les garantiza la inviolabilidad por los votos
y las opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo. Más factible veo que
presenten un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en línea con los
que se presentaron en la época del procés
basándose en que afecta a su derecho de participación política obligarles a
discutir propuestas claramente inconstitucionales. Si así fuera, podríamos
decir que otra vez empieza el ciclo del procés, con continuas decisiones del Parlamento
catalán y de sus órganos de gobierno recurridas ante el Constitucional.
Entonces sí que podríamos aplicar la frase bíblica y decir que ayer no hubo
nada nuevo bajo el Sol.
Espero
que no haya lugar a eso porque con gran
optimismo tengo la ilusión de que la reconsideración del asunto que, en
aplicación del artículo 30 del Reglamento, va a proponer el PSC a la Mesa le
permita a esta actuar conforme a Derecho e inadmitir la iniciativa legislativa
popular. Entonces quizás los dos diputados de Junts se abstengan, o quizás
aparezca el diputado huido de ERC y él y su correligionario voten en contra. ¡Pueden
pasar tantas cosas en política! Incluso que aparezca la diosa Temis y les
recuerde a los siete diputados que tienen la obligación de respetar la
Constitución por encima de sus
convicciones políticas.
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