Entrevista en EL MUNDO: Si dos personas queman un coche por motivos políticos sólo se amnistiará al independentista

 Ayer viernes tuve el honor de ser uno de los cuatro constitucionalistas entrevistados por la Comisión de Venecia para preparar su dictamen sobre la amnistía. El periodista Fernando Palmero, alertado por un buen amigo común, aprovechó para hacerme esta entrevista:

EL MUNDO: Luces para la Constitución (58)

Agustín Ruiz Robledo: "Si dos personas queman un coche sólo se amnistiará al independentista"

Compareció ayer en el Senado, en calidad de experto, ante la Comisión de Venecia, y el martes presenta 'La amnistía en España: Constitución y Estado de derecho' (Colex), un libro colectivo que ha dirigido junto a Enrique Gimbernat y Manuel Aragón

Agustín Ruiz Robledo. JAVIER BARBANCHO

• Fernando Palmero

¿Confía en que la Comisión de Venecia sirva para detener la deriva iliberal de este Gobierno?

Lo primero que he visto para mi sorpresa, porque no hay precedentes, es que una institución democrática como el Congreso se ha negado a participar en esa investigación e implícitamente está impugnando la neutralidad de la Comisión. El propio letrado mayor o secretario general del Congreso consideró que no era oportuno comparecer, algo realmente insólito. 

¿Está llegando España a los niveles de Polonia, Hungría o Rumanía?

Las comparaciones son siempre odiosas, pero yo creo que España es un Estado de Derecho, aunque estemos viendo cosas inverosímiles, cosas que no se habían visto antes. ¿Cuándo se ha visto aquí que al año de ser ministro un persona [Juan Carlos Campo] sea nombrada magistrado del Tribunal Constitucional (TC)? ¿O cuándo hemos visto que se nombre a una ex ministra [Magdalena Valerio], que no tenía un currículum jurídico importante, presidenta del Consejo de Estado? Lo relevante es que cuando el Supremo anuló el nombramiento, el Gobierno hizo una insólita declaración diciendo que esa anulación rompía la división de poderes? Parece que este Gobierno no acaba de entender lo que es un Estado de Derecho.

En el libro colectivo que ha dirigido junto a Enrique Gimbernat y Manuel Aragón, Araceli Mangas se muestra escéptica con la idea de que Europa nos vaya a salvar de esta deriva autocrática y afirma que España tendrá que salvarse a sí misma.

Posiblemente. Hemos visto que en Polonia esa deriva ha terminado cuando una coalición de liberales ha conseguido acabar con el Gobierno a través de las elecciones. Esa podría ser una solución en España. Lo que dice Araceli Mangas es que es muy difícil que la Comisión Europea intervenga, lo estamos viendo, pero también es evidente que hay que esperar a ver qué dice la Comisión de Venecia. Porque si hace un informe negativo sobre el proyecto de ley de amnistía y algún tribunal español presenta una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, este puede tomar una decisión no muy favorable para los intereses del Gobierno.

El Gobierno dice que existen otros informes que son favorables...

Sí, pero no los hace públicos. El único informe a favor que conocemos es el que encargó Sumar. Y por cierto, en el libro Gimbernat lo desmonta de forma demoledora.

El CGPJ denunció el jueves ante la Comisión de Venecia los insultos a los jueces en el Congreso ¿son un síntoma de la degradación institucional?

Sí, claro. Por una parte están los insultos, pero por otro lado está el hecho de que la presidenta del Congreso lo permita. Habría que ver qué dirían los anteriores presidentes del Congreso, algunos desgraciadamente ya fallecidos, como Marín y Peces-Barba. Se está permitiendo que cosas que dichas en la calle podrían ser delito, como acusar de prevaricación a determinados jueces, se digan dentro del Congreso sin llamar la atención de la presidenta. Por cierto, que si García-Castellón es un prevaricador, como han dicho algunos diputados, hay muchos prevaricadores en España, porque el martes nada menos que 11 fiscales dijeron lo mismo que él: que hay muchísimos indicios para investigar a Puigdemont por terrorismo. Quizá esos indicios al final no nos lleven a nada, pero cuando los hay, existe la obligación de investigar.

¿Existe lawfare en España?

El uso político de los tribunales siempre se ha intentado. Ahora, si con lawfare queremos decir que existe una derecha judicial que intenta atacar al Gobierno con decisiones prevaricadoras, que es lo que viene diciendo Junts, eso no existe, yo no lo veo. Yo lo que veo es lo contrario: unos políticos que no respetan las decisiones judiciales y que maniobran para que no se investiguen determinadas cosas. Cuando lees la prensa parece que García-Castellón actuaba mirando lo que hacía el Congreso para ir en su contra, pero lo que realmente pasó es que el 29 de enero se cumplía el plazo de una investigación y, o dictaba un auto prorrogándola o se acababa. Estaba forzado por un plazo procesal.

¿Qué opinión le merece la actuación del fiscal general en el caso de los dos informes sobre Puigdemont elaborados por Álvaro Redondo?

El razonamiento que yo he oído de este fiscal es que primero hizo un estudio superficial y le pareció que sí había indicios para procesarlo, pero que después lo estudió más detenidamente y le pareció que no los había. Bueno, uno puede cambiar de opinión, ahora bien, yo veo dos cosas muy raras. Primero, que el primer informe, que dijo que era superficial, tenía 63 folios. Y también veo raro que el cambio de opinión se produjese después de tener una conversación con el fiscal general. No sabemos de lo que hablaron. De momento sólo podemos hacer presunciones; habría que investigar si detrás de la posición del fiscal general del Estado está el Gobierno.

¿Qué les ha llevado a editar este libro que se presenta el martes?

Hay una serie de personas, normalmente las mismas, que repiten en muchos sitios que la mayoría de los juristas están a favor de considerar que la amnistía es constitucional. ¿Dónde está ese colectivo? De ahí sale la idea de hacer un libro entre los que consideramos que la amnistía pactada por el PSOE y Junts no cabe en la Constitución, con argumentos que a mí me parece que son bastante sólidos, aunque para descalificarnos dicen que somos la «derecha jurídica». Yo no quiero calificar a los que mantienen que la amnistía es constitucional; nosotros sólo queremos hablar de nuestros argumentos, y hemos reunido un total de 78 artículos, actualizados y completados con citas y bibliografía.

¿Es constitucional la ley de amnistía?

En lo que estamos todos de acuerdo es en que el Gobierno no puede amnistiar a Puigdemont, sino que hace falta una ley orgánica que lo haga posible. Donde ya discrepamos es en que unos dicen que la potestad general que tienen las Cortes de aprobar normas le permite aprobar esa ley. Consideran que la amnistía es como una nueva materia, un nuevo fenómeno, que no está en la Constitución y por lo tanto las Cortes pueden regularla, como la Inteligencia Artificial, la robótica, el teletrabajo... Y luego hay otra serie de profesores y especialistas, entre los que me incluyo, que decimos, primero, que la amnistía no es un ejercicio de potestad legislativa en general, porque no pretende regular una situación nueva ni cambiar el Código Penal, sino que se trata sólo de no aplicar ese Código Penal a ciertas personas de una ideología concreta. Y eso atenta contra el principio de igualdad. Una característica de la ley es que debe ser general, es decir, debe ir dirigida a todos los ciudadanos, no sólo a los que piden, por ejemplo, la independencia de Cataluña. Imaginémonos dos personas quemando un coche en los disturbios de Barcelona, o tirando piedras. Uno las tira por la independencia de Cataluña, y el de al lado es un anarquista que las tira porque considera que el Estado es opresor. Con esa ley se podría amnistiar al independentista catalán, pero no al anarquista, cuando los dos están haciendo lo mismo.

En el libro se destaca también que esa ley atentaría contra la división de poderes, ¿en qué sentido?

El artículo 117 de la Constitución dice que a los jueces y magistrados les corresponde juzgar y ejecutar lo juzgado, y el 118 habla de la obligación de cumplir las sentencias. Una ley de amnistía acabaría con ese monopolio del poder judicial, por lo que estaría rompiendo el principio de separación de poderes.

¿Un parlamento democrático no tiene legitimidad para aprobar la ley que considere oportuna?

En este caso podría hacerlo si la Constitución lo hubiera autorizado. La amnistía está recogida en las Constituciones de Portugal, Francia o Italia, pero no en la de España de 1978. En 1931 y en 1869 se incluyó en las dos Constituciones democráticas. ¿Por qué? Porque es una excepción a la separación de poderes. Técnicamente eso se llama una «ruptura constitucional», es decir, que si no se incluye en la Constitución es inconstitucional incluirlo en la ley. En las Cortes Constituyentes de nuestra democracia, la Ponencia estuvo discutiendo si incluir la amnistía o no. Y no la introdujeron. Después se plantearon dos enmiendas para introducir la amnistía y las dos fueron rechazadas. ¿Por qué? No lo sabemos, pero podemos imaginarnos que a la vista de la experiencia tan malísima de las amnistías de 1934 y 1936, los ponentes del 78 prefirieron no incluirla en el texto. Es más, tampoco se permiten los indultos generales (sí los individuales), por lo tanto, la amnistía, que es un derecho de gracia más radical que el indulto general, tampoco es admitida. Si una Constitución prohíbe lo menor, también prohíbe lo mayor, como explica Enrique Gimbernat.

¿Y el argumento del interés general utilizado por el Gobierno tampoco es válido? En el libro Miguel Satrústegui habla incluso de una posible amnistía condicionada.

Sí, pero eso son argumentos políticos. El argumento jurídico es que la Constitución no lo permite, y así lo hemos venido interpretando todos durante más de 40 años. Era algo tan aceptado que cuando en 1995 se suprimió del Código Penal la amnistía, que sí aparecía en el anterior, de 1973, nadie presentó ninguna enmienda, ni el PSOE, ni el PCE, ni ERC. Ahora bien, se puede hacer una reforma exprés de la Constitución como la urgentísima que se ha hecho para eliminar el concepto de «disminuidos». ¿Por qué hay que forzar la Constitución si podemos reformarla fácilmente?

¿Cómo se podría hacer?

Pues introduciéndola en los artículos 117 o 118, y añadiendo lo que dice Satrústegui: que por circunstancias de interés público se podrá aprobar una ley de amnistía siempre que se cumplan determinados requisitos. Si eso es ahora imposible es porque no ha habido un debate claro en España sobre la conveniencia de la amnistía y no hay consenso. ¿Alguien recuerda que en el primer semestre de 2023 se estuviera discutiendo de la amnistía? ¿Venía en el programa del PSOE, de Podemos, del PP o de Vox? Ninguno de los cuatro grandes partidos españoles lo llevaba entre sus propuestas. Y ahora resulta que hemos descubierto que la amnistía es fundamental para la pacificación de España. Vamos a decir que Paulo también se cayó del caballo, pero es mucha casualidad que todo venga a partir del 23 de julio. En derecho esto se llama una «causa torpe» o sencillamente una «arbitrariedad». La decisión de la amnistía viene motivada por siete votos que son fundamentales para la elección de un presidente, pero no dicho por mí, sino reconocido pro el propio presidente del Gobierno.

¿Qué le parece que se esté negociando la renovación del CGPJ con un comisario europeo de testigo?

Me parece una situación muy triste. Que los dos partidos principales españoles no sean capaces de ponerse de acuerdo en este asunto lo que nos está diciendo es que quieren repartirse los puestos como han hecho hasta ahora desde el año 85, con el único principio de cuál es tu fuerza y a cuántas personas pones tú. Lo que pretenden es nombrar a los vocales del CGPJ fijándose en cuál es su ideología. El nombramiento de los últimos presidentes del CGPJ lo han pactado directamente los líderes de los dos principales partidos, cuando la Constitución dice que lo deben nombrar los 20 miembros del CGPJ, es decir, que ha habido una politización máxima en contra de lo que quiere la Constitución, que es separar al poder judicial de los partidos.

En el TC ha pasado lo mismo...

No es razonable que entre los magistrados haya tres que no vienen del Tribunal Supremo. De los 11 magistrados del TC hay dos que son de la Audiencia Nacional y otro de un Tribunal Superior autonómico. El cursum honorum de un juez debe ser irse al TC desde el Tribunal Supremo, pero desde la Audiencia Nacional no es habitual. Y estos saltos extraños también los hemos visto en la Fiscalía, donde ha habido nombramientos de fiscales que no tenían el máximo rango en la carrera. Son cosas como mínimo extrañas. Imaginémonos que para Jefe del Estado Mayor del Ejército se nombrase a un coronel. ¿Qué pasa con los generales? No, es que de los generales no me fío.

En uno de sus artículos opina que es inconstitucional el uso de las lenguas autonómicas en el Congreso.

No lo digo yo, se ha considerado así durante 45 años. La Constitución dice que las lenguas regionales podrán ser reconocidas como cooficiales en su territorio y ahora resulta que se puede usar el catalán en el Congreso. Tenemos una teoría general que nos dice que los diputados representan al conjunto de los ciudadanos, no a la circunscripción por la que salen elegidos, y si representan al conjunto de los ciudadanos el idioma que deben usar todos es el del conjunto de los ciudadanos. Y eso lo ha hecho el PSOE sin que viniese en su programa electoral, en contra de lo que había votado históricamente y sin explicar por qué cambia de opinión. Es evidente que la causa real no puede ser la integración de la diversidad, sino los votos que necesitaba para que Armengol saliese presidenta del Congreso. No había otra razón. Pero con el tema de las lenguas, entramos en una dinámica peligrosa, porque lo que inmediatamente dicen las fuerzas independentistas es que se está visibilizando que España es una nación de naciones. Pero eso no lo dice la Constitución, ahí se dice que España es una sola nación. Ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en Italia, donde hay tantas lenguas locales, se permite su uso en los parlamentos. Y no se permite porque la idea que subyace es que el parlamento representa a la nación, que es unitaria, y la nación no se parcela, que es lo que estamos haciendo, parcelar la nación, a golpe de necesidades coyunturales de formar gobierno.

DNI

Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada desde 2009, ha sido magistrado suplente de la Audiencia provincial de Granada. Sus dos últimos libro son 'La mirada de Argos. Pequeño tratado constitucional de política española' (2020) y 'Constitutional Law in Spain' (2023)

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