Artículo publicado el 23 de septiembre de 2023 en el Diario de Sevilla y los otros ocho periódicos del Grupo Joly. Reproduzco aquí el artículo íntegro, un poco más largo que lo publicado en la prensa escrita.
Recordemos,
primero, la teoría clásica: cuando el artículo 9 de la Constitución establece
que “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al
resto del ordenamiento jurídico”, se está
atribuyendo a sí misma carácter normativo, vinculante, lejos de las
constituciones programáticas del siglo XIX. De ahí que el Tribunal Constitucional haya desarrollado una
doctrina -formulada por primera vez en su STC 101/1983- según la cual mientras
los ciudadanos tienen un deber general negativo de abstenerse de cualquier
actuación que vulnere la Constitución, los titulares de los poderes públicos
tienen además un deber general positivo de realizar sus funciones de acuerdo
con la Lex legum. Podemos llamar a
este deber lealtad constitucional. Lealtad que, por cierto, pidió la presidenta
del Congreso en la legislatura pasada, Merixet Batet, en sus dos últimos discursos
de celebración del Día de la Constitución.
Sin
embargo, las declaraciones veraniegas de los políticos socialistas sobre la
amnistía no solo sorprenden porque sea un tema que no llevaban en su programa
electoral y que antaño consideraban inconstitucional, sino porque ahora no se
pronuncian sobre su adecuación a la Carta Magna, a diferencia de lo que ha
hecho Puigdemont, que la ha considerado constitucional. Simplemente, afirman
que al Gobierno y a las Cortes le corresponde hacer política, que es el tiempo
del diálogo, y que determinar la constitucionalidad de la amnistía no es su
función, sino del Tribunal Constitucional.
Una
teoría así, que exime a los políticos de actuar conforme a Derecho, debe tener
repercusiones profundas en muchos ámbitos. Empezando por la responsabilidad de
los propios políticos: si no tienen que velar por la constitucionalidad de sus
actos, no se les puede pedir responsabilidad por ellos, como en el pasado. Ya
se fueron los tiempos en que se dimitía porque el Constitucional anuló algunos
artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana (José Luis Corcuera, 1993) o porque
se descubrieron escuchas ilegales del CESID (Narcis Serra, 1995). Ahora, ningún político tiene que dimitir. Da igual que
se trate de los desastrosos efectos de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía
integral de la libertad sexual, como de varias sentencias declarando la
arbitrariedad de un ministro con un coronel de la Guardia Civil. Ya nadie es
responsable.
Esta
nueva teoría también afecta a la validez de las leyes: hasta ahora estas se
presumían constitucionales porque partíamos del principio de que las Cortes,
representantes del pueblo español, cuando aprobaban una ley consideraban que la
ley era constitucional. Pero si ahora las Cortes pueden aprobar lo que estimen
conveniente políticamente, sin tener en cuenta los límites constitucionales, no
parece razonable mantener esa presunción, aunque no sé muy bien por qué regla se puede sustituir. Me imagino
a cualquier juez en la situación de aplicar una ley que sus propios autores han
dicho que no saben si es constitucional ¿qué debe hacer? Quizás presentar una cuestión
ante el Tribunal Constitucional; quizás pedir a las partes que le demuestren la
constitucionalidad de las leyes que
citen, como ahora tienen que demostrar la vigencia del Derecho extranjero que
les interese; o quizás decidir él mismo inaplicar los preceptos que considere
inconstitucionales, como hacen los jueces americanos. Estoy desconcertado.
Lógicamente
ese mismo principio de eximir a los diputados de velar por la
constitucionalidad de sus actos será también plenamente aplicable a todos los
ámbitos políticos españoles; por ejemplo, los Parlamentos autonómicos no
tendrán que preocuparse de si sus leyes se adecuan a la Constitución y a sus
Estatutos de Autonomía; actitud de la
que, por cierto, ya tuvimos un grave precedente cuando el Parlamento catalán
inició el proceso de independencia en 2017 y decidió desoír a sus propios
letrados, que le informaron de la inconstitucionalidad de sus decisiones.
De forma
similar, los alcaldes (y en general cualquier político encargado de tomar
decisiones que afecten a los ciudadanos) podrán otorgar o denegar licencias
municipales sin tener que preocuparse por la legalidad de su decisión,
ya se verá en el tribunal correspondiente. Aparte de convertir sus decisiones
en una divertida lotería, el delito de prevaricación raramente se aplicará ya
que el Código Penal exige que el acto ilegal sea “a sabiendas” y el político
implicado podrá alegar que la ilegalidad solo pudo saberse después, cuando un
juez anuló su resolución. Llevado el argumento a
los partidos de fútbol, se podrían pitar faltas, pero ningún jugador podría ser
expulsado por cometerlas ya que él solo estaba jugando al fútbol y
únicamente después de que el árbitro
pitara supo que su acción era antirreglamentaria.
En
fin, tengo para mí que eso implicaría que la seguridad jurídica se resentiría,
aumentaría la arbitrariedad y desembocaríamos en el caos jurídico y social;
pero me temo que solo digo eso porque soy un constitucionalista de la vieja
escuela que no entiende esta nueva teoría de eximir a los políticos del deber
de lealtad constitucional. Seguramente nos lo explicará Paxti López en su
próxima rueda de prensa, o cualquier otro teórico de su escuela. Mientras espero,
debido a mi confusión mental me ha venido a la memoria una frase que poco tiene
que ver con todo esto. La leí la Navidad pasada en un bello mural de Barcelona:
“La lleialtat és el sentiment més car, no ho esperis de persones barates”.
Comentarios
He vivido el golpe de estado del 23 F y tengo una sensación extraña que me hace recordar aquel momento que ya ha quedado en el olvido en. Uestra historia.
Aquí lo estamos viviendo, no con la misma técnica aunque el mismo contenido , poco a poco, desinformado a la población y aprovechando el MIEDO que saben utilizar muy bien bien .
Con tu permiso titularía mi humilde opinión
ADIÓS A LA DEMOCRACIA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN .. si continúan estos advenedizos gobernantes … que solo buscan su
Intereses privados
Blanca del Castillo