Artículo publicado en la Revista del Domingo del Grupo Joly, 20 de mayo de 2007
Todos los políticos son iguales. Me parece que no hay frase más repetida que esa entre los andaluces para hablar de nuestros representantes y siempre en el mismo sentido: para dar a entender que se trata de personas que merecen el calificativo de pillos para arriba. ¿Son tan iguales nuestros políticos o pasará como en la granja de Orwell que unos son más iguales que otros? Evidentemente, si prestamos atención a lo que se dicen entre ellos no caben muchas dudas: el PSOE tacha al PP de defensor de la corrupción urbanística, el PP contesta recordando que el PSOE lleva en sus listas de Andalucía unos cincuenta candidatos imputados por diversos delitos, etc. Sin embargo, estoy seguro de que en los partidos todavía queda mucha gente de la integridad del concejal de urbanismo de Granada, Luis Gerardo García Arroyo, que ha mantenido a raya a más de un desaprensivo constructor presto a flexibilizar la legalidad urbanística, aunque su partido -el PP- haya recompensado su tarea descabalgándolo de las listas electorales.
Si nos olvidamos de las descalificaciones recíprocas e indagamos por nuestra cuenta, algunas actuaciones de los partidos no se explican como búsqueda del interés general y más bien parecen producto de unas maquinarias bien engrasadas dispuestas a actuar siempre en beneficio propio y, muchas veces, de consuno: todos ellos utilizan las Diputaciones como lugar de descanso de sus huestes, en lugar de jubilar unas instituciones que, constreñidas entre los municipios y la Junta, ya han perdido su razón de ser; ninguno de los cuatro partidos parlamentarios se preocupa del sinsentido de que el Defensor del Pueblo Andaluz tenga cuatro adjuntos (el de España, con bastante más carga de trabajo, tiene solo dos), aunque ahora que tienen que elegirlos se dicen muy preocupados por respetar la paridad que exige el nuevo Estatuto, mientras dejan el mandato de eficiencia para otro momento; amparándose en la autonomía municipal, no hay forma de que acuerden una ley que ponga coto a las subidas indiscriminadas de los sueldos de los munícipes y ya han aprobado en el Congreso una nueva ley de financiación de los partidos que, cómo no, va a suponerles a todos ellos más ingresos, etc, etc.
Ahora bien, si en lugar de encogernos de hombros y repetir el estribillo de todos los políticos son iguales o de mirar con gran comprensión los resbalones de aquellos de los que nos sentimos próximos ideológicamente, los ciudadanos nos tomáramos en serio nuestro papel de votantes y rechazáramos a los candidatos que han demostrado poca moralidad, entonces quizás podrían cambiar muchas cosas, empezando por el reclutamiento de la clase política. No citaré el ejemplo obvio de mi alcalde popular, que se ha escondido detrás del partido para no explicar por qué no repite García Arroyo y en cien argumentos parecidos para otras tantas arbitrariedades, sino un caso con sentencia judicial: el candidato a Alcalde del PSOE en Carboneras es una persona que ha sido condenada por la comisión de un delito electoral y convenientemente indultado por el Gobierno. En cualquier país de la vieja Europa democrática o en las firmes democracias anglosajonas sería un político acabado. Limpio para la vida civil, por supuesto, pero incapacitado para la vida pública, no por ninguna norma, sino por la fuerza de los ciudadanos ya que muy pocos le confiarían su voto. Aquí las cosas son distintas y encontramos los más diversos argumentos, desde el legal (está en pleno uso de sus derechos constitucionales) hasta el moral-católico (todos tenemos derecho a una segunda oportunidad). Pero el verdadero motivo por el que el PSOE en Carboneras y todos los partidos en otras muchas localidades se atreven con candidatos de ética dudosa es porque los ciudadanos los hemos igualado por abajo, de tal forma que el coste electoral de presentar a gente impresentable es mínimo. Por eso, no es que todos los políticos sean iguales, sino que los ciudadanos al actuar como si lo fueran estamos dificultando la erradicación de los que son más iguales que los otros.
Todos los políticos son iguales. Me parece que no hay frase más repetida que esa entre los andaluces para hablar de nuestros representantes y siempre en el mismo sentido: para dar a entender que se trata de personas que merecen el calificativo de pillos para arriba. ¿Son tan iguales nuestros políticos o pasará como en la granja de Orwell que unos son más iguales que otros? Evidentemente, si prestamos atención a lo que se dicen entre ellos no caben muchas dudas: el PSOE tacha al PP de defensor de la corrupción urbanística, el PP contesta recordando que el PSOE lleva en sus listas de Andalucía unos cincuenta candidatos imputados por diversos delitos, etc. Sin embargo, estoy seguro de que en los partidos todavía queda mucha gente de la integridad del concejal de urbanismo de Granada, Luis Gerardo García Arroyo, que ha mantenido a raya a más de un desaprensivo constructor presto a flexibilizar la legalidad urbanística, aunque su partido -el PP- haya recompensado su tarea descabalgándolo de las listas electorales.
Si nos olvidamos de las descalificaciones recíprocas e indagamos por nuestra cuenta, algunas actuaciones de los partidos no se explican como búsqueda del interés general y más bien parecen producto de unas maquinarias bien engrasadas dispuestas a actuar siempre en beneficio propio y, muchas veces, de consuno: todos ellos utilizan las Diputaciones como lugar de descanso de sus huestes, en lugar de jubilar unas instituciones que, constreñidas entre los municipios y la Junta, ya han perdido su razón de ser; ninguno de los cuatro partidos parlamentarios se preocupa del sinsentido de que el Defensor del Pueblo Andaluz tenga cuatro adjuntos (el de España, con bastante más carga de trabajo, tiene solo dos), aunque ahora que tienen que elegirlos se dicen muy preocupados por respetar la paridad que exige el nuevo Estatuto, mientras dejan el mandato de eficiencia para otro momento; amparándose en la autonomía municipal, no hay forma de que acuerden una ley que ponga coto a las subidas indiscriminadas de los sueldos de los munícipes y ya han aprobado en el Congreso una nueva ley de financiación de los partidos que, cómo no, va a suponerles a todos ellos más ingresos, etc, etc.
Ahora bien, si en lugar de encogernos de hombros y repetir el estribillo de todos los políticos son iguales o de mirar con gran comprensión los resbalones de aquellos de los que nos sentimos próximos ideológicamente, los ciudadanos nos tomáramos en serio nuestro papel de votantes y rechazáramos a los candidatos que han demostrado poca moralidad, entonces quizás podrían cambiar muchas cosas, empezando por el reclutamiento de la clase política. No citaré el ejemplo obvio de mi alcalde popular, que se ha escondido detrás del partido para no explicar por qué no repite García Arroyo y en cien argumentos parecidos para otras tantas arbitrariedades, sino un caso con sentencia judicial: el candidato a Alcalde del PSOE en Carboneras es una persona que ha sido condenada por la comisión de un delito electoral y convenientemente indultado por el Gobierno. En cualquier país de la vieja Europa democrática o en las firmes democracias anglosajonas sería un político acabado. Limpio para la vida civil, por supuesto, pero incapacitado para la vida pública, no por ninguna norma, sino por la fuerza de los ciudadanos ya que muy pocos le confiarían su voto. Aquí las cosas son distintas y encontramos los más diversos argumentos, desde el legal (está en pleno uso de sus derechos constitucionales) hasta el moral-católico (todos tenemos derecho a una segunda oportunidad). Pero el verdadero motivo por el que el PSOE en Carboneras y todos los partidos en otras muchas localidades se atreven con candidatos de ética dudosa es porque los ciudadanos los hemos igualado por abajo, de tal forma que el coste electoral de presentar a gente impresentable es mínimo. Por eso, no es que todos los políticos sean iguales, sino que los ciudadanos al actuar como si lo fueran estamos dificultando la erradicación de los que son más iguales que los otros.
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