Artículo publicado en la Revista del Domingo del Grupo Joly, 9 de diciembre de 2007
Llevo unos días dandole vueltas a la explicación del Presidente del Gobierno sobre por qué el informe educativo PISA puntúa tan mal a los estudiantes españoles en general y a los andaluces, en particular, y he llegado a la conclusión de que es cierto que la culpa reside en la Ley de Instrucción Pública de 1857 (vigente hasta 1970), sin que los treinta años de democracia hayan podido acabar con tanta incuria centenaria. Con pesar, tengo que reconocer que he llegado a esta conclusión partiendo de un experimento irrebatible conmigo mismo: como soy uno de los últimos producto de la ley decimonónica, me he hecho la prueba de comprensión de textos y el resultado ha sido tan desolador que para mi quisiera los 474 puntos de los quinceañeros andaluces.
El experimento es tan sencillo que se puede repetir sin dificultad. Basta con comparar un par de textos de impecable prosa ministerial: “El Gobierno tiene la voluntad de descentralizar algunas instituciones del Estado, siguiendo la lógica y los principios inherentes a la naturaleza del Estado de las Autonomías" (noviembre de 2006). “El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Acuerdo por el que se crea el Centro Nacional de Artes Visuales, pionero en España y cuya sede estará en Madrid” (noviembre de 2007). La única conclusión que soy capaz de alcanzar cotejando esas frases es la de que descentralizar significa crear instituciones estatales en Madrid, lo que francamente no entiendo. Yo pensaba que la lógica autonómica suponía dispersar territorialmente muchas organizaciones estatales, como sucede en Alemania, donde un gran número de instituciones federales está lejos de Berlín, incluyendo algunas tan relevantes como el Tribunal Constitucional, el Bundesbank y la Dirección General de la Policía.
Pero mi problema de comprensión no se limita a entender estas dos frases, sino que se extiende a toda la lógica del Estado autonómico, que evidentemente no es la de crear instituciones estatales por todo el territorio nacional. Así, casi todas las nuevas instituciones estatales creadas en democracia que soy capaz de recordar tienen su sede en Madrid: el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Consejo Económico y Social, la Agencia Española de Protección de Datos, el Centro de Arte Reina Sofía, etc. La única excepción es la Comisión Ministerial de Telecomunicaciones, que el Gobierno socialista trasladó de Madrid a Barcelona en 2004 con tan poco cuidado por los detalles jurídicos que el Tribunal Supremo anuló el Decreto de traslado, recurrido por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, quien parece que sí tiene muy claro que descentralizar es situar en la capital de España todas las instituciones estatales habidas y por haber. Sobre todo, ahora que el método de carga-beneficio para calcular las balanzas fiscales que hemos conocido esta semana hace que cada vez que un andaluz vaya a usar una de esas instituciones (o el macro aeropuerto de Barajas) se considere que el Estado está invirtiendo en Andalucía la parte proporcional correspondiente y no en Madrid, como muchos indocumentados fiscales hubiéramos creído; sin embargo, el iva que ese andaluz paga en Madrid por los servicios que allí utilice es una aportación que hace Madrid y no Andalucía a las arcas nacionales.
Así las cosas, y ya confuso totalmente, he llegado a la disparatada conclusión de que la lógica autonómica responde a la más pura dialéctica hegeliana: mientras por un lado se siguen acumulando instituciones estatales en Madrid, por otro se crean frondosos bosques institucionales en las Comunidades Autónomas que en no pocas ocasiones replican servicios del Estado. Y de estas tesis y antítesis surge una síntesis desoladora, que ataca el dogma inapelable del buen funcionamiento del Estado autonómico: en España tenemos un caro y poco eficaz entramado de poderes públicos que no han sabido construir un sistema educativo de calidad.
Llevo unos días dandole vueltas a la explicación del Presidente del Gobierno sobre por qué el informe educativo PISA puntúa tan mal a los estudiantes españoles en general y a los andaluces, en particular, y he llegado a la conclusión de que es cierto que la culpa reside en la Ley de Instrucción Pública de 1857 (vigente hasta 1970), sin que los treinta años de democracia hayan podido acabar con tanta incuria centenaria. Con pesar, tengo que reconocer que he llegado a esta conclusión partiendo de un experimento irrebatible conmigo mismo: como soy uno de los últimos producto de la ley decimonónica, me he hecho la prueba de comprensión de textos y el resultado ha sido tan desolador que para mi quisiera los 474 puntos de los quinceañeros andaluces.
El experimento es tan sencillo que se puede repetir sin dificultad. Basta con comparar un par de textos de impecable prosa ministerial: “El Gobierno tiene la voluntad de descentralizar algunas instituciones del Estado, siguiendo la lógica y los principios inherentes a la naturaleza del Estado de las Autonomías" (noviembre de 2006). “El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Acuerdo por el que se crea el Centro Nacional de Artes Visuales, pionero en España y cuya sede estará en Madrid” (noviembre de 2007). La única conclusión que soy capaz de alcanzar cotejando esas frases es la de que descentralizar significa crear instituciones estatales en Madrid, lo que francamente no entiendo. Yo pensaba que la lógica autonómica suponía dispersar territorialmente muchas organizaciones estatales, como sucede en Alemania, donde un gran número de instituciones federales está lejos de Berlín, incluyendo algunas tan relevantes como el Tribunal Constitucional, el Bundesbank y la Dirección General de la Policía.
Pero mi problema de comprensión no se limita a entender estas dos frases, sino que se extiende a toda la lógica del Estado autonómico, que evidentemente no es la de crear instituciones estatales por todo el territorio nacional. Así, casi todas las nuevas instituciones estatales creadas en democracia que soy capaz de recordar tienen su sede en Madrid: el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Consejo Económico y Social, la Agencia Española de Protección de Datos, el Centro de Arte Reina Sofía, etc. La única excepción es la Comisión Ministerial de Telecomunicaciones, que el Gobierno socialista trasladó de Madrid a Barcelona en 2004 con tan poco cuidado por los detalles jurídicos que el Tribunal Supremo anuló el Decreto de traslado, recurrido por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, quien parece que sí tiene muy claro que descentralizar es situar en la capital de España todas las instituciones estatales habidas y por haber. Sobre todo, ahora que el método de carga-beneficio para calcular las balanzas fiscales que hemos conocido esta semana hace que cada vez que un andaluz vaya a usar una de esas instituciones (o el macro aeropuerto de Barajas) se considere que el Estado está invirtiendo en Andalucía la parte proporcional correspondiente y no en Madrid, como muchos indocumentados fiscales hubiéramos creído; sin embargo, el iva que ese andaluz paga en Madrid por los servicios que allí utilice es una aportación que hace Madrid y no Andalucía a las arcas nacionales.
Así las cosas, y ya confuso totalmente, he llegado a la disparatada conclusión de que la lógica autonómica responde a la más pura dialéctica hegeliana: mientras por un lado se siguen acumulando instituciones estatales en Madrid, por otro se crean frondosos bosques institucionales en las Comunidades Autónomas que en no pocas ocasiones replican servicios del Estado. Y de estas tesis y antítesis surge una síntesis desoladora, que ataca el dogma inapelable del buen funcionamiento del Estado autonómico: en España tenemos un caro y poco eficaz entramado de poderes públicos que no han sabido construir un sistema educativo de calidad.
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