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RETOCANDO LA HISTORIA

Artículo publicado en la Revista del Domingo del Grupo Joly-8
13 de enero de 2008

Polibio coloca en su Historia a Sagunto al norte del Ebro. Con esa manipulación geográfica, estaba legitimando la actuación de Roma en la Segunda Guerra Púnica pues el Tratado del Ebro del año 226 antes de Cristo situaba la frontera entre Roma y Cartago en ese río, de tal forma que no tenía ninguna base jurídica que los romanos acudieran en ayuda de la ciudad valenciana cuando Aníbal la atacó en el 219 a.C. Desde aquellos lejanos años, la Historia ha sido manipulada frecuentemente para legitimar posiciones políticas de la más diversa índole, a veces sutilmente, a veces de forma tan grosera como cuando Stalin mandaba retocar las fotos de la Enciclopedia Soviética según sus conveniencias.
Blas Infante y el andalucismo no se han librado de esas tergiversaciones interesadas. Así, por ejemplo, en la Transición se puso en circulación la idea de que Andalucía estuvo a punto de conseguir la autonomía en el verano de 1936, pero el golpe de Estado de Franco impidió que se celebrara un referéndum de ratificación convocado para septiembre. Esta tergiversación se ha mantenido en el tiempo como verdad histórica para bastante gente, tanto que ha sido la versión oficial de la página web de la Junta de Andalucía durante mucho tiempo y recientemente he tenido que desmentirla en dos ocasiones, una en una tertulia radiofónica y otra en una clase en la Universidad. No estoy muy seguro de que mis interlocutores -que cortésmente aceptaron mi versión- se creyeran en verdad que en la República no se suspendió un referéndum andaluz por la sencilla razón de que ni siquiera se había redactado el proyecto de Estatuto que, según la Constitución de 1931, debería de ser aprobado en primer lugar por los ayuntamientos del territorio autonómico y luego, someterse a referéndum.
En esta misma legislatura que ahora termina, el deseo de que Andalucía no sea menos que nadie a punto estuvo de lograr que el Parlamento andaluz aprobara en 2004 una resolución pidiendo -como el catalán había hecho para Lluis Companys- la anulación de la sentencia de pena de muerte contra Blas Infante. En el último momento, el Parlamento admitió que el hecho de que don Blas fuera fusilado sin previo simulacro de juicio no era desdoro para Andalucía, de tal forma que aprobó una resolución congruente con los hechos históricos, que hablan de una sentencia post morten contra Infante en la que solo se le condenaba a una pena de multa de dos mil pesetas.
Creía yo que las manos de los políticos no iban a volver a posarse sobre el andalucismo histórico, cuando Javier Arenas ha puesto en circulación la teoría del “andalucismo español”, que según él tiene su base en la Constitución de Cádiz de 1812. Nada puedo decir sobre la solidez de este aparente oxímoron teórico, pero sí que me parece muy discutible el uso de la Pepa para legitimarlo. Desde luego, a Blas Infante y los suyos jamás se les ocurrió citar como precedente de su movimiento al liberalismo gaditano y, como mucho, se atrevieron a reivindicar -con poca convicción, creo yo- una “Junta Central de las Andalucías” que se constituyó efímeramente en septiembre de 1835.
Pero no es necesario saber lo que ha dicho el andalucismo ortodoxo para darse cuenta de que la benemérita Constitución de 1812 no puede ser base de ningún movimiento autonomista, ni siquiera hace falta saber algo de Historia, basta y sobra con echar un vistazo a su propio texto, recorrido en este punto de la organización territorial del poder político por una sola idea: el centralismo liberal, basado en la igualdad de los ciudadanos, era el gran instrumento de progreso y reforma para España. ¿Cómo se puede criticar el traspaso del Guadalquivir a la Junta porque no reconoce competencias legislativas a Andalucía y, al mismo tiempo, reclamarse heredero de una Constitución que instauró la unidad de Códigos y el centralismo territorial? Si Polibio levantara la cabeza, seguro que se sorprendería de la audacia de algunos de sus epígonos.

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